Se cumplen diez años de la represión en el poblado de San Salvador Atenco. Los autores materiales e intelectuales de las golpizas, violaciones y torturas físicas y sexuales perpetradas contra más de 200 personas siguen gozando de la impunidad para los responsables y falta de justicia para los agraviados. Ése es el trato que el cada vez más degradado sistema de justicia mexicano se ha especializado en brindar.
Martes 3 de mayo de 2016
La represión de 2006 se desató a raíz del apoyo que los integrantes del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra, brindo a un grupo de floricultores a los que se les quería desalojar del mercado Belisario Domínguez en Texcoco para la construcción de un Wal Mart. Este Frente ya en 2001 habían logrado echar atrás el decreto expropiatorio que les arrebataba sus terrenos ejidales.
El operativo represivo dejó como saldo más de 200 personas detenidas sin órdenes de aprehensión. Sufrimos los agravios más degradantes que tiene reservado el régimen para los que se atreven a levantar la voz. Todos fuimos golpeados atrozmente y trasladados a penales de máxima seguridad. Estuvimos incomunicados por más de 24 horas. Más de cuarenta mujeres fueron agredidas sexualmente y existe una larga lista de violaciones a los derechos humanos.
Desde el año 2012 y producto de la presión internacional, el tribunal con sede en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, volvió a reabrir el expediente. Esto debido a la demanda que interpusieron once mujeres en contra del Estado mexicano por los delitos de tortura sexual y violaciones, que los tribunales de justicia del Estado de México, así como a nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR), ya habían archivado, llegó a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este nuevo proceso se quiere hacer responsables del delito de encubrimiento de la tortura a alrededor de cincuenta funcionarios públicos, que van desde médicos legistas hasta ministerios públicos y policías. De esta forma buscan dar sustento a la versión oficial, difundida por el entonces gobernador del Edomex y principal responsable de estos hechos: Enrique Peña Nieto, de que fueron “excesos” cometidos por “algunos elementos”.
Existen cientos de fotografías, videos -hay un específico donde el propio Enrique Peña Nieto asume la responsabilidad de los hechos-, reportajes periodísticos que dan cuenta que los operativos del 3 y 4 de mayo en Atenco fueron planeados y orquestados desde las más altas esferas gubernamentales.
El gobierno mexicano intenta crear una nueva farsa para lavarse la cara nivel internacional y no seguir sumando cuestionamientos por parte de la opinión pública debido a la impunidad ante delitos de lesa humanidad.
A raíz de este proceso abierto, a la mayoría de las más de 200 personas detenidas en mayo de 2006 se nos está citando para ampliar declaración y careos con los funcionarios detenidos.
Estos citatorios se implementan con el amedrentamiento del que se ha valido durante mucho tiempo el gobierno mexicano: se han presentado patrullas de policías judiciales a altas horas de la noche a las casas de los citados que con agresiones verbales y amenazas nos “invitan” a asistir a procesos viciados y revictimizantes que no pretender esclarecer los hechos ni castigar a los verdaderos responsables.
El caso Atenco sigue siendo uno de los más emblemáticos en la larga lista de los casos de violaciones a los derechos fundamentales en el país.
En mayo de 2006, más de cuarenta mujeres fueron agredidas sexualmente por parte de policías federales, estatales y municipales durante los operativos que estaban pensados, no sólo para terminar con la resistencia de los pobladores de Atenco, sino también para disuadir la protesta social y principalmente aleccionar a las mujeres que se atreven a salir a las calles a organizarse y pelear por sus derechos.
Este tipo de actos han sido constantes, como lo demuestra la represión sufrida por las maestras de Guerrero en febrero de 2015, quienes fueron violadas durante el desalojo de una manifestación por parte de elementos de la policía federal. Esto refleja que la tortura sexual es una práctica recurrente del Estado mexicano contra las mujeres que se atreven a salir a las calles a manifestarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos un reconocimiento a las mujeres de Atenco que valientemente han persistido en la demanda interpuesta y siguen luchando por lograr que se esclarezcan los hechos y se castigue a los verdaderos culpables de estos crímenes de lesa humanidad. Actualmente están a la espera de que la CIDH reconozca que hay indicios de responsabilidades de estos delitos, para turnar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que a su vez tendría que emitir una condena al Estado mexicano por violaciones a los derechos fundamentales.
Asimismo hacemos un llamado al conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos, a los sindicatos democráticos y al conjunto de la izquierda mexicana a rodear de solidaridad tanto la lucha por la justicia, como la lucha que siguen manteniendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra los actuales intentos del gobierno federal de llevar a cabo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en sus terrenos ejidales.
Exigimos juicio y castigo a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos aberrantes hechos. ¡Alto a la impunidad contra los delitos de lesa humanidad!
