Jueves 7 de abril de 2016 00:00
Este mes usuarios y trabajadores nos encontramos con aumentos del 100 %. En la línea Roca ahora cuesta el doble viajar: por ejemplo, de Constitución hasta La Plata o Glew aumenta a $ 4 (ida y vuelta $ 8 y sin SUBE sale $ 16). Las multas van de $ 30 a $ 60.
Si semejante golpe al bolsillo del pueblo trabajador genera bronca en sí mismo, que el gobierno intente justificar los aumentos por la “necesidad de financiar obras” es una burla: el ferrocarril resultó un monumento a la corrupción. Aunque Jaime por fin está tras las rejas, las vidas obreras perdidas en la masacre de Once en 2012 producto de la desidia no las devuelve nadie. Las obras, que son insuficientes todavía y muy improvisadas, tenían que haber sido realizadas por las empresas concesionarias que se robaron literalmente millones de pesos en subsidios. Pero como no lo hicieron, no sufren ningún tipo de multa o castigo y los funcionarios heredados de Metrovías, grupo EMEPA o TBA siguen en puestos jerárquicos en el nuevo esquema empresario (Trenes Argentinos y SOFSE) ideado por Randazzo y mantenido por Dietrich. ¡Que paguen lo que no hicieron y no descarguen los costos sobre el público usuario!
A la vez que aumentan el boleto comienzan una ridícula “campaña anti-ñoqui” contra los trabajadores ferroviarios: si es que hay ñoquis, las empresas y la burocracia sindical saben dónde están porque ellos ingresaron casi todo el personal durante los últimos 10 años y no hace falta ningún “censo” que es la manera de esconder intimidaciones y persecuciones. Tanto la Unión Ferroviaria como Señaleros y La Fraternidad dejan correr despidos a cuentagotas, rumores de despidos masivos y permiten estos “censos” arbitrarios.
La única manera de terminar con la corrupción, de lograr mejor servicio de transporte y asegurar inversión en las obras necesarias, es una real estatización bajo administración obrera y control de comités de usuarios populares.
