Han transcurrido siete años desde que desaparecieran 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Su desaparición forzada, que implicó como responsables materiales e intelectuales a las fuerzas de seguridad, autoridades del Estado y el crimen organizado, sumió al régimen mexicano en una crisis profunda de la que solamente se pudo recuperar tras diversas maniobras políticas. En estas líneas queremos profundizar en un balance crítico que en otros artículos de esta revista hemos abordado.

Decía Gramsci, luego de la intensa actividad política que se suscitó en el llamado “bienio rojo” en Italia:

En cierto momento de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma de organización que presentan, con aquellos determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen; ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella. Cuando estas crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos. [1]

Tras la desaparición forzada de los 43, en México se vivió una crisis orgánica [2] que planteaba la apretura de una situación inicialmente prerrevolucionaria producto de las movilizaciones que cientos de miles protagonizaron exigiendo en las calles su aparición con vida; la noche del 26 de septiembre, los jóvenes habían asistido al poblado de Iguala para tomar camiones que pudieran transportarlos a la Ciudad de México para asistir a la marcha anual del 2 de octubre, en conmemoración de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas.

Sin embargo, esa noche el edil de Iguala, José Luis Abarca, se encontraba haciendo un evento junto a su esposa. Para impedir la interrupción del mismo, los Abarca habrían ordenado la intervención de las fuerzas de seguridad, quienes abrieron fuego contra los normalistas que tenían tomados cuatro camiones, a la vez que dispararon contra un quinto camión donde se transportaban los muchachos del equipo juvenil de fútbol, Los Avispones de Chilpancingo. En el fuego cruzado, y en medio de la lluvia, habrían fallecido ocho personas: cinco estudiantes normalistas, dos integrantes de Los Avispones y un transeúnte.

Las imágenes de los jóvenes escondiéndose de los disparos detrás de los camiones y corriendo a refugiarse en casas aledañas recorrieron las redes. Al día siguiente, no solamente se difundió la imagen del estudiante Julio César Mondragón con el rostro desollado, sino que inició la búsqueda de más de 50 jóvenes que se encontraban desaparecidos; en el transcurso de la tarde, se descubrió que un grupo de normalistas fueron trasladados a la comisaría de Iguala. La cifra entonces se rebajó a 43 quienes, a la fecha, no se sabe su paradero.

La crisis orgánica que desató Ayotzinapa

La situación no podía venir peor para el régimen de Peña Nieto, ya que su administración había iniciado con poca legitimidad luego del duro cuestionamiento de su relación con los medios de comunicación por parte del movimiento #YoSoy132, a la vez que, en todo 2013, hubo distintas movilizaciones que sufrieron una fortísima represión debido a su oposición a la serie de reformas estructurales que Peña y los principales partidos (PRI, PAN y PRD) habían aprobado tras conformar el “Pacto por México”. De igual forma, ese mismo verano se había desencadenado un proceso de movilizaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que, debido a su masividad, no podía ser “encapsulado” y que rechazaba el cambio de planes de estudios como puntapié de un proceso de privatización del IPN, similar a lo que ocurrió con la UNAM en 1999.

La combinación entre deslegitimidad, el proceso del Politécnico y la cercanía de la desaparición de los 43 con la marcha del 2 de octubre, concatenaron que el movimiento estudiantil, que —por fuera del Politécnico— venía aletargado luego de la represión al magisterio en 2013 y las movilizaciones contra la reforma en telecomunicaciones en abril de 2014, despertara nuevamente y saliera a las calles con más fuerza en octubre de ese año. La marcha del 2 de octubre, que el año anterior había tenido decenas de heridos y detenidos a manos de la policía federal y del DF, tuvo la novedad de que, en esa ocasión, ni un solo agente de policía fuera abiertamente desplegado ni que el cuerpo de granaderos intentara cortar la marcha. El estudiantado comenzó entonces a llamar a paros, que se fueron escalonando en distintas escuelas, a lo que se sumaron incluso universidades privadas como la Ibero y el ITAM.

Pero la insistencia de la aparición con vida de los 43 comenzó no solamente a martillar al régimen frente a la presión de sectores de las masas, sino que canalizó una serie de respuestas para ocultar la responsabilidad del régimen en la desaparición de los normalistas y plantear que se trataba de un incidente entre grupos del narco donde los jóvenes habrían estado situados en medio, intentando desligar lo que a todas luces era evidente: la asociación entre el Estado y el crimen organizado. El primero de estos intentos fue la señalización de los responsables, en la cual, si bien el PAN no había participado directamente, su estela de militarización lo había dejado como la antesala de la coyuntura, pero donde particularmente el PRD, que por años había fungido como bombero del régimen, [3] no podía eludir su complicidad, puesto que Abarca y el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, eran miembros del “partido del sol azteca”. Este último, además, intentando por todos los medios solapar al matrimonio que se encontraba prófugo.

Finalmente, el día 5 de noviembre, mientras miles salíamos a las calles, el sistema ensayaba dos respuestas: por una parte, esa noche se declaraba el hallazgo y arresto del matrimonio Abarca en la delegación Iztapalapa, a la vez que un grupo de encapuchados incendiaba la estación del metrobús en Ciudad Universitaria (que, como muchos otros centros de estudio, se encontraba en paro) en un intento de criminalizar a los jóvenes que salíamos a marchar exigiendo justicia por nuestros compañeros muertos y desaparecidos. Dos días más tarde, siguió un segundo intento de respuesta del régimen ante el anuncio del hallazgo de una bolsa de cenizas que podrían tratarse de los 43 estudiantes (misma que resultó no serlo), y donde el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, declaraba públicamente “ya me cansé”, recibiendo millones de críticas en redes sociales y con el HT #YaMeCansé (y sus derivados) siendo TT en Twitter por meses.

Poco a poco, el Estado armaba lo que a la postre sería su “verdad histórica”: según las “investigaciones” de la entonces PGR, los jóvenes habrían sido arrestados por la policía de Iguala y entregados al crimen organizado, siendo confundidos con el cártel rival de “Los Rojos”, por lo que habrían sido asesinados por los miembros del cártel “Guerreros Unidos” quienes súbitamente aparecieron en escena de la prensa nacional y que habrían llevado a cabo la ejecución e incineración de los jóvenes en el basurero del poblado de Cocula, cerca de Iguala.

Pero la búsqueda de los 43 arrojaba nuevas evidencias, que ponían en tela de juicio lo que afirmaban los funcionarios del régimen. Aparecían fosas clandestinas, se enfatizaba que era imposible la incineración de los normalistas debido a la lluvia en la noche del 26 de septiembre y, en particular, se descubrió que el celular de uno de los jóvenes había caído en manos del ejército; además, éste había monitoreado el traslado de los camiones tomados por los estudiantes debido a que, presuntamente, había droga en el interior de uno de ellos, lo cual adjudicaron como el motivo de la desaparición forzada de los 43. Fueron esos elementos los que llevaron a que el movimiento de Ayotzinapa adquiriera la consigna de “¡#FueElEstado!”, pues la participación del ejército caía, en última instancia, en el presidente de la república: Peña Nieto.

Cuando afirmamos que el movimiento por Ayotzinapa generó un proceso de crisis orgánica, es debido a que los tres partidos principales del régimen mexicano se vieron en una profunda deslegitimación, que no pudo ser contenida en los marcos institucionales convencionales. Los políticos “de siempre” encontraron dificultades en disimular que en México no había una “democracia para ricos”; el PAN había sido manchado por la narcoguerra que, hasta ese momento, había causado más de 100 mil muertos, mientras que, como dijimos, el PRD como pata izquierda del régimen inició un proceso de colapso, a la vez que el PRI en la presidencia corroboraba que seguía siendo un partido represor contra los trabajadores y jóvenes, teniendo además al Estado de México, su bastión, como capital del feminicidio.

En segundo lugar, otro elemento que señala Gramsci como definitorio de una crisis orgánica es el del “fracaso de una gran empresa”.

La crisis de hegemonía de la clase dirigente, que se produce ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grande masas (como la guerra) o porque vastas masas (especialmente de campesinos y de pequeñoburgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución. Se habla de "crisis de autoridad" y esto precisamente es la crisis de hegemonía, o crisis del Estado en su conjunto. [4]

El movimiento por Ayotzinapa, aunque de forma distorsionada, expresaba la crisis de la “gran empresa” que en México había significado el TLCAN, proyecto al que el “Pacto por México” se propuso dar continuidad mediante la aprobación de las ya mencionadas reformas estructurales de Peña Nieto, incluyendo la reforma educativa que golpeaba particularmente al normalismo.

Así, no solamente había repudio hacia los tres principales partidos que ya venían aplicando las reformas neoliberales del “Pacto por México”, sino que además se cuestionaba al conjunto de las instituciones, en particular la PGR como un organismo encargado no de recopilar evidencias para encontrar a los muchachos desaparecidos, sino en borrar las huellas de la culpabilidad de los funcionarios del régimen, sumado a la enorme critica y cuestionamiento al ejército.

El desvío del movimiento

Es indudable que la juventud venía de un proceso de organización previo que facilitó la respuesta del estudiantado. Los estudiantes habíamos hecho un llamado a la conformación de la Asamblea Interuniversitaria, que organizaba las acciones en la capital del país. Pero paralelo a esto, surgía en Guerrero la Asamblea Nacional Popular (ANP) que, como explicamos en otro artículo, “se legitimó con la presencia de los padres de los normalistas, y jugaron un rol importante como dirección del movimiento, avalado por distintos actores, como el único espacio para resolver las acciones y la política”. [5]

Pero también hubo influencia de otras corrientes políticas. En particular, el populismo y el estalinismo hegemonizaron la ANP y, a través de las burocracias sindicales, “evitaron la irrupción generalizada de la clase trabajadora que —en alianza con el potente movimiento democrático— podría haber derrotado al odiado gobierno de Peña Nieto”. [6] En distintos momentos, y a pesar de la insistencia de sus bases, [7] las direcciones sindicales adhirieron únicamente a las movilizaciones de las “Jornadas globales por Ayotzinapa” convocadas por los padres de familia de los 43, y como señalamos anteriormente desde esta revista, ello terminó “evitando la confluencia y generalización de la protesta obrera y popular; luego, apoyando abiertamente la candidatura de López Obrador o llamando a votar contra los partidos del Pacto por México”. [8] De esta manera, los elementos de situación prerrevolucionaria terminaron cerrándose al no entrar en escena la clase trabajadora como sujeto organizado como clase e independiente, aunque continuó la crisis de representatividad y de los partidos tradicionales.

El EZLN, por su parte, advertía a los padres de los 43, una semana antes de la convocatoria a paro nacional, que desconfiaran de quienes marchábamos en solidaridad con el normalismo, pues, a su parecer, lo hacíamos “por moda”. De igual forma, las corrientes vinculadas al estalinismo (como el FPR) hicieron un llamado a acciones por fuera de la correlación de fuerzas, por ejemplo a tomar el Aeropuerto de la Ciudad de México el mismo día del paro nacional del 20 de noviembre, provocando el arresto de algunas decenas de quienes acudieron a dicho acto.

Ese día, centenas de millares de personas colmaron las calles de la Ciudad de México partiendo desde tres puntos: el movimiento estudiantil desde la Plaza de las Tres Culturas, organizaciones sindicales desde el Monumento a la Revolución y los sectores populares (amas de casa, familias, sectores profesionistas, etc., es decir, “el pueblo en general”, como rezaba la convocatoria) desde el Ángel de la Independencia, para confluir las tres columnas en el Zócalo. Pero después de esta acción, que resultó el cénit del movimiento, las protestas, como hemos mencionado líneas arriba, comenzaron a disminuir en cantidad de asistencia.

Esto no puede entenderse si tampoco se contempla el papel que jugaron, por una parte, el Morena, que intentaba hacer llamados a la moderación y calma en las asambleas y espacios de organización. Su línea era que las masas esperaran a la apertura del proceso electoral de 2015 para votarlos al congreso; en varias localidades empezaban a nombrar a sus precandidatos debido al inicio de la etapa de pre-campañas y llamar a la resistencia pacífica; incluso AMLO decía abiertamente que no era conveniente tirar a Peña Nieto y esperar a las elecciones, tratando de contener el descredito del régimen.

Por otro lado, hay que considerar también que los padres de los 43, que asumían un rol central por estar al frente de las movilizaciones y la búsqueda de sus hijos, fueron convencidos de exigir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brazo de la OEA, en la resolución de la búsqueda de sus hijos.

Una vez llegado a este punto, la dirección del movimiento de Ayotzinapa entró en una disyuntiva. “Si el movimiento de masas había concluido, correctamente, que la responsabilidad en la desaparición forzada era del Estado, en medio de una política de militarización llevada adelante por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto [...] cabe señalar entonces la contradicción entre un movimiento que por abajo clama ‘¡Fuera Peña!’ y por arriba su dirección deposita todas sus expectativas en la intervención de un organismo ligado a una institución defensora del imperialismo como la OEA”. [9]

Con ello, las “organizaciones de la sociedad civil”, en particular un sector de defensores de derechos humanos, comenzaron a participar en conjunción con la PGR, a la vez que se esperaba la llegada tanto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y sectores del movimiento pasaron de levantar “¡#FueElEstado!” y “¡fuera Peña!” a exigir que el Estado “hiciera bien su trabajo”.

En última instancia, ya no sólo había trabas por parte de la burocracia sindical, sino la conformación de una burocracia al interior del movimiento. Como señalan Matías Maiello y Emilio Albamonte:

Junto con la reformulación del rol de las burocracias obreras tradicionales se han desarrollado en paralelo “nuevas” burocracias a la par del desarrollo de los llamados “nuevos movimientos sociales”, con la subsecuente estatización ya sea mediante los vínculos con el Estado de las llamadas ONG o vía “departamentos” estatales específicos (ministerios, secretarías, agencias) que cumplen las tareas de cooptación y regimentación en el interior de los “movimientos”. Unas y otras interactúan en forma complementaria. Las primeras, restringen las organizaciones sindicales a los sectores más altos de la clase obrera haciendo gala de un corporativismo antipopular. Las segundas, actúan desligando la lucha por los derechos civiles o “sociales” del conjunto de las demandas de la clase trabajadora. [10]

En ese sentido, aunado al accionar desmovilizador de las burocracias sindicales, fueron las burocracias de las “organizaciones de la sociedad civil” las que actuaron como mediación de la coyuntura, [11] cambiando la correlación de fuerzas y cuyo accionar combinado entre ambas instaló “la idea de que es ‘desde arriba’ que pueden lograrse las aspiraciones de cambio mediante la acción gubernamental de Morena. Las declaraciones sobre la cancelación de aspectos de la reforma educativa y de la revisión de los contratos de concesión petrolera, los anuncios de medidas paliativas ante la pobreza o el desempleo juvenil e, incluso, la reducción salarial para los altos funcionarios, apuntan en ese sentido”. [12] Al mismo tiempo, la burguesía ensayó la cooptación en el plano económico, ante la proximidad de las fiestas decembrinas, y con el efecto del dinamismo de la economía mexicana, adelantaron aguinaldos, desinflando las movilizaciones que empezaron a decrecer durante el mes de diciembre. [13] Con ello, las direcciones sindicales y un sector de las “organizaciones de la sociedad civil” ejercieron el papel de lo que Gramsci denominaba “Estado integral”.

Señalaba Gramsci que “sociedad civil y Estado se identifican, es necesario convenir que el liberalismo es también una ‘reglamentación’ de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coercitiva”. [14] Si en Gramsci el Estado ensaya combinaciones de coerción y consenso, donde el monopolio de la violencia ya no solamente está en los “destacamentos especializados de hombres armados” (como afirmaba Lenin en El Estado y la Revolución), sino en elementos que actúan como policía política y correa de transmisión del Estado burgués al interior de las organizaciones del movimiento obrero, la coyuntura de Ayotzinapa develó no solamente el uso ampliado del consenso en este marco, sino el papel que en él juegan sectores puntuales de las “organizaciones de la sociedad civil” en combinación con el papel de las burocracias sindicales como correa de transmisión de las políticas de los capitalistas al interior del movimiento obrero, desmovilizando a su base y eliminando las consignas que las masas en la calle coreaban exigiendo justicia.

¿Qué podemos retomar a siete años de la desaparición de los 43?

Pero a siete años de que estallara la coyuntura, es importante señalar también que el papel del actual partido en el gobierno no solamente emana del descontento que suscitó la desaparición de los 43. Su llegada al poder, si bien se explica por la caída de los tres partidos del régimen, hoy agrupados en la coalición “Va por México”, no puede solamente quedarse en un resultado cuasi-mecánico donde el descontento se traduce en votos. Esto precisamente porque una vez cambiada la correlación de fuerzas, con la ilusión de que era posible cambiar el sistema a través de la vía electoral, el régimen realizó diversas maniobras de desvío en los años siguientes, comenzando con las elecciones federales intermedias de 2015, donde hubo un fuerte voto al Morena, pero también la novedad de que era la primera vez que se permitía la participación de candidaturas “independientes”; [15] le siguieron las elecciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México [16] en 2016 y las distintas elecciones estatales de 2016 y 2017, donde el Morena ganaba fuerza mediante el voto de sus bases honestas junto a la incorporación de políticos de los partidos del “Pacto por México” y sus socios a sus filas.

A ello se suman el papel de las burocracias sindicales, que en la coyuntura de Ayotzinapa, como dijimos, “no hicieron ningún esfuerzo por impulsar la unidad obrera, campesina y popular para profundizar la crisis del gobierno. La movilización fue de más a menos, entre llamados a evitar la caída de Enrique Peña Nieto desde el Morena, quien al final capitalizó todo el descontento de estos años de lucha para hoy tener mayoría en ambas cámaras legislativas y la presidencia”; su caudal de votos no se explica si no es por el llamado de estas direcciones a votarlos en las distintas elecciones estatales y rumbo a las presidenciales de 2018. [17] Una operación para prevenir la alianza revolucionaria de las masas y sectores oprimidos contra el Estado capitalista, donde la clase obrera no puede intervenir como sujeto independiente.

No es una situación menor, puesto que ante situaciones de descontento, regímenes de otros países del continente han puesto por delante salidas similares combinando elementos de consenso de las masas con sus organismos de dirección y donde las burocracias de las ONG instalan la idea de que los cambios por arriba pueden solucionar las demandas populares. De ejemplo está el rol que ha venido jugando el Comité Nacional de Paro en Colombia, llamando a la desmovilización; en Bolivia tenemos un ejemplo más agudo, pues sectores de las ONG vinculadas al Departamento de Estado, y avaladas a su vez por la OEA, fueron las que instigaron el golpe a Evo Morales y que ahora, de la mano (¡nuevamente!) de la CIDH, se llamó a la conformación del GIEI en la investigación de las masacres de Senkata, Sakaba y Ovejullo; en Estados Unidos, aunque quizás no de forma tan evidente, las burocracias de las ONG directamente fueron las responsables de desmovilizar al movimiento #BlackLivesMatter, llamando a votar al Partido Demócrata y a Joe Biden como forma de (supuestamente) eliminar la brutalidad policial.

Asimismo, la importancia de la organización independiente se vuelve todavía más urgente debido a las muestras sistemáticas de continuidad en la impunidad por parte de la administración de López Obrador. Desde su voto negativo al juicio a expresidentes, su amnistía a personajes como Peña Nieto, el creciente rol que han jugado los altos mandos de las FF.AA. en tareas de orden civil o la conformación de la Guardia Nacional como otro brazo represivo que participa en las tareas de “seguridad” reprimiendo caravanas migrantes, queda claro que la intención de AMLO no es el de la justicia hacia los padres de familia por la desaparición de sus hijos, sino legitimar a las instituciones que la coyuntura de Ayotzinapa cuestionó y saldar la brecha generada entre gobernantes y gobernados. De ahí su insistencia ideológica en que la suya es una “Cuarta Transformación”, utilizando a su favor a las propias instituciones del régimen para poner en jaque a los sectores de la casta política que no adhieran a su proyecto político, ya que la crisis de la oposición neoliberal y la creación de la coalición “Va por México”, junto a los ataques desde órganos como el INE hacia la administración obradorista, son muestras de que la crisis de Ayotzinapa aún no se ha cerrado.

Entender la capacidad de desmovilización del Estado y sus agentes en el movimiento obrero y sectores de masas, alertar su papel de desvío y el funcionamiento de sus instituciones se vuelve clave al momento de intervenir en la lucha de clases. Sectores de la izquierda mexicana, al renunciar al problema de la estrategia, no solamente ha subestimado a su enemigo (el Estado burgués) en su capacidad de anticipar, cooptar y neutralizar situaciones que lo pongan en riesgo, sino que también se han acoplado a seguir jugando según sus reglas. Esto en la actualidad se expresa en la subordinación al partido de gobierno, embelleciendo su supuesto “progresismo”, [18] y yendo en contra de la necesidad imperiosa: el surgimiento de una organización independiente que responda a las necesidades históricas de la clase obrera, mujeres y jóvenes en México.

Quienes impulsamos la revista Ideas de Izquierda México y somos parte del MTS pusimos todo nuestro esfuerzo en que el movimiento adquiriera una perspectiva que apuntara en otra dirección, en la que se volviera activa la participación del movimiento obrero a través de sus organizaciones; asistimos a la ANP para plantear la necesidad de un encuentro nacional de organizaciones en lucha que pusiera por delante el llamado a una huelga general política hasta la caída de Peña Nieto y sobre las ruinas del régimen imponer la conformación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que pusiera en la palestra la discusión de la relación de México con el imperialismo y el freno de las reformas neoliberales.

La coyuntura de Ayotzinapa finalmente terminó canalizada gracias al papel que jugó el Morena —que comenzó a absorber a miembros principalmente del PRD, pero también del resto de los partidos del régimen— llamando a votar por sus candidatos en las elecciones siguientes (tanto las federales intermedias de 2015 como las estatales de años posteriores), cooptando a dirigentes populares y lanzándolos como candidatos, para finalizar con la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. [19] Hoy, desde el MTS seguimos manteniendo la misma perspectiva de independencia tanto de los partidos de la oposición de derecha como del Morena, ante lo cual ponemos a disposición nuestra prensa para la conformación de ese partido, instrumento político nacional, que requiere urgentemente el proletariado mexicano. Tarea para la cual desde el MTS luchamos en miras de forjar dicha alternativa.