La Junta de Andalucía da la orden que permite los conciertos privados de atención primaria con dinero estatal. Una nueva forma de ganancias seguras para la patronal de la sanidad privada a coste de un ataque a los servicios públicos por parte de la derecha neoliberal, con la complicidad del gobierno progresista.
Jueves 2 de marzo de 2023
Este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la Orden que da paso al uso de la Atención Primaria por parte de empresas privadas. Según viene en el boletín, “La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación”. La Junta pagaría con dinero público a empresas de la sanidad privada incluso para la atención primaria, con una serie de precios fijados en la ley. Una patronal de la sanidad privada que se lucra más cuanto peor está el acceso a la sanidad publica recibiría pacientes derivados por el propio servicio de salud andaluz público, avanzando en un nuevo precedente de destrucción de la sanidad publica.
La medida, que el próximo viernes entrará en vigor, pone a disposición de empresas privadas una serie de tarifas para disponer de instalaciones y servicios públicos, entre estos la atención primaria. Esto abre la puerta a la externalización de las consultas de atención primaria, que según lo estipulado pasarían a tener un coste de 65€. De hecho, en un anexo se hace público el precio que establece para más de 50 tipos de servicios médicos, desde una colonoscopia, que ahora pasaría a costar 153,70€, a la amputación de un dedo del pie, que ahora tendría un precio de 1,170,96€, y estas tarifas están suscritas por el Servicio Andaluz de Salud. Los procedimientos de radioterapia y protonterapia tienen importes máximos hasta los 42.000 euros.
Ahora las empresas privadas y el gobierno andaluz pasan ahora a tener un marco legal que permite llevar a cabo la privatización de la atención primaria, la normativa dice que, en cuanto al régimen jurídico de dichos conciertos y convenios, se regirán por sus propias normas con carácter preferente. Es una medida histórica en Andalucía, hasta ahora no había una regulación ni la apertura al uso por parte de entidades privadas de instalaciones de sanidad públicas.
Permitirá a los médicos de la sanidad privada realizar pruebas y operaciones en hospitales públicos, y añade por primera vez al médico de familia en el catálogo de servicios privados. Según los propios datos de la Junta en el último año aumentaron en un 55% las operaciones derivadas a la privada y en general un 25% más de pacientes derivados. En los Presupuestos Autonómicos de 2023 se prevé que 524 millones de euros del gasto anual del Servicio Andaluz de Salud vaya destinado en prestaciones a la sanidad privada.
Este nuevo ataque es casi el último clavo en el ataúd de la sanidad pública andaluza, que está colapsada, falta de personal, con centros de atención primaria cerrados en barrios obreros y pueblos, y con sus trabajadoras precarizadas y en pie de lucha.
El inicio de la privatización de la sanidad pública en el Estado español podemos situarlo hace bastante tiempo. Un hecho fundacional de este proceso fue la aprobación de la ley 15/97 es la que abrió las puertas a que pudiese haber otras formas de gestión dentro de la sanidad pública. Un pacto firmado y sostenido desde entonces por PP y PSOE que no ha sido cuestionado por ningún Gobierno ni partido del Régimen político español y que fue asumido en el último Gobierno de coalición PSOE-UP. En todos estos años la privatización se ha extendido a todo el sistema nacional de salud, aunque con mayor o menor ritmo e intensidad según el momento y las distintas Comunidades Autónomas.
La derecha andaluza, liderada por el PP de Juanma Moreno pretende con esta medida privatizar la sanidad pública y es claramente quien lidera este ataque, pero la respuesta está siendo más que insuficiente. El papel de la izquierda reformista andaluza en toda esta situación puede describirse como lamentable, limitándose a intervenciones tímidas en el parlamento autonómico.
Por supuesto, el gobierno central también es cómplice de esta situación, el que la sanidad pública se encuentre en este estado en varias comunidades del país tiene como responsable a la coalición PSOE-UP, que aprobaron unos presupuestos generales con una subida presupuestaria para sanidad y educación que era devorada por la inflación mientras que aumentaban el dinero destinado a armamento un 26% respecto al año pasado, en plena guerra de Ucrania y escalada militarista en Europa.
Está claro que ni la izquierda parlamentaria ni las burocracias sindicales de CCOO y UGT van a dar ninguna solución a la crisis que se está viviendo en la sanidad pública de todo el estado. Esta solo puede venir de las sanitarias en lucha, y tanto mas si cuenta con la fuerza del resto de la clase trabajadora. Solo con la unión entre los distintos sectores en lucha tendremos la fuerza necesaria para torcerle el brazo a las administraciones de la derecha, para obligar a las burocracias sindicales ir a la huelga general y para hacer que esta crisis la paguen los capitalistas.
Para terminar con el negocio de la salud en manos de los capitalistas, es necesario plantear una perspectiva que supere el modelo de gestión y cogestión público-privada que se ha sostenido durante décadas por todos los gobiernos, ya fueran de derecha o “progresistas”. Contra el negocio de concertadas y consorcios, hay que imponer la derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la expropiación sin pago de todas las empresas de salud privadas -incluidas las grandes farmacéuticas- y la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.
