El Catastro Nacional de Campamentos dio cuenta de la magnitud de la crisis habitacional que vive el país.
Viernes 28 de diciembre de 2018
Estas fueron algunas de las conclusiones del Catastro Nacional del Campamentos 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual registró un fuerte aumento en todo el país (pasando de 27 mil familias a 46 mil en 7 años).
Sin embargo llamó la atención que los mayores incrementos están en las regiones de Tarapacá (que pasó de 6 a 42 campamentos), Antofagasta (de 28 a 78) y de Atacama (de 27 a 72).
Según el Ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg, este aumento estaría presionado por la migración y el desarrollo minero en estas regiones, lo que se combina con la escasez de suelos y los altos arriendos.
Pero esto tiene otra cara, pues mientras miles de familias buscan resolver su situación habitacional mediante la vivienda informal y precaria, como ocurre en tomas y campamentos, las empresas inmobiliarias reportan millonarias ganancias.
Durante el 1er semestre del 2016 las utilidades de las 6 principales empresas reportaban ganancias de un 8,9%; y en particular el grupo Socovesa (que reúne a Socovesa, Almagro y Pilares) en marzo de este 2018 acusaban resultados históricos en utilidades ascendientes a $40.055 millones.
Las inmobiliarias nunca pierden, elaboran millonarios proyectos a los que muy pocos pueden alcanzar, mientras hay más de 40 mil familias que viven en precarias condiciones debido al alto costo de la vida.
Pero por más que se lamente el Ministro Monckeberg, ni éste gobierno, ni los gobiernos de la ex Concertación y luego de la Nueva Mayoría, se han hecho cargo de la crisis habitacional que vive la población mediante un plan público y estatal de viviendas.
Existen medidas que buscan paliar esta situación, como son los proyectos de Inmobiliarias Populares, como las que impulsan los alcaldes Jadue (de Recoleta y militante del Partido Comunista) o Lavín (de Las Condes y militante UDI), pero que no resuelven el fondo del déficit de viviendas.
Éste déficit es resultado de los negocios inmobiliarios que valorizan el uso del suelo para la edificación en altura y al consecuente especulación habitacional, por lo mismo para ponerle fin es necesario chocar con este negocio.
Una forma de enfrentar este negocio y resolver el problema de vivienda para miles de familias pasará por el financiamiento de planes de proyectos habitacionales sociales y mediante la urbanización de campamentos y tomas, que sea financiado con impuestos a las grandes ganancias que han hecho un negocio del derecho a vivienda.
Pero no basta, para garantizar este derecho y muchos más necesitamos que las grandes riquezas de los recursos naturales estén al servicio de la población y no de intereses privados, por lo mismo se hace necesario poner en perspectiva la renacionalización del cobre y demás recursos naturales para financiar una solución seria a la vivienda de la población.
Impulsar un plan de este tipo requiere que grandes sectores de la población tomen esta demanda en sus manos, lo que se puede lograr mediante la movilización y el llamado a los grandes sindicatos a hacerse parte de esta lucha. Sin embargo muchas organizaciones a la cabeza de la lucha por este derecho depositan su confianza en la gestión parlamentaria y el lobby que pueda hacerse en el Congreso, desviando la rabia hacia la cocina parlamentaria. Solo confiando en nuestras fuerzas y en la masividad que pueden dar las organizaciones sindicales a esta demanda es como podemos avanzar a conquistar una verdadera vivienda digna.
