Este mecanismo permite a los uniformados controlar a cualquier persona sin ningún tipo de justificación, dando paso a que los prejuicios de las policías determinen quién debe ser controlado y quién no, siendo los sectores más empobrecidos las víctimas de este resquicio legal y de la violencia policial.
Francisco Flores Cobo Egresado/Gradista de Derecho U. de Chile
Lunes 8 de febrero de 2021
El asesinato de un malabarista a manos de Carabineros pone nuevamente sobre la mesa las nefastas consecuencias de las iniciativas del gobierno para “combatir la delincuencia”. Fue mediante la llamada Agenda corta Anti-delincuencia que la derecha y la ex Concertación aprobaron varias modificaciones al código penal, dentro de ellas está la incorporación del control preventivo de identidad.
Hasta antes de la modificación, el código procesal penal establecía que: para la realización de un control de identidad, eran necesarios ciertos indicios que permitieran concluir la existencia de un delito o la posibilidad de que se cometiera. Hoy tales indicios no son necesarios y la policía tiene la facultad de realizar controles a quienes ellos estimen.
Quienes promovían esta medida, justificaban su pertinencia en que era necesario tener mas herramientas para encontrar a los delincuentes con órdenes de detención pendiente, sin embargo, a 3 años de su puesta en marcha, no hay datos concretos que permitan establecer su eficacia, por el contrario, está comprobado que medidas como éstas promueven la discriminación y la estigmatización de los sectores mas pobres.
Con esto se volvió a reeditar el “control por sospecha”, creado durante la dictadura y vigente hasta 1998. Esta nueva forma de control, le dio un enorme poder a Carabineros para detener la libre circulación de cualquier individuo, dando pie a controles sin ningún sentido, ¿cuál fue la necesidad de obligar a un malabarista a identificarse? Ninguna, son solo los prejuicios de los pacos actuando, que esta vez terminaron con el malabarista asesinado.
El control preventivo de identidad abre la puerta a que se den este tipo de situaciones abusivas. La libertad de la policía para controlar sin ningún criterio más que sus prejuicios, expone a cualquier individuo a ser vulnerado sin justificación en uno de los derechos fundamentales más importantes: el derecho a la libre circulación ¿qué respuesta se puede esperar por parte de la población cuando se legaliza la vulneración de sus derechos fundamentales?
Lo más grave, es que de ninguna forma es un hecho aislado, Carabineros ha demostrado que actúa sistemáticamente violando derechos fundamentales, lo vimos durante la revuelta con cientos de mutilaciones oculares y lesionados por perdigones, lo vimos cuando lanzaron a un menor de edad en el puente Pio Nono y hoy se vuelve a repetir la historia con un malabarista en Panguipulli.
Es necesario derogar esta ley y todas las leyes represiva. Como la Ley Antibarricadas. Pero de fondo, es más necesario que nunca acabar con Carabineros y exigir su disolución. La única forma real de conseguirlo es con lucha en las calles y con la organización de los trabajadores. Es urgente que las principales organizaciones de trabajadores como la CUT y el Colegio de Profesores, junto a todas las organizaciones de izquierda y populares convoquemos a una gran protesta nacional para exigir el juicio y castigo a los responsables de este crimen, la derogación de la ley 20.931 y la disolución de Carabineros.
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