El abogado de la toma La Esperanza denunció que la Asociación Patriótica Tiro Federal se adjudica tierras mediante donación de la dictadura. Cuestionó al Gobierno municipal y el desalojo dictado por la Justicia.
Lunes 12 de octubre de 2020 23:11
Hace más de cuatro meses que 52 familias del barrio La Esperanza vienen ocupando, en Gral. Roca/Fiske Menuko, los terrenos que se adjudica la Asociación Patriótica Tiro Federal. Actualmente las familias fueron denunciadas por la Asociación bajo el delito de usurpación y se encuentran amenazados de desalojo por parte de la Justicia rionegrina. Sin embargo, los ocupantes del terreno junto a su abogado defensor ponen en duda la legalidad del título de propiedad con la que la Asociación Patriótica les denuncia. Se trata de una donación realizada en 1976 por el Mayor Marcelo Fernando Zarraga, interventor de Gral. Roca condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar de nuestro país.
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La izquierda Diario se comunicó con Miguel Zeballos, abogado defensor de las familias del barrio La Esperanza para conocer más sobre el tema.
Como abogado venís denunciando la ilegitimidad con la que se busca judicializar a las familias del barrio La Esperanza. ¿En qué se basan para imputarles por usurpación y por qué planteás que la Asociación no tiene derecho sobre los terrenos del polígono?
“Todo empieza así: el día 12 de junio las familias toman la decisión de ocupar los terrenos abandonados del polígono de tiro de esta ciudad, sin saber quién era su propietario. La Asociación Patriótica realiza la denuncia por usurpación y empieza a intervenir el Ministerio Público Fiscal. Luego de algunos intercambios de mensajes con el Ministerio Público Fiscal se llega a un primer espacio de diálogo. Allí participan representantes de la Fiscalía, autoridades de la Municipalidad y representantes de las 52 familias ocupantes del predio en cuestión. Tanto la Fiscalía como el Municipio esgrimían que esas tierras tienen propietario y es la Asociación Patriótica de Tiro Federal. Y en su poder dicen tener la escritura que da cuenta de ello. Por el momento nosotros no contábamos con esa escritura, solo teníamos en nuestro poder una ordenanza n° 4768-15 que prevé que esas tierras fueron donadas por la Provincia a la Municipalidad en el año 2015, y también un plano con el cual se llevó a cabo el Asentamiento “Argentino A” que da cuenta de la distribución de las parcelas. Cuando nos enteramos de la existencia de ese título de propiedad nos preocupamos mucho. La lucha iba a ser mucho más difícil. Cuando me llegó la escritura justo estábamos en una asamblea en el barrio, paré un segundo y leí las primeras líneas que dicen que el terreno fue cedido en 1976 por el Mayor Marcelo Fernando Zárraga, interventor de la ciudad durante el período del 25 de Marzo de 1976 hasta el 24 de Junio de 1976 y resaltamos que las tierras fueron donadas el 22 de Junio de 1976. Marcelo Fernando Zárraga tuvo una participación muy importante en el último golpe de Estado en nuestro país. Al enterarnos de la procedencia de la donación el verdadero usurpador era quien había donado esas parcelas de tierra. Ya que Marcelo Fernando Zárraga participó y representó a un gobierno de facto, no elegido por el voto popular, y realizó las donaciones sin haberse usado los mecanismos constitucionales de un Estado de derecho. Además esas tierras eran parte del erario público y debían ser cedidas por los mecanismos constitucionales establecidos. Cabe resaltar que el Mayor Fernando Zárraga fue condenado por delitos de lesa humanidad en los Juicios de la Escuelita VI, por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. ¿Qué verosimilitud del derecho puede tener ese título de propiedad si se basa en una donación de la dictadura? La donación es nula por donde se la mire, eso es lo que planteamos en la audiencia de formulación de cargos”.
“Otra cuestión a analizar y tener muy en cuenta es que el polígono de tiro está a metros de un casco urbano y pone en riesgo a los habitantes de los terrenos lindantes. Cabe mencionar al respecto que los vecinos y vecinas han presentado varios reclamos ante las autoridades competentes dando cuenta que cuando se llevaban a cabo las prácticas de tiro los proyectiles rebotaban y salían del perímetro de contención. Exponiendo a un alto peligro a los vecinos y vecinas como así también a los niños y niñas que juegan en la calle de los barrios lindantes. Es por ello que el polígono de tiro no puede seguir ahí. Por eso solicitamos también al Municipio que se reubique el polígono de tiro”.
¿Cuál fue la respuesta de la Intendenta María Emilia Soria y qué viene resolviendo la justicia?
“Desde el Municipio nos ofrecieron 5 terrenos para 52 familias. Es un chiste. Es totalmente insuficiente y desde el barrio se rechazó porque no van a elegir entre ellos quién debe acceder a un terreno y quién no. Y la problemática habitacional los y las afecta a todos y todas. Al respecto de la justicia, el Juez Gustavo Quelin resolvió sobre la medida cautelar el desalojo el día 23 de septiembre del corriente año, luego de una seguidilla de audiencias de formulación de cargo. Decretando que en plazo de 30 días las familias podían abandonar de forma voluntaria el predio. De lo contrario sería compulsivo. Nosotros planteamos en todas las audiencias varias cuestiones en relación a la formulación de cargo y la media cautelar, ya que vulnera todos los derechos fundamentales de las 52 familias. Y esta medida se resolvió sin tener en claro si hay delito. La única respuesta que encontramos a esta problemática social es la represión y la demonización de los sectores populares. Y ello se puede observar incluso en los informes policiales donde afirman que el barrio sirve de “aguantadero” sin ninguna prueba. Estigmatizando y tildando de delincuentes a los ocupantes del predio. En dicha problemática no tan solo está en juego el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra sino que también estamos ante una batalla cultural. Hay que dejarlo claro, las familias del barrio La Esperanza no cometieron ningún delito, ya que no se configura el delito de usurpación como la fiscalía lo ha acusado. Los vecinos y vecinas no rompieron ningún alambrado, no entraron por la fuerza, no engañaron a nadie, no abusaron de la confianza de nadie, ni tampoco entraron de manera clandestina porque se instalaron a la luz de todo el mundo sin efectuarse actos ocultos. Además tampoco violan el derecho de propiedad de nadie porque el título de la Asociación Patriótica no tiene nada de verosimilitud del derecho, ni legitimidad”.
“Pero sabemos que lo jurídico no es lo que resuelve. Lo jurídico no resuelve la problemática habitacional. Y querer dar respuesta con este poder sería iatrogénico. Hay que tener en claro que el sistema penal es selectivo, corrupto, violento, clasista e inepto para resolver esta problemática habitacional. El problema se resuelve políticamente, pero como vemos, los políticos de la ciudad muchas veces no dan respuesta, porque también están, son parte del negocio inmobiliario y amigos de los grandes terratenientes. Además, si se regularizan esas tierras, las autoridades estatales deberán brindar la infraestructura para urbanizar y garantizar el acceso a los distintos derechos fundamentales. Como ser el agua, la luz, el gas, las cloacas, y para ellos, eso es un costo. Esto demuestra que a los ricos se los protege y a los pobres se les manda a la policía, se los estigmatiza y criminaliza. Todo ello como modo de amenaza. Ya hace 15 años que los Soria están en el Municipio y la crisis habitacional de la ciudad demuestra cuál es su política en materia de vivienda. La ciudad se viene construyendo con tomas, históricamente no hubo planificación urbanística, y desde que se llevó a cabo el plan director de Gral. Roca en el año 2006, la brecha entre los pobres y ricos se agudizó aún más. Recorriendo la zona sur de nuestra ciudad vemos la inversión en los countries y recorriendo la zona norte vemos la poca inversión en los barrios populares que hasta aún hoy no acceden al agua, las cloacas, la luz, el gas, viviendo en total precariedad. Es por ello que los sectores populares deben tomar estos tipos de medida a pesar de que los persigan, los criminalicen o estigmaticen”.
¿Cuál te parece que podría ser una posible solución a todo esto y qué van a hacer frente al desalojo?
“Una de las soluciones que nosotros presentamos fue un proyecto de expropiación de las tierras. Nos reunimos con uno de los concejales del bloque del Frente de Todos para presentar el proyecto. Pero la iniciativa popular fue rechazada. Ya que desde la Intendencia se le bajó línea para no tratar la iniciativa popular. Solo dando como respuesta el Banco de Tierras que no logra resolver el déficit habitacional. A los vecinos y vecinas solo les queda esperar y esperar para acceder a un terreno. También el proyecto de expropiación lo entregamos a Provincia pero tampoco lo aceptaron. La gobernadora ya dejó claro cuál es su posición respecto a la cuestión habitacional y las ocupaciones de tierra”.
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“Frente a todo esto, y con la amenaza de desalojo, las familias de La Esperanza ya decidieron que van a resistir cualquier amedrentamiento. Porque ahí está su hogar. Son 52 familias que están reclamando algo tan elemental como el derecho a acceder a la tierra y la vivienda digna. Es un reclamo justo y legítimo pero nuestros representantes en vez de buscar una respuesta saludable a la cuestión, solo te mandan a la policía, te reprimen, te criminalizan y te estigmatizan”.
Ante la amenaza de desalojo a las familias del barrio La Esperanza, el PTS en el Frente de Izquierda Unidad convoca a una multisectorial en la toma el día martes 13 a las 17hs, en función de coordinar acciones comunes y llenar de solidaridad a las familias.
Ulices Candia
Estudiante de Sociología - Consejero Superior de la UNCo
