El multihomicidio de la colonia Narvarte estremeció e indignó al país. El asesinato de Rubén Espinosa y el feminicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra, expresan la podredumbre de este régimen político, bajo el que se desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la determinación de atacar a todos aquellos que lo cuestionan.
Miércoles 5 de agosto de 2015
Foto: www.sinembargo.mx
Una nueva "verdad histórica"
La maquinaria se encendió: mientras muchos políticos se rasgan las vestiduras diciendo que se encontrará a los culpables, pretenden convencer de que los móviles no son políticos. La nueva verdad histórica que tratan de validar es que no se trató de un “ataque a la libertad de expresión”.
Lo mismo que vimos cuando se llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa: una ominosa verdad histórica que nadie creyó. Como entonces, crece la desconfianza con este discurso oficial que intenta echar humo sobre lo que es moneda correinte en México: el ataque a la libertad de prensa y al activismo social.
En esta desconfianza, como se ve en las redes sociales y en la calle, se palpa el descrédito que existe con este gobierno y los partidos de esta democracia asesina.
Para muchos es evidente que quienes pretenden investigar el asesinato de Rubén, Nadia y sus compañeras, son los mismos responsables y encubridores de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Son los mismos bajo cuyos gobiernos -federal y estatales-, desde Chiapas a Chihuahua, desde Jalisco a Veracruz, en el Estado de México como en el Distrito Federal, se persigue, se reprime y se asesina a los activistas. Son parte de la misma casta política de la que forma parte Javier Duarte.
La desconfianza con el gobierno de Peña Nieto y las instituciones de justicia, federales y del DF, muestra que la crisis abierta por Ayotzinapa, la perdida de credibilidad de las instituciones y los partidos del Congreso, que empujó a cientos de miles en todo el país a salir a las calles en octubre del 2014, está lejos de haberse cerrado.
Los peligros para Peña Nieto
Si la masacre de Iguala hizo evidente para millones la colusión entre el narco y el estado, los recientes asesinatos trajeron de vuelta a la luz los asesinatos de periodistas, fotoperiodistas y comunicadores. Y, a la par, los crímenes contra los activistas y defensores de Derechos Humanos.
En el año 2011 el asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus amigos, fue la chispa que encendió un amplio movimiento que recorrió el país, y que mostró el hartazgo de cientos de miles con la política del gobierno y en particular con la militarización.
Hoy los crímenes de la Narvarte podrían despertar un nuevo movimiento democrático. Y la casta política lo sabe bien: amplios sectores populares, de trabajadores y de las clases medias y la juventud son solidarios con el periodismo independiente, duramente golpeado en los años previos. Si los asesinatos y la persecución de Rubén Espinosa y otros colegas, en el Veracruz gobernado por Javier Duarte, son de los casos más ominosos, también periodistas connotados, como es el caso de Carmen Aristegui, han sido cesados por instrucciones directas de Los Pinos.
Todo esto, sin duda, profundiza el hartazgo. Habrá que ver si esto se expresa en mayores movilizaciones, y si vuelve a despertar a quienes nutrieron varios movimientos de protesta en los últimos años, desde el #yosoy132 hasta el movimiento por Ayotzinapa.
Peña Nieto, que viene atacando con mano dura la resistencia magisterial, se enfrenta ahora a la posibilidad de que surja un nuevo movimiento que exija justicia para Rubén, Nadia y sus compañeras. El mismo Estado asesino -responsable de las masacres de Iguala, Tlatlaya, Ostula, Calera y tantas más, así como de los cientos de miles de muertos, desaparecidos, torturados y desplazados- el que ataca con balas y muerte al periodismo crítico, y el que intenta demonizar a las y los maestros que luchan en las calles contra la reforma educativa.
Capítulo aparte merece Miguel Ángel Mancera: si el PRD intentó en la década previa que el DF era -como rezaba su logo- la “ciudad de la esperanza”, esto es cosa del pasado. Mancera inauguró su mandato entre los gases lacrimógenos y la salvaje represión del 1 de diciembre del 2012, que terminó cobrando la vida del activista Kuy Kendall. Luego de ello se alineó con Peña Nieto y su Pacto por México, garantizando la represión y la persecución al activismo, numerosos presos políticos, fabricación de pruebas -como fue en el caso de Jaqueline Santana y Bryan Reyes- y espionaje comprobado. Ahora, bajo su gobierno represor y policíaco, se concretaron estos asesinatos.
Sin duda, solo una comisión investigadora independiente, impuesta, por la más amplia movilización, encabezada por los organismos de derechos humanos, los medios alternativos e independientes y las organizaciones sindicales que se reclaman democráticas, podrá descubrir los responsables intelectuales y materiales de estos hechos, así como las redes de complicidad y encubrimiento que vinculen a los distintos gobiernos federal y estatales involucrados.
Detrás del crimen, una democracia degradada
Detrás de la persecución y el asesinato de periodistas críticos, detrás del avasallamiento de un derecho elemental como la libertad de prensa, se encuentra la profunda degradación de la “democracia” mexicana. Edificada en las últimas décadas tras un discurso de “alternancia democrática”, cada vez más, bajo los gobiernos panistas y priistas -y con la complicidad del PRD- ataca las libertades de las grandes mayorías. La policía y el ejército patrullando el DF, muestran lo que es “transición a la democracia” para el PRI, el, PAN y el PRD.
La narcoguerra y la militarización con su secuela de cientos de miles de muertos y desaparecidos, los presos políticos, el feminicidio, la trata, la desaparición de luchadores sociales y de estudiantes y los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, muestran el carácter reaccionario de las instituciones de esta democracia asesina de los partidos que formaron el Pacto por México.
Esta dinámica es la expresión de las consecuencias de la subordinación y sujeción al imperialismo norteamericano y a los intereses de las grandes trasnacionales. Un país hecho cada vez más a su medida, donde los derechos y las aspiraciones de las grandes mayorías son pisoteadas.
Las marchas por Ayotzinapa, las protestas del magisterio contra la reforma educativa, la movilización de los trabajadores del IMSS, así como el grito indignado ante el asesinato de Rubén, Nadia y sus compañeras, tienen por delante retomar el camino de la movilización, la lucha y la unidad para poner un alto a este régimen asesino.
Pablo Oprinari
Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.
