Aprobada en comisión mixta avanza la nueva ley antiterrorista, que fortalece los elementos represivos del Estado.
Sábado 7 de diciembre de 2024
El martes la comisión mixta despachó la nueva ley antiterrorista para continuar su trámite en ambas cámaras antes de su promulgación. La nueva ley es aplaudida por todo el arco político, desde la oposición de derecha hasta el gobierno como lo expresó la ministra Toha.
El proyecto propone una nueva tipificación y sanciones hacia lo que denominan como terrorismo. Por un lado establece lo que es una organización terrorista y agrega la figura de “lobo solitario” en referencia a quienes realizan actos individuales.
Lo que constituye un acto terrorista sería cualquier acción que busque los siguientes objetivos:
a. Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático.
b. Imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático.
c. Someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella.
Además de mantener cosas como los testigos protegidos, integraría la posibilidad de intervenir el tráfico de teléfonos móviles y rastrear los datos de ubicación de los usuarios por medio del sistema IMSI Catcher, con el cual además puede recopilar códigos IMSI, controlar señales, bloquear llamadas, conocer metadatos y modificar mensajes de texto.
Lo que el régimen celebra como una modernización de la ley, no es más que una forma de fortalecer el aparato represor estatal. La ley antiterrorista fue creada en dictadura para atacar a los grupos armados opositores al régimen de Pinochet, durante los gobiernos concertacionista sufrió algunas modificaciones y fue aplicada especialmente contra el pueblo mapuche en su lucha por la recuperación de sus territorios usurpados por el Estado y grupos empresariales. Posterior a la revuelta del 2019 es que los políticos del régimen han buscado “perfeccionar” esta herramienta.
En un contexto en que aún se mantiene una crisis del régimen heredado de la dictadura, donde sus distintas instituciones están cuestionadas y que demandas tan sentidas como la educación, salud, pensiones y vivienda siguen siendo un negocio capitalista y no un derecho para la población, es que el régimen se prepara con mayores herramientas represivas en caso que nuevamente se cuestione en las calles su régimen.
