Este mediodía se giró a los concejales la ordenanza por la cuál se dispone el recorte salarial a los trabajadores municipales. El Frente de Izquierda adelanta su rechazo al proyecto del intendente.
Jueves 7 de mayo de 2020 18:21
Pretende ser votada mañana viernes, sin ningún tipo de discusión previa en comisiones y, sobre todo, sin escuchar a los principales implicados, los y las empleadas municipales.
Con la excusa de la pandemia y la caída de la recaudación impositiva se busca avanzar en los derechos que los trabajadores municipales han logrado defender en todos estos años de ataque generalizado a la clase obrera. Los principales medios de Córdoba celebran que se termine con el “problema estructural” que significarían, según ellos, los sueldos de estos trabajadores. Alientan un enfrentamiento al interior de la clase trabajadora, como buscaron hacerlo, por ejemplo, con aquellos afiliados a UTA (Unión Transporte Automotor) y Luz y Fuerza.
Según los periodistas que desde hace años machacan con esta idea, serian estos sueldos los responsables de los altos impuestos y el estado calamitoso en la cual se encuentra la segunda ciudad del país. Lo cierto es que desde hace décadas se viene avanzando en la tercerización de servicios como alumbrado o espacios verdes. Se mantienen en manos privadas, con altas tasas de ganancias y millonarios subsidios, el transporte y la recolección de residuos, que son un derecho y no deberían ser parte del lucro de un puñado de empresarios, que casualmente están ligados a los principales partidos políticos de Córdoba a través de múltiples lazos.
Anticipo mi rechazo total al intento de avasallamiento del intendente @MartinLlaryora sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales. La misma lacra antiobrera que ya conocemos del PJ cordobés.En épocas de abundancia, pura demagogia; en crisis,ataque directo.
— Laura Vilches (@VilchesLaura) May 7, 2020
La ordenanza cuenta con dos partes principales. En el comienzo de la primera parte, buscan ratificar el decreto por el cuál Llaryora y su gabinete se descuentan el sueldo un 30%. Con esto pretenden dar la idea de que “el esfuerzo lo hacemos todos”. Una verdadera impostura como denunciamos en esta nota.
Luego se establecen las reducciones propiamente dichas, pasan de 35 a 30 horas, trabajando 6 horas diarias el personal del municipio. De manera redundante e innecesaria para este tipo de ordenanzas, como intentando provocar a los empleados, se deja explicito que la reducción de jornada implica reducción salarial. También se reduce de 45 a 35 horas la jornada laboral del personal de conducción. Quedan por fuera el personal de salud, educación, músicos y quienes cumplen jornadas los fines de semana y feriados.
La segunda parte, es una modificación de la emergencia votada a fines del año pasado. En ella se adhiere a la ley de inembargabilidad de los fondos públicos y se adecuan toda una serie de artículos que tienen como único objetivo blindar las cuentas municipales ante posibles acciones legales. Esto se debe a que la ordenanza que regula el trabajo del personal municipal, es usada por el Ministerio de Trabajo de la Nación como Convenio Colectivo. Por eso, cualquier condición de trabajo que se modifique, debe surgir de la discusión paritaria entre la patronal, en este caso la Municipalidad, y los trabajadores.
Ante la postura por parte del municipio sobre la imposibilidad de pagar los sueldos, el Frente de Izquierda es claro. Que la crisis no la paguen los trabajadores, si no quienes más están ganando. Por eso la concejala Vilches presentó un proyecto para que se cobre una contribución extraordinaria del impuesto inmobiliario a las grandes superficies comerciales, de la industria y los servicios que superen los 5 mil metros cuadrados (que son aquellos llamados Grandes Contribuyentes). También, en esa ordenanza se busca terminar con las eximiciones impositivas que tienen, desde hace decenas de años, sobre el mismo impuesto algunas de las empresas más importantes radicadas en la ciudad, así como los centenares de inmuebles, en donde en muchos de ellos hay explotación comercial, que posee la Iglesia Católica.
Otros lugares por donde se van millones de pesos mensualmente es con los subsidios al transporte. Se mantiene un servicio caro y malo. Lo mismo pasa con la recolección de residuos. Ambos servicios deberían ser estatales y controlados por sus trabajadores y comités de usuarios.
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Durante esta pandemia, el propio intendente Llaryora, admitió a La Voz del Interior que pago 800 millones de pesos en vencimientos de Letras a acreedores internacionales, y otros 6 millones de dólares por intereses del crédito que sacó Mestre y que nadie sabe, a ciencia cierta, para qué se utilizó en su mayoría. Más allá del túnel de Plaza España mal terminado y las luces LED más caras del mercado. Esa deuda, antes de ser pagada debería ser investigada.
El PTS y el Frente de Izquierda rechazará este proyecto de ordenanza en el Concejo y llama al conjunto de los trabajadores a acompañar a los municipales en esta pelea por la defensa de los derechos conquistados.
