La Corte Suprema de Justicia inició el proceso de enjuiciamiento contra Jimmy Morales, donde el primer paso será despojarlo de la inmunidad que le otorga su cargo como presidente de Guatemala.
Martes 5 de septiembre de 2017 16:14
Los expedientes de antejuicio fueron presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, que acusan al actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, cuando ganó la elección como candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual era secretario general.
La Corte Suprema de Justicia dio a conocer este lunes tres de las solicitudes de antejuicio contra Morales. Dicho proceso se llevará a cabo en medio de una nueva crisis política, por la decisión de Morales de declarar “non grato” al jefe de la Cicig, Iván Velásquez. El expediente debe ser enviado al Congreso, donde es necesaria una mayoría calificada —los votos de al menos 105 de los 158 legisladores— para despojar al mandatario de la inmunidad política.
Otra de las medidas del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), fue anunciar la suspensión administrativa del partido FNC-Nación que encabeza Morales, por lo que no podrá realizar ninguna actividad política. Según una publicación del diario El País, dicho partido “debía cancelar 60 mil dólares al TSE por varios delitos relacionados con la financiación de su campaña política, multa que debería ser solventada, como fecha tope, el 31 de agosto.
Al imponer la sanción se detalla, entre otros delitos tipificados en la ley de la materia, que el partido no presentó los informes mensuales de gastos de campaña ni los informes bimestrales de ingresos; que existen errores en los datos y cifras, falta documentación contable sobre ingresos y se ha obstaculizado las labores de auditoria y revisión de documentos en la sede de la organización, entre otras infracciones”.
Los militares en el gobierno de Jimmy Morales
Hasta el momento, el gobierno de Jimmy Morales ha declarado por medio de un comunicado que “ha sido respetuoso del Estado de derecho y la independencia de poderes”, donde además pide a los ciudadanos mantener el respeto de la institucionalidad y “su objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”.
La misma reacción que tuvo en su momento el ahora ex presidente y recluido Otto Pérez Molina cuando inició su proceso por enriquecimiento ilícito y fraude aduanero. La crisis que se creía apagada por el proceso de Pérez Molina se reaviva luego de lograrse una salida institucional del régimen guatemalteco con la celebración de elecciones y de los 19 meses de gobierno de Morales, quien presentó como “carta fuerte” de campaña terminar y combatir la corrupción en Guatemala.
El descontento social generado por este nuevo escándalo de corrupción dentro del gobierno está fuertemente marcado por la presencia de los militares y sectores de la derecha en el país centroamericano, así como los antecedentes por fraudes dentro de la propia familia de Jimmy Morales.
A su vez, se denota el rol que han jugado en el escenario político los militares. La semana pasada, en un acto organizado expresamente para apoyar la decisión del presidente Morales, –con una participación de la tercera parte de los alcaldes del país– el alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, quien era presidente de Guatemala en 1996 cuando se firmaron los “Acuerdos de paz” con la guerrilla después de más de tres décadas de guerra, mencionó: “Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”.
Pero hay más elementos. Pues la prensa nacional en Guatemala dio a conocer que desde junio de 2015 el 37% de los 430,000 quetzales de financiamiento que FCN-Nación reportaba al TSE, provenía de militares involucrados con el partido, entre afiliados y candidatos. A partir de agosto de ese mismo año, con un repunte en las encuestas, el apoyo financiero para la campaña de Morales casi se triplicó. Así, el reporte ante el TSE no coincide con lo que el candidato presidencial ha dicho en público; en el mismo figuran además, empresas de sociedad anónimas como Agrícola Manacales e Inversiones Ringwood.
Fuente. Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
Las declaraciones de Morales que negaron –al iniciar su gobierno– que el partido FCN-Nación se sostenía por el apoyo de los militares cae hoy por su propio peso. El partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) nació por iniciativa de un grupo de ex militares integrantes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) donde se encuentran los militares que mantuvieron la guerra en dicho país y colocaron al dictador Efraín Ríos Montt en el poder.
¿Qué salida para la crisis abierta?
Ante la coyuntura abierta, es necesario fortalecer la protesta y movilización en las calles con independencia política de los partidos políticos del régimen guatemalteco, que solo ha servido para perpetuar los intereses de la derecha y los poderosos en Guatemala. Una política independiente pasa por cuestionar hasta el final los límites que puedan ofrecer las instituciones nacionales o internacionales como la Cicig en la tarea por resolver las grandes demandas del pueblo pobre y trabajador.
Es necesario entonces hacer un llamado de unidad entre los de abajo contra la clase política corrupta y heredera de la contrainsurgencia militar. Para ello es fundamental hacer el llamado a la organización activa en las escuelas, barrios, con los sindicatos y el conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad, así como de las organizaciones en lucha, para levantar un programa que encamine a resolver las grandes necesidades de la población como la inseguridad, los feminicidios y la desigualdad social.
Te puede interesar: Con Jimmy Morales, la vieja contrainsurgencia llega al poder
