La actuación de la SEP en contra del trabajo docente deja cada vez más claro que la reforma educativa es, principalmente, punitiva e impuesta con la represión.
Jueves 4 de febrero de 2016
Los trabajadores de la educación se enfrentan de nuevo con la reforma educativa, desde que el pasado 25 de enero maestros de Iztapalapa (Ciudad de México) y Durango recibieron la notificación que, de no argumentar en un plazo de diez días hábiles el porqué de su falta en al menos una de las cuatro etapas de la evaluación del desempeño docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), serán echados definitivamente de su puesto de trabajo a partir del primero de marzo. Esto, según declaraciones del ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 9, Francisco Bravo, al diario Milenio.
A pesar de que el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), reconoció las fallas en la evaluación docente durante el 2015, aplazando las evaluaciones de este año hasta noviembre con el fin de no “presionar” al sistema de enseñanza durante el primer semestre del año y atender los “fallos técnicos” que se detectaron; el ataque por parte de la SEP es intransigente.
Las listas definitivas de los despidos se darán a conocer en la segunda quincena de febrero.
La estrategia que Bravo propuso a los maestros notificados es promover amparos en contra del proceso de despidos con apoyo del artículo 14 de la Constitución que dice que: “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Sin embrago, esta salida legalista e individualista es insuficiente para frenar el ataque de la SEP, pues no brinda la seguridad laboral que le fue arrebatada a los docentes por vía de la reforma educativa, además de que no asegura que otorguen el amparo a todos los trabajadores que han sido notificados y deja abandonados a todos aquellos quienes entraron a laborar en fechas posteriores a la aprobación de la reforma educativa a finales de 2012.
Sobre todo porque la Ley del Servicio Profesional Docente anula la responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado de cualquier despido docente vía la reforma educativa y “sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, como sostuvo Aurelio Nuño el pasado 15 de octubre.
El gobierno viene con fuerza en contra del magisterio, tratando de obligar a los docentes a aceptar, a punta de tolete y con amenazas de despidos, la reforma educativa, y no podemos esperar que se eche para atrás por la vía del diálogo.
Este viernes 5 de febrero los docentes debemos salir a la movilización convocada por la CNTE, en defensa del empleo digno y de la educación pública y gratuita para todo el país, además del cese de la reforma educativa, la liberación de los compañeros presos por motivos políticos y en repudio a la política asesina, corrupta y mentirosa de los partidos al servicio del régimen.
Los maestros que participamos de la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase llamamos a organizar una importante movilización nacional este 5 de febrero. Saludamos el Encuentro Nacional Educativo de la CNTE que está por celebrarse en los próximos días. Somos una corriente magisterial, clasista, democrática, internacionalista, al interior del magisterio.
Con información de Periódico Central y La Jornada.
