Actualidad Nacional. La votación de la Guardia Nacional y el avance en la militarización

La creación de una Guardia Nacional se convirtió en uno de los puntos centrales de la agenda del nuevo gobierno desde el 1 de diciembre. Finalmente fue aprobada en Diputados por el oficialista Morena, en alianza con el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista, Encuentro Social, el Partido del Trabajo y diputados perredistas. Ahora es turnada a la Cámara de Senadores.

La propuesta inicial de AMLO fue modificada por la bancada de Morena. Esto respondió tanto al intento de apaciguar las críticas de distintos sectores y organismos de derechos humanos , como a las necesidades de lograr un mayor consenso en el Congreso y los votos necesarios, más aún considerando que fue criticada por diputados y senadores de Morena, como es el caso de Tatiana Clouthier o Nestora Salgado, lo que muestra contradicciones al interior de este partido.

No es un hecho menor la alianza que Morena tejió con el PRI, para lograr la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una reforma constitucional, y que AMLO trató de minimizar argumentando que “ojalá que en temas de seguridad se unieran todos”.

La principal modificación fue en el terreno del mando “mixto”, civil y militar. López Obrador -aunque inicialmente aceptó este cambio respecto al mando castrense inicialmente propuesto-, no dudó en manifestar su inconformidad con el resultado. Le exigió al Senado que se clarifique de que forma participarán los militares. “Eso tiene que quedar claro” afirmó en relación a la facultad de las fuerzas armadas para intervenir en “asuntos de seguridad pública”. Es evidente la urgencia del presidente en que “quede claro” el rol preponderante de los militares en la Guardia Nacional.

Si bien es cierto que AMLO está imponiendo nuevas formas de hacer política, este mandato a diputados y senadores (que ya se aprestan a hacer los cambios que no dejaron conforme al presidente), no se diferencia de la forma en que el PRI se subordinó siempre al “primer priísta del país” en turno.

Preservar la militarización del país

Sin embargo, el dictamen aprobado no cambia ni el carácter ni las funciones de esta nueva corporación, la cual se inscribe plenamente en la militarización del país. El mando “mixto” significa que al frente de la Guardia Nacional estarán los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR).

Aunque los cambios buscan convencer infructuosamente de que tendrá un carácter “civil”, el proyecto le da a las fuerzas armadas más presupuesto y el marco legal que los altos mandos reclaman desde hace años y que legitiman su accionar en funciones de seguridad interna. Esto bajo la forma de un nuevo cuerpo, conformado por militares y policías, a lo cual se sumará el reclutamiento juvenil anunciado para los próximos años.
Bajo otras formas, es la continuidad de la militarización que el nuevo presidente le criticó al PRI y al PAN durante años.

Los argumentos provenientes de muchos intelectuales y militantes que adhieren al Morena, en torno a que se trata de un cuerpo ciudadano o civil que “respetará los derechos humanos”, chocan con la historia y con la realidad. Las fuerzas armadas que nutrirán la Guardia Nacional son responsables de la militarización y la llamada narcoguerra, que tuvo como consecuencia cientos de miles de muertos y desaparecidos; militares y marinos han perpetrado violaciones a los derechos humanos, asesinatos, secuestros y violaciones, siendo las mujeres y los jóvenes los que más sufren su accionar.

La Policía Federal -presentada como la garantía de que la GN no supone “militarización”- es la responsable de salvajes represiones contra las luchas de los maestros, los trabajadores y la juventud, como se vio en Atenco en el 2006 y Nochixtlan en 2016. Con la nueva Guardia Nacional esto continuará en un contexto signado además por las redes de encubrimiento e impunidad existentes entre las instituciones de justicia y las fuerzas armadas, como vimos en el caso Tlatlaya.

La propuesta de AMLO, aprobada con el apoyo del PRI, preserva entonces sin ninguna duda la militarización del país. El nuevo relato lopezobradorista, que nos habla de un “ejército del pueblo” , quiere justificar lo injustificable.

La Guardia Nacional y el otorgamiento de más poder a los militares, conlleva el riesgo de que el ejército se involucre más en la política nacional, lo cual advirtió hasta Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de los diputados del MORENA.
Ya en 2014, el General Brigadier del Estado Mayor, Eduardo León Trawitz - en ese entonces subdirector de Salvaguarda Estratégica de PEMEX y jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto-, acudió al Senado a presionar para evitar una reforma a un párrafo del artículo 138 del Código Penal Federal, que proponía incluir en la Extensión de Dominio a las gasolineras que traficaran con la gasolina (Proceso, 2202, 13-feb-2019).

Contra la militarización

Más allá del nombre de la nueva corporación, las fuerzas armadas son la salvaguarda de los intereses de la clase dominante, y de la explotación y opresión sobre los trabajadores y las grandes mayorías. Además, están vinculadas a los grandes grupos del crimen organizado, en una asociación en la que participan también otros estratos del estado mexicano y la “clase política”, como es evidente en los casos del narcotráfico o las redes de trata. Son ellos los principales responsables de la violencia y la inseguridad que golpea a las mayorías trabajadoras. El alineamiento con las políticas de Estados Unidos es la base estructural de la violencia y descomposición social; en particular con la “estrategia de lucha contra las drogas” mandatada por Washington, que tiene en la militarización un pilar esencial.

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Ante esto, es fundamental continuar luchando contra la militarización del país; los sindicatos, junto a las organizaciones de derechos humanos, populares y de izquierda, tienen que tomar en sus manos esta lucha. Desarrollar la movilización en las calles con independencia del gobierno, los partidos patronales y el Congreso de la Unión, quienes ahora, una vez más, fortalecen a las instituciones responsables de la represión y el ataque a las libertades democráticas del pueblo trabajador.