Ajuste. Audiencia por aumento de tarifas y pobreza energética: ¿por qué no se cuestiona a las privatizadas?

Desde hace cuatro años que los salarios no paran de perder frente a una inflación que supera el 50 %. Solo en el mes de enero los precios de los alimentos tomados en conjunto crecieron casi un 5 %. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes para la inmensa mayoría de la población y los gastos de los hogares son devorados por cosas indispensables como comer, tener un techo y acceder a servicios básicos como luz, gas y agua. Servicios que, gracias al menemismo en los 90, las privatizadas convirtieron en un negocio millonario y ningún gobierno revirtió.

Este jueves, en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para discutir el cuadro tarifario de energía eléctrica, las empresas concesionarias de esos servicios, como Edenor y Edesur, expondrán sus razones sobre por qué saquear aún más los bolsillos de las familias trabajadoras. En tanto, el Gobierno explicará su Régimen de Transición Tarifaria. Si bien la propuesta que hizo circular el oficialismo es de un incremento segmentado y los porcentajes irían entre un 17 y 20 %, cada vez se escuchan más voces que afirman que eso no alcanzará para satisfacer la voracidad del FMI, que pidió explícitamente reducir subsidios.

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Lo que se discutirá en esa audiencia será cómo seguir deteriorando los ingresos de las familias trabajadoras, degradando así aún más la calidad de vida millones y con qué ritmos. El tema tarifas, en el marco del principio de acuerdo del Gobierno con el FMI, fue uno de los disparadores de la crisis desatada dentro del Frente de Todos. A pesar de eso, los "disidentes" siguen formando parte del Gobierno y no hay plan alternativo al ajuste que viene de la mano del FMI.

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Pobreza energética: el índice del que nadie habla

Según estimaciones del propio Gobierno nacional (Fuente: Consejo de Coordinación de Políticas Sociales), 10 millones de personas sufren lo que se llama “pobreza energética” porque tienen que destinar más del 10 % de sus ingresos al pago de facturas de servicios o directamente no pueden acceder a ellos.

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Esos 10 millones de personas tienen rostro, nombre y apellido. Como David que solo tiene luz cuando tiene el dinero suficiente como para recargar el medidor prepago. O como Estela, que es jubilada y le contó a La Izquierda Diario que "Edenor me sacó el medidor y me puso un tragamonedas, ahora cada viernes tengo que pagar $ 500 y a mí a veces no me va a alcanzar".

¿Qué no se discutirá en esta audiencia?

"Lo que falta es una visión integral de la problemática energética y discutir seriamente la dinámica del crecimiento de los subsidios en los últimos años, desde YPF hasta el resto de las empresas están embolsando alrededor de 1.500 millones de dólares, algo que aparece invisibilizado cuando se discute este tema", sostiene Gustavo Lahoud, especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales, en exclusiva para este medio.

En el 2021, los subsidios entregados por el Estado a las empresas energéticas llegaron casi a U$S 11.000 millones (un 2,4 % del PBI). Dinero que además no va destinado a mejorar la calidad del servicio. Quienes padecieron los cortes de suministros de luz en la última ola de calor de fin del año pasado y comienzos de este pueden dar fe. "Hay un deterioro permanente en el servicio y una ausencia de calidad", agrega Lahoud. Y eso tampoco se discutirá en la audiencia, a pesar de que el propio ENRE "ha corroborado la comisión de distintos tipos de abusos en las facturaciones e irregularidades en la prestación del servicio.

Al dinero recibido por subsidios, hay que agregar las fabulosas ganancias obtenidas por las empresas que pegaron un salto con el tarifazo de Macri, que llegó a superar el 2.000 % de aumento.. En 2019 Edenor ganó $ 12 134 millones y Edesur $ 12 681 millones.

Hay otra salida

"La provisión del servicio eléctrico entraña en sí mismo un derecho humano fundamental cuya accesibilidad tiene que ser garantizada. Y esto choca permanentemente con la expectativa de rentabilización que en un esquema segmentado las empresas tratan de buscar permanentemente", explica Lahoud.

No hay manera de revertir esta cuestión, sino es poniendo en el centro de la discusión el esquema de la privatización y sin afectar las ganancias de los sectores empresarios. El aumento de tarifas no hará otra cosa que profundizar la pobreza energética, haciendo que más de 10 millones de personas caigan en ella, y permitirá que los empresarios se sigan enriqueciendo, a costa de empeorar la calidad de vida de los y las de abajo.

Por eso, desde el Frente de Izquierda, sostenemos la necesidad de la nacionalización de los servicios públicos bajo el control de los trabajadores y especialistas interesados en desarrollar verdaderamente planes en función de satisfacer los intereses de las necesidades populares.

Hay una salida al ajuste que propone el FMI y el Gobierno del Frente de Todos acepta. Organizar la resistencia y la bronca popular para luchar contra ese plan.