La primeras regiones declaradas como ZEE fueron: Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec y el Corredor Coatzacoalcos en Tabasco y Campeche.
Jueves 28 de diciembre de 2017
A mediados de este mes Enrique Peña Nieto declaró como Zonas Económicas Especiales (ZEE) a Salina Cruz en Oaxaca y Progreso en Yucatán. Con esto el gobierno anuncia la creación de 20 mil empleos, pero los habitantes de estas onas, en su mayoría indígenas, saben que la declaratoria de sus territorios como ZEE implica la legitimación del despojo de sus tierras.
La ley de Zonas Económicas Especiales aprobada en diciembre del 2015 por la cámara de diputados, en abril del 2016 por la de senadores y puesta en vigor a penas unos meses después tiene la intención, según el gobierno, tienen el objetivo de, al ser establecidas en zonas “rezagadas”, de propiciar la productividad a través de la construcción de infraestructura en comunicación, tecnología y transporte.
La primeras regiones declaradas como ZEE fueron: Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos en Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca, Puerto Chiapas en Chiapas y el Corredor Coatzacoalcos en Tabasco y Campeche.
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En marzo de este año más de mil 800 personas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec ubicados en el Istmo de Tehuantepec conformaron la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO).
Un miembro de la APOYO dijo para Proceso que “desde hace varios años hemos visto cómo se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario” y señalaron que la Ley de ZEE constituye la segunda fase de desarrollo eólico en sus territorios que además está conformada por artículos que violan los derechos individuales y comunitarios de los pueblos indígenas y que sólo benefician al capital privado.
En esta zona han sido construidos en los últimos años más de 20 parque eólicos en más de 70 mil hectáreas sin consultar a ninguna de las comunidades que antes ocupaban este territorio.
Gerardo Gutiérrez Candiani, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, presume que las nuevas zonas declaradas atraerán inversiones de alrededor de 6 mil 800 millones de dólares lo que equivaldría a 20 mil empleos y a lo largo de 10 años a 115 mil empleos formales, además de que ayudarán a “reactivar la economía local” y “proveer de trabajo” a las cerca de 120 mil personas afectadas por los pasados sismos.
Detrás del bien conocido discurso de los empresarios y los gobernantes de llevar “progreso” a las comunidades históricamente empobrecidas y oprimidos por la sed de ganancia de los capitalistas, no hay más que lo que miembros de la APOYO nombran como la “legitimación del arrebato de su viento mar y tierra” la extracción desmedida de todo bien rentable. Esto implica no sólo el despojo de miles y miles de personas de sus comunidades y pueblos si no que son los megaproyectos, gasoductos, mineras a cielo abierto, fracking y demás los principales responsables de la fuerte catástrofe ambiental que anuncia ser cada vez peor.
Según información de SinEmbargo, en 2016 el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contrató a dos consultoras privadas beneficiadas por la reforma energética para diseñar las Zonas Económicas Especiales. Estas fueron Evercore y ADhoc, la primera fundada por Pedro Aspe, exsecretario de hacienda en el gobierno se Carlos Salinas de Gortari y actual inversionista de Diavaz Offshore que en el 2015 ganó un contrato para explorar campos petroleros en Tamaulipas y Chiapas.
La segunda, Adhoc, pertenece a Aarón Dychter Poltolarek, quien fue subsecretario de transportes de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox y que hoy es integrante de del Consejo de Administración de IEnov, empresa con más de 2,500 kilómetros de gasoductos en el país.
Gutiérrez Candiani y Peña Nieto se respaldan con palabras como “progreso”, “desarrollo”, “reactivación de la economía”, pero no hay mejor testimonio que la misma historia. Ezer May May habitante de Izamal, Yucatán recuerda como en los 80’s, con la implementación de maquiladoras de trasnacionales que supuestamente le darían trabajo a la gente, cuando en realidad lo que buscaban era inversión extranjera al ofrecer terrenos baratos y mano de obra barata. También mencionó que en Yucatán hay ya en proceso 16 megaproyectos, eólicos y solares.
“Lo que sucedió con las maquiladoras temo que pase con esa Zona Económica Especial que acaba de declararse en Progreso.” Y agregó que “Al no haber gente calificada, los que ocupan los buenos puestos de estas empresas llegan a ser de fuera”
La Ley Federal de ZEE está diseñada para ser impuesta por más resistencia y lucha que levanten los pueblos afectados por ésta. En la ley se estipula que “En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de la Zona”.
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Este nuevo modelo jurídico que permite el franco despojo de comunidades indígenas forma parte de los últimos aportes de Peña Nieto para salir de la crisis del desaceleramiento de la economía en la que se encuentran los capitalistas, buscando abrirle la puerta a la inversión privada y extranjera en nuevos mercados y profundizando la explotación de las clases oprimidas y explotadas; subordinando a campesinos e indígenas al trabajo precario, continuando así el histórico legado que los Estados capitalistas heredaron de las coronas europeas de opresión y expoliación de los pueblos originarios.
