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Red Internacional
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Audiencia Pública. Audiencia pública: una historia de saqueo que se quiere profundizar

Mañana viernes se realiza la audiencia pública sobre la tarifa del gas. El argumento del macrismo radica, como siempre, en la “pesada herencia”. Entre el discurso y el relato, la realidad.

Mónica Arancibia

Mónica Arancibia @monidi12

Jueves 15 de septiembre de 2016

La ley 24.076 constituyó el Marco Regulatorio del gas natural. Fue sancionada el 20 de mayo de 1992. Es una ley nacida directamente de las privatizaciones. Es decir, se estructura sobre ese mismo carácter del servicio. Esa lógica profunda de la normativa y las privatizaciones fueron sostenidas por el kirchnerismo, a pesar de su relato sobre el papel del Estado

En enero de 2002, luego de la crisis del 2001, y a partir de la Ley de Emergencia se pesificaron las tarifas de transporte, distribución, y del gas en boca de pozo.

Primero Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner decidieron no ajustar las tarifas, por temor a que se desate una fuerte inflación posterior a la devaluación de 2002. Eso ocurrió a pesar de lo pactado en los convenios de privatización y como resultado del temor a un nuevo salto en la movilización popular, luego de las jornadas de diciembre de 2001 que habían derribado a De la Rúa.

La Ley N° 24.076, dividió al sector en tres segmentos: producción, transporte y distribución. Las empresas concesionarias de estos segmentos fueron sostenidas por el kirchnerismo y esto tuvo sus consecuencias.

Bajo un esquema de altas ganancias para las empresas, baja inversión y subsidios crecientes, los gobiernos kirchneristas sostuvieron el funcionamiento de la industria del gas.

Así, las empresas petroleras y gasíferas incrementaron la extracción reduciendo la inversión en exploración y el mantenimiento de pozos durante la década pasada. En pocos años el saldo fue la baja de producción y de la exportación.

Esto no pareció ser suficiente para penalizar a las empresas. En lugar de sanciones, el kirchnerismo siguió dando beneficios. Por ejemplo, les otorgó programas como “Petróleo Plus”, “Refinación Plus” y “Gas Plus” para incentivar la exploración, la explotación y aumentar la producción de combustibles.

En ese ciclo, el Estado desembolsó por año entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para beneficiar a la exportación. Pero, a pesar de eso, la producción siguió en caída, con el consiguiente aumento de la importación de combustible. Los empresarios no perdieron porque seguían recibiendo, año tras año, abultados subsidios.

Las empresas energéticas, según cálculos realizados en base a datos publicados por el diario La Nación desde 2007 a 2015 recibieron 1,3 billones de pesos en concepto de subsidios.

Consecuencia de un modelo de saqueo

La necesidad de importar gas agravó la situación del comercio exterior. En 2015 el país importó energía por un valor aproximado de 6.000 millones de dólares y el déficit comercial se calculó en 3.000 millones de dólares.
La importación de energía representó entonces el 15 % de las importaciones totales nacionales, según la consultora KPMG.

En lo que fue presentado como parte de una “solución” al persistente deterioro del esquema petrolero y gasífero, otro hecho para recordar es el ingreso de la familia Eskenazi a Repsol, cuestión promovida por el kirchnerismo. La ilusión de “argentinizar” la empresa terminó sin inversiones y la compra fue hecha con las ganancias de la propia Repsol. Un negocio redondo para los capitalistas “nacionales”.

Cuando se hizo evidente la crisis de ese esquema, el kirchnerismo giró hacia la nacionalización parcial de YPF, con la compra del 51 % de sus acciones, pagando a Repsol nada menos que U$$ 5.000 millones en concepto de indemnización, cifra que luego crecería por intereses y otros montos.

Se trató de un verdadero premio al saqueo, dado que los empresarios de capital español fueron responsables de la caída de reservas a futuro y del hundimiento de la producción.

Finalmente, luego del discurso de soberanía que siguió a pseudo-nacionalización de YPF, el Gobierno pasó a negociar con Chevron una reprivatización que contiene, de manera escandalosa, un acuerdo con cláusulas secretas. Ese acuerdo, además, fue aprobado con represión por la legislatura de Neuquén.

Cambiemos y un discurso cada vez más gastado

Cuando asistió al Congreso a “explicar” las tarifas, el ministro Aranguren buscó únicamente justificar los tarifazos en base a la pesada herencia. Allí hasta recurrió a una famosa frase de Perón: “La única verdad es la realidad”.

El macrismo busca escudarse en esta herencia para justificar su política de shock en las tarifas. La realidad es que el Gobierno kirchnerista dejó un servicio deficiente y con altos subsidios, sirviéndole en bandeja a Cambiemos su excusa de tarifazo al gas.

Sin embargo, Cambiemos tuvo que retroceder ante el descontento social que generaron sus propias medidas. Medidas que, lejos de garantizar el mejoramiento del servicio, provocaron un golpe recesivo que despertó un enorme descontento social. Ese descontento encontró expresión en los Ruidazos y también, de manera indirecta, en el fallo de la Corte obligó al Gobierno a llamar a las audiencias públicas.

Si el esquema defendido por el kirchnerismo llevó al hundimiento de las reservas y al saqueo de los recursos, lo que propone el macrismo está lejos de ser una medida favorable a la población trabajadora. La exigencia levantada por la izquierda de una nacionalización integral del conjunto del sistema energético intenta dar respuesta contra las limitadas opciones de sectores que responden a los intereses empresariales.


Mónica Arancibia

Nacida en Bs. As. en 1984. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.

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