El pasado 27 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicio la discusión sobre la la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, mejor conocida como la "Ley Atenco" por avalar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos hacia las protestas sociales.
Miércoles 1ro de marzo de 2017
Diversas organizaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la posible aprobación -aun sea parcial- de la Ley Atenco, pues consideran viola los derechos humanos y atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Organizaciones como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social menciona que en el marco de que en México el abuso en el uso de la fuerza es una práctica sistemática por parte de los cuerpos de seguridad es muy preocupante avalar disposiciones ambiguas y arbitrarias respecto a ello.
Se pueden nombrar distintas experiencias donde la represión ejercida por la policía ha cobrado la vida de decenas de personas en los últimos años, como en: Atenco y Oaxaca en 2006, Chalchihuapan en 2014, Nochixtlán en 2016, Ixmiquilpan y Playas de Rosarito en 2017. Ademas de encontrarse comúnmente otras violaciones a derechos humanos frente a la protesta social, como detenciones arbitrarias, abusos sexuales y amenazas.
Estas actuaciones se deben a una política de criminalización de la protesta, que busca calificarla como disturbio o desorden público, lo cual ha dado pie al uso de la fuerza pública como primera opción y sin contemplar los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas.
La violencia por parte de los policías se ha dado arbitraria e indiscriminadamente, incluyendo el uso de armas de fuego y teniendo como victimas mortales a menores como en Chalchihuapan, Puebla, donde una bala de goma cobro la vida de un niño de trece años.
El ministro ponente Alberto Pérez Dayan presentó un proyecto de dictamen que admite únicamente las acciones de inconstitucionalidad de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional, con lo que elimina la propuesta de echar abajo la ley completa. Esta propuesta de dictamen prácticamente valida el uso de la fuerza no letal y letal en manifestaciones, siempre y cuando sean utilizadas como último recurso y luego de hacer una advertencia a los manifestantes sobre el uso de armas ya sean no letales o letales.
El proyecto de dictamen que entre protestas continúa su discusión el día de hoy, declara la validez de los artículos 12, fracción tercera, incisos a y b, 24, 25, 26, 33, fracción primera, y 40, con los que se aprueban los centros de detención para adolescentes, el uso de equipos de apoyo referidos como “candados de pulgares”, ademas mantiene la posibilidad de usar la fuerza “como primer opción” cuando supuestamente se cumplan los supuestos y condiciones previstos en la ley.
La Ley Atenco, propuesta por el gobierno de Eruviel Ávila, es una avanzada en la criminalización de la protesta y las violaciones a la libertad de expresión. Corresponde a la validación de una política ya aplicada para acallar el descontento y coartar derechos fundamentales, es necesario la movilización para echar abajo de manera total esta ley, así como luchar por la disolución de las fuerzas represivas del Estado.
