El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en el caso de Ayotzinapa no se puede hablar de un crimen de Estado, ya que el gobierno cambió y hay voluntad política de llegar a la verdad, ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones?
Lunes 25 de noviembre de 2019
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar de crímenes de Estado” justificando que “ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia”.
Estas declaraciones apuntan a abolir una de las definiciones más importantes que el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas impulsó: la complicidad de los gobernantes locales, estatales y federales con la policía municipal y las fuerzas armadas.
De la misma forma, mostró el cierre de filas de los partidos del pacto por México y las instituciones como la Procuraduría General de la República con la “verdad histórica” que aseguraba que había sido el narcotráfico quienes desaparecieron los normalistas para deslindar al gobierno de la responsabilidad directa en el caso.
El gobierno de la cuarta transformación ha hecho mucha propaganda entorno a la ruptura categórica respecto a los gobiernos priistas y panistas, particularmente dándole mucho peso a demandas profundamente sentidas en la población mexicana como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En ese sentido el gobierno obradorista ha intentado mostrar que están dispuestos a retomar las investigaciones entorno al caso, en el que aseguraron que se llegaría la verdad, la presidencia ha abierto las puertas a los padres de los normalistas y en el aniversario de la desaparición, el propio presidente y personajes de su gabinete salieron en la conferencia mañanera con la playera de los 43 normalistas, asegurando que cumplía un compromiso con los padres normalistas.
Todo eso tiene como objetivo reforzar la propaganda que asegura que la ruptura con el pasado es categórica. A unas semanas del primer informe de gobierno y tras la negación de Ayotzinapa como un crimen de Estado, es fundamental que veamos más allá de los gestos formales del gobierno, es decir, qué de la demanda de fondo (justicia que implica juicio y castigo a los culpables a todo nivel y en toda institución) se ha cumplido y por qué negar a los 43 como un crimen de Estado.
¿Una nueva verdad histórica?
El gobierno obradorista se empeñó en evitar a toda costa una confrontación más dura con los partidos del pacto por México, asegurando que no habría rencor ni venganza con los anteriores gobiernos, construyendo una idea fuerza que asegura que tras el cambio de gobierno, todas las instrucciones del viejo régimen se ponían a discusión del “cambio verdadero”.
Es decir, no importa que sigan los magistrados y jueces de sexenios anteriores, los mismos mandos militares, marinos y federales que son responsables de crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas, son “pueblo armado” y están al servicio del presidente, por lo que no hay que preocuparnos.
Con esta retórica aprobó la continuidad de la militarización, ahora con marco legal, expresada en la creación de la Guardia Nacional, en el que el mando civil se terminó diluyendo entre las estrellas de los militares.
Hoy hay un nuevo salto en esta retórica: terminar de limpiar a las instituciones, a los partidos políticos inmiscuidos y los personajes concretos que gozan de total impunidad, no sólo es Enrique Peña Nieto, son los mandos militares, los integrantes de la PGR, los policías municipales.
Corremos el riesgo de dejar pasar de los dichos de AMLO sobre la base de decir no es lo mismo que el PRI, PAN y PRD, sin ser críticos con el contenido de la negación del crimen de Estado. También está el riesgo de comenzar a perdonar y olvidar a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Corremos el riesgo de diluir nuestras principales lecciones de un proceso histórico que generó una profunda crisis en México.
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Es preocupante que el gobierno obradorista utilice su legitimidad y un discurso progresista para justificar medidas reaccionarias, como la creación de la Guardia Nacional y ahora la negación de un crimen de Estado, cuestión que despejará de la agenda de gobierno la necesidad del juicio y castigo a los culpables, por la promesa de “saber la verdad”.
Una nueva verdad histórica que de apoco construye un relato en el que hay que tenderle la mano a nuestros asesinos, los comandantes de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional y en el que verdad y justicia no implican juicio y castigo a los responsables.
