A dos años de la autodenuncia de la ex jefa de prensa del UDI, Lily Zúñiga por entregar boletas falsas a título de una asesoría que nunca se realizó a la entonces diputada gremialista Claudia Nogueira, la fiscalía se encuentra a la espera de un informe de la PDI sobre estas asesorías que entre 2011 y 2016 habrían reportado cerca de 3500 millones de pesos del presupuesto del Congreso.
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Lunes 27 de agosto de 2018
El 9 de septiembre de 2016 Zúñiga reconocía ante la Fiscalía Metropolitana Oriente el haber sido parte de la entrega de boletas falsas por concepto de una asesoría no realizada, además de revelar que si bien era una práctica común del gremialismo, también lo era para el resto de partidos que en ese entonces conformaban el congreso.
Actualmente cada diputado tiene a disposición 1.7 millones de pesos, además de la dieta parlamentaria, para la contratación de estudios, informes o asesorías especializadas para la asistencia en la legislación de leyes, presentación de mociones e indicaciones. Es así como los llamados “think tanks” son contratados por las diversas bancadas para asesorías por ejemplos la UDI y la Fundación Jaime Guzmán que entre 2011 y 2016 prestaron servicios por un valor de 1.187.343.707 pesos, el Instituto Igualdad contratado por el PS, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz asesor del PC; Instituto Libertad ligado a RN o el Centro de Estudios para el Desarrollo, principal colaborador de la DC.
Entre los servicios prestados que llaman la atención del fiscal regional, Miguel Guerra, son los informes multiplicados, es decir, el mismo informe para una misma bancada, pero cobrando por separado a cada diputado/a o el pago por la recopilación de datos públicos disponibles de manera gratuita. Sin embargo, lo que develan las declaraciones de Zúñiga realizadas en 2016 es más que solo asesorías para votar tal o cual ley, muestra cómo los partidos de la Ex Nueva Mayoría y del actual Chile Vamos pueden “triangular” el dinero fiscal pasando del diputado al Think Tank y desde ahí a un tercero, que puede ser el mismo diputado, alguna empresa asociada o incluso algún partido en particular, siendo el caso más conocido el del ex senador gremialista Jaime Orpis en el caso Corpesca por el cual fue desaforado y declarado culpable por fraude al fisco y cohecho.
Es precisamente este fenómeno el que hoy tiene a los parlamentarios bajo la lupa del Ministerio Público que hoy se encuentra a la espera de un informe de la Policía de Investigaciones, buscando esclarecer el camino recorrido por los fondos fiscales destinados asesorías, si éstos quedaron efectivamente en las cuentas de los asesores o si volvieron a manos de los diputados o sus partidos. En ese sentido la fiscalía ya solicitó a 15 funcionarios de estos centros de estudios la apertura de sus cuentas bancarias, nueve lo aceptaron, sin embargo sus identidades se mantienen en el anonimato.
Es decir que, además de los viáticos, la posibilidad de autoimponerse vacaciones y los nueve millones de dieta parlamentaria, los “honorables” pueden sacar casi dos millones al congreso a través de sus asesorías, que si bien son necesarias para el trabajo legislativo ¿en qué justifica el pago por datos gratuitos o el pago múltiple por un mismo informe? En medio de una situación económica inestable por el mercado internacional y la estrechez fiscal heredada por la segunda administración de Bachelet, con cierres de fábricas y despidos que ya dejan más de 8 mil desempleados a nivel nacional, los parlamentarios ganan mensualmente más de 30 veces el sueldo mínimo, dieta financiada con nuestros impuestos.
El Frente Amplio propone reducir la dieta parlamentaria 5 millones de pesos, que en palabras de Gabriel Boric sería “un salario justo y adecuado a la realidad”, sin tocar siquiera todo el resto de beneficios extra que pueden llegar a recibir los congresistas. Pero en un país donde la mitad de las y los trabajadores ganan en promedio 350 mil pesos mensuales, esto es un insulto.
Aquellos que dicen representar al conjunto de la sociedad chilena y legislan en su nombre se convierten en una casta de políticos “profesionales”, al servicio de los empresarios y totalmente desligados de la realidad de la gran mayoría de las y los asalariados, por ello es necesario que todo parlamentario, y funcionario público, gane lo mismo que un trabajador calificado.
