Distintos colegios, liceos y escuelas de la región de Arica y Parinacota tuvieron asambleas la semana pasada para discutir la adhesión a la paralización convocada por la CONFEMUCH y AFEMA donde la principal demanda es por el reconocimiento como funcionarios públicos y por el derecho a la asignación de zona.
Domingo 20 de octubre
Es importante señalar que, a nivel legal, en el artículo 18 de la ley N° 18.575, donde se estipula quiénes se eximen de ser funcionarios públicos, no aparecen los asistentes de la educación. Por lo tanto, en ese sentido, no hay argumentos que respalden la decisión de dejarlos fuera.
Los asistentes de la educación cuentan con un estatuto aparte, conocido como el "estatuto de asistentes", es decir, no se rigen por el Código del Trabajo. De hecho, en ese mismo estatuto, que tiene al menos cinco años, se menciona que se realizaría un estudio de “pertinencia y viabilidad” para evaluar la incorporación de los asistentes como funcionarios públicos, pero esto aún no se discute y está estancado.
Esta situación es la principal traba para no recibir el bono por zona, que está directamente relacionado con la mejora de los sueldos. Actualmente, un asistente de aula recibe aproximadamente $600.000, es decir, un poco más del sueldo mínimo en Chile. Según recientes estudios de la Fundación SOL, el sueldo mínimo líquido no permite superar la línea de pobreza en un hogar de tres personas.
Mientras tanto, en los últimos tiempos, ha habido alzas en los servicios básicos, como la luz, lo que genera un aumento en el costo de la vida y dificulta llegar a fin de mes. A esto se suman los diversos aumentos en los precios de bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana de millones de familias.
Al mismo tiempo, esto refleja la enorme crisis de la educación pública que estamos atravesando. Mientras existe el escándalo de Marcela Cubillos ganando millones a costa de la educación y representando la privatización de la misma, hay trabajadores que aún esperan mejores condiciones de vida y, por lo tanto, se movilizan para hacer este justo reclamo.
Esta paralización también impacta el funcionamiento de las escuelas, ya que sin asistentes de la educación, estas operan a media capacidad. Es necesario fortalecer el paro nacional y no detenerse ahí; al contrario, es urgente seguir desarrollando asambleas unificadas de asistentes, profesores y estudiantes, así como espacios de discusión para pensar en conjunto medidas urgentes. Las asociaciones deben cumplir un rol activo en organizar estas instancias y darles continuidad, definiendo los pasos a seguir después del paro.
Cabe preguntarse cuál es el rol del gobierno en este escenario. Desde que comenzó el año, ha habido reclamos por la deficiencia en infraestructura y condiciones en los establecimientos educacionales, además de la falta de personal ante el aumento de matrículas que los profesionales no pueden atender, y la falta de recursos en todos los ámbitos.
Esto indica que, bajo el mandato de Boric, hay aspectos que no solo no han cambiado, sino que se han profundizado. La aplicación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) tampoco ha sido una solución real a los problemas que enfrentamos. Para generar un cambio estructural, es necesario discutir qué tipo de educación se necesita. Debemos luchar por un sistema nacional gratuito, financiado totalmente por el Estado mediante aportes basales directos, que cubra todas las necesidades educativas y sea administrado por sus comunidades.
