Ante la expectativa de que el Banco de México interponga un amparo, el presidente declaró en su conferencia matutina que es la Suprema Corte la institución que tiene la última palabra.
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Viernes 4 de enero de 2019
“Somos respetuosos de las decisiones que tome, en este caso, el Poder Judicial, que es al que compete resolver, en definitiva”, señaló López Obrador interrogado respecto a los amparos ante la Ley de Remuneraciones.
Asimismo, respondió a los periodistas reunidos en Palacio nacional que no se trata de un asunto que dependa de él, toda vez que la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.
Aunque apuntó que el artículo 127 de la Constitución aplica para todos, aclaró que “hay la excepción cuando se trata de especialistas en ciertas materias o quienes realizan un trabajo específico que requiere especialidad, que implica un conocimiento especial, riesgos, pero en ese caso no puede, tampoco, superar el sueldo de un funcionario más del 50% de lo que gana el presidente de la República”.
La austeridad se aplica para los trabajadores de base, estén o no en nómina, no a los altos funcionarios. ¿Por qué mantener sectores privilegiados mientras las mayorías tienen que hacer malabares para afrontar gastos básicos como alimento, vivienda y medicinas? ¿Por qué si ahora mismo al menos decenas de miles de trabajadores estatales –cuyos contratos no se renuevan por los recortes presupuestarios, o a quienes les pagan por honorarios, o están vía outsourcing–, están en riesgo de perder su fuente de trabajo?
En la misma rueda de prensa, López Obrador dio a conocer su declaración patrimonial, en la que consignó que no posee bienes muebles y convocó a los servidores públicos del gobierno a hacer lo mismo, para lo cual tienen dos meses y que la regla de oro de la democracia de estos tiempos es la transparencia.
Explicó que la manifestación de bienes en la cual agregó la declaración de su esposa Beatriz Gutiérrez, puede ser consultado en la página de la SFP, y señaló que la propietaria de la casa donde vive y los vehículos son de su esposa. A su vez, sus cuatro hijos son los propietarios de la quinta de 12 mil metros cuadrados, que posee en Palenque, Chiapas, y fue casa de sus padres.
Con el discurso de la transparencia y la honestidad, el presidente López Obrador dice cumplir con su promesa de luchar contra la corrupción. Pero en distintas oportunidades reiteró que no se castigará a los funcionarios de gobiernos anteriores implicados en desfalcos.
Ante la resistencia de los ministros de la Suprema Corte a aceptar que sus sueldos no superen el del presidente, millones de trabajadores, jóvenes, profesionistas e intelectuales, expresaron su repudio a los privilegios millonarios y su aspiración de que se termine con la corrupción.
Pero el partido Morena, liderado por López Obrador, se ha nutrido de esa misma “casta política” que tanto criticó el presidente, que proviene de las entrañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las organizaciones políticas que más de 30 millones de personas repudiaron en las pasadas elecciones de julio.
El flagelo de la corrupción no se erradica con “honradez”. Es necesario bregar porque los funcionarios públicos sean verdaderos representantes de las aspiraciones populares, que sean revocables para estar sometidos al escrutinio popular y ganar como un trabajador calificado o una maestra. Son estas medidas –que sólo pueden imponerse con la movilización independiente del Estado y de los partidos del congreso– las que pueden terminar con los privilegios de los altos funcionarios.
