Tras un fallo judicial que marginó a la comunidad Tekoa Takuapi de Ruiz de Montoya de una sentencia favorable a un reclamo ancestral, la Policía pretende quedarse con las tierras en las que vive ese pueblo originario.
Lunes 19 de octubre de 2020 12:13
Foto Indymedia
La Comunidad Takuapí habita en Ruíz de Montoya, provincia de Misiones. Son descendientes de las comunidades Mbyá Guaraní que habitaban en los montes que existían en los departamentos de Libertador General San Martín, Cainguás, Guaraní y Montecarlo.
En 1970 la comunidad contaba con 81,9 % de bosques nativos, pero cuatro años más tarde esa superficie se redujo a la mitad. Ese mismo año fueron desalojados de sus tierras a raíz de la compra de 70.000 hectáreas por parte de la empresa Celulosa Argentina, que años en 1992 donó esas tierras (que habían sido habitadas por las comunidades por más de cien años) a la Universidad Nacional de La Plata. La UNLP utilizaba la reserva para actividades académicas y de investigación. Las facultades de Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias han realizado allí distintos trabajos sobre biodiversidad y antropología.
En el año 2001, cuando miembros de las comunidades Mbya Guaraní se acercaron al Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) para solicitarles su acompañamiento en el reclamo de iniciar una demanda para recuperar un territorio que sabían propio, comenzó la disputa por el reconocimiento de dominio del territorio. Tras años de lucha, en 2007 comenzó el juicio.
El 25 de septiembre de este año, finalmente, se reconoció la territorialidad indígena de 6.034 hectáreas, beneficiando a distintas comunidades como Comunidad Yvy Pita, Comunidad de Ka´Aguy Poty y la Comunidad Kapi´I Poty, quedando afuera la Comunidad Takuapí. Tres días después del fallo, el 28 de septiembre, miembros de ésta última comunidad fueron amedrentados por una persona a la que identifican como Elena Torres, quien asistió acompañada de un oficial de la Comisaria de Ruiz de Montoya, de apellido Resch, y sin autorización judicial ingresaron a la comunidad exigiendo el desalojo de un predio que sus miembros ocupan tradicionalmente.
El oficial en cuestión habría exigido los nombres y datos personales al representante legal de la comunidad, Desiderio Acosta, y el de otras personas. “A partir de mañana ordená a tu gente que salgan de este terreno, porque si no lo hacen vamos a venir con más personal”, fueron las palabras con las que los habría intimidado el oficial.
A raíz de esta situación Desiderio Acosta se presentó en la comisaría local para hacer la denuncia, pero se encontró con que quien debía tomársela era el mismo Resch, que intimidación mediantes se negó a hacerlo. “Esto llevó a que el sábado 3 de octubre vuelva el representante legal de la comunidad a la Policía para hacer una ampliación de la denuncia, acompañado por miembros del Aty Ñeychyrõ y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen”, indicaron desde la organización.
El mismo día, violentamente, Elena Torres ordenó a un empleado destruir con un tractor con arado los sembradíos que la comunidad tenía en ese lote, haciendo peligrar su seguridad alimentaria para el año 2021. “Todo lo que hemos sembrado en este tiempo nuevo se perdió, pero volveremos a poner nuevas semillas que volverán a brotar trayéndonos la alegría. El espíritu de los niños volverá a tener coraje. Sentimos dolor por lo que nos hicieron, a mí me duele mucho”, expresó Acosta a su gente frente a los sembradíos destruidos.
Una vez más, quedan expuestas las inseguridades y los conflictos por la propiedad de la tierra que enfrentan las comunidades indígenas de la provincia de Misiones, desde conflictos por intrusión hasta explotación de bosques nativos en áreas que los indígenas rechazan.
