BLINDAJE ELECTORAL. Aumento del gasto público para seguridad

Foto utilizada con autorización de la Coordinadora IDMx

Gastos millonarios en materia de “seguridad”

Según reportes de la Secretaría de Hacienda, durante el primer trimestre del 2015, la Secretaría de Gobernación aumentó en un 55 por ciento el gasto público en materia de seguridad sin que se tenga certeza de en que se gastaron dichos recursos.

Informa el periódico La Jornada que ascendió 976 millones de pesos al pasar de 767.7 millones en el primer trimestre del 2014 a 2 mil 743.7 millones en el primer trimestre de este año. Según declaraciones de la propia Secretaría de Hacienda, la labor de seguridad pública “implica invariablemente riesgo, urgencia o confidencialidad en cumplimiento de funciones y actividades oficiales”.

Con el argumento de la “confidencialidad” desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno ha dedicado cantidades millonarias a fortalecer labores militares y de inteligencia supuestamente para combatir al narcotráfico. Sin embargo, el saldo de la guerra ha sido la muerte, desaparición y desplazamiento de cientos de miles de personas dentro de los cuales los más golpeados, son los sectores más vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los migrantes y los niños.

Si bien los incesantes “focos rojos” que esparcen la violencia por todo el territorio nacional son un elemento de profunda inestabilidad para el régimen político, la estrategia de seguridad del actual gobierno de Peña Nieto y respaldada por todos los partidos del congreso – en particular el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde-, ha demostrado con creces que, lejos de estar orientada a combatir al narco, pretende atemorizar, conjurar y reprimir la protesta y el descontento social.

El descomunal gasto del estado mexicano en actividades militares, la creación de la gendarmería nacional y las policías de mando único se da en medio de la peor crisis política del régimen actual, acusado de ser el responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas, de serias violaciones a derechos humanos en el caso Tlatlaya, Tanhuato y más recientemente en el caso del asesinato de un candidato del Morena donde parecen estar implicados mandos policiales.

Es escandalosa la hipocresía de esta democracia asesina solapada por todos los partidos del congreso que no titubean en invertir sumas millonarias en fortalecer a los cuerpos represivos mientras las condiciones de vida de millones se desploma con la depreciación salarial, la devaluación del peso, la precarización y la liquidación de la seguridad social.

Hay que denunciar la militarización

Detrás del fortalecimiento de actividades en materia de seguridad, está la necesidad del régimen político de que las próximas elecciones del 7 de junio transcurran con “tranquilidad”. La “paz” de los de arriba, implica que ningún atisbo de descontento se exprese y así poder legitimarse frente al descrédito popular. No es casual que la jornada por Ayotzinapa a 8 meses de la desaparición de los normalistas en el Distrito Federal, haya terminado con la violenta irrupción de la policía capitalina frente al enfado que produce al establishment la quema de propaganda electoral. En este sentido, estamos ante unas elecciones blindadas, impuestas con la propaganda y el garrote.

En este contexto, es impostergable que el movimiento en solidaridad con Ayotzinapa, haga suya la consigna de desmilitarización inmediata del país, la disolución de la gendarmería y los cuerpos represivos, la exigencia de que el gasto público se destine a salud, educación, vivienda y cultura para los sectores populares y contra la represión. En el terreno electoral, mientras los partidos del régimen promueven y sostienen la llamada estrategia de seguridad, no existe ninguna alternativa política que la cuestione. Ni siquiera el Morena, que se perfila a canalizar el descontento popular hacia las urnas, está planteando la desmilitarización ni está denunciando con todas sus letras la asociación delictuosa entre las instituciones militares, policiales y el narcotráfico. Es fundamental que las organizaciones obreras, populares y políticas levantemos esa perspectiva antes y después del 7 de junio.