El Instituto Nacional Barros Arana fue desalojado por ordenes de la alcaldesa Tohá (PPD), con lo que daños al interior del establecimiento han sido utilizados para criminalizar al movimiento estudiantil, por ejemplo llamándolos vándalos, pero también con querellas en contra de los detenidos del desalojo.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Jueves 16 de junio de 2016
El desalojo del Instituto Nacional Barros Arana se sumó a los hitos que el gobierno viene utilizando la criminalización de la movilización estudiantil. Parte de estas medidas son las querellas que tanto la Intendencia y la Municipalidad presentaron en contra de los 19 detenidos a raíz del desalojo del pasado 13 de Junio.
Las declaraciones de diversas autoridades han puesto el acento en los 19 detenidos y en los daños producidos al interior del establecimiento, el cual según las mismas ascendería a 400 millones de pesos.
El Intendente Metropolitano, Claudio Orrero (Demócrata Cristiano) este 14 de Junio, junto a la Municipalidad de Santiago, interpusieron querellas criminales por los daños al interior del INBA, la alcaldía también anunció querellarse criminalmente por los daños ocurridos en el Liceo Darío Salas y de todo liceo que sufra daños en su interior. En el caso del INBA se dirigió directamente contra de los 19 detenidos del desalojo.
Además de esta medida el Intendente ofició al Consejo de Defensa del Estado para que se hicieran responsables los padres de los detenidos, en el caso de los menores. Lo mismo hizo la Municipalidad persiguiendo la responsabilidad civil en contra de los representantes legales de los 19 detenidos .
Claudio Orrego, aprovechando la oportunidad para criminalizar al movimiento estudiantil, declaró que “por primera vez vamos a iniciar acciones, no solo penales, lo que vimos ayer fueron delitos, hubo robo, destrucciones y vamos a comenzar las acciones contra los padres, pues tienen que hacerse responsable por lo que hacen sus hijos en horario escolar. Tenemos que detener de una vez y para siempre este nivel de violencia”
En regla con la Municipalidad también se lanza en contra de la movilización y las tomas de establecimiento al agregar que “como intendente he dado instrucciones de desalojar los distintos colegios de la Región Metropolitana, donde los sostenedores nos han solicitado ese desalojo. Ya se han desalojado 4 y este es, sin duda, el que tiene los peores daños. Nadie puede tolerar ni puede aceptar algo de este nivel de barbarie, así se destruye la cultura y el patrimonio de todos los chilenos”.
Tanto Carolina Tohá (Alcaldesa de Santiago y militante del Partido por la Democracia) y Claudio Orrego no tienen nada que envidiarle al gobierno de Piñera en materia de represión y criminalización del movimiento estudiantil.
Finalmente, la Intendencia, en un comunicado pretende borrar de un plumazo la historia reciente del movimiento estudiantil, llama a los estudiantes "a reflexionar y a retomar el camino de las acciones pacíficas, que corresponden en un Estado de Derecho, característica que tuvo en el pasado el movimiento estudiantil y con la cual lograron poner en la mesa sus demandas, obteniendo, con ello, avances significativos en la educación chilena", pero lo que olvida la Intendencia es que el movimiento estudiantil puso en la mesa sus demandas mediante asambleas y acciones, tomas, paros, marchas y jornadas de protesta, como el histórico paro junto con la CUT el 24 y 25 de Agosto del 2011.
Medidas como estas querellas, sumados a los desalojos, son parte de la campaña por criminalizar al movimiento estudiantil, reprimiendo sus marchas, llamando delincuentes a los estudiantes, aprovechando cualquier hecho aislado para apuntar en contra del movimiento estudiantil utilizando a la prensa para desviar la atención de la ofensiva estudiantil, con lo anterior se recubre de legitimidad el escandaloso despliegue de FFEE en los desalojos.
