Después de las declaraciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que desmintió la versión que la Procuraduría General de la República (PGR) quería hacer pasar como la “verdad histórica” para el caso de Ayotzinapa, mostrando diferentes manipulaciones en el proceso de investigación y orillando, por la presión internacional, a que el gobierno federal reabriera la investigación del caso, nuevas responsabilidades dentro de los diferentes niveles de gobierno han sido reveladas.
Lucía Rodríguez México D.F.
Viernes 23 de octubre de 2015
La desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos el 26 de septiembre del 2014, provocó una crisis de enormes dimensiones para el régimen político, que a pesar de los intentos, no ha sido cerrada y sigue siendo motivo de cuestionamiento para el gobierno de Peña Nieto a nivel internacional y nacional pues reveló una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos del Estado mexicano.
El día de ayer, la revista Proceso publicó elementos contenidos en una serie de grabaciones donde se escucha al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al exfiscal Iñaki Blanc declarando diversos testimonios que confirman la responsabilidad del ejército, la policía federal y organismos de inteligencia como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Además estas se respaldan por las declaraciones realizadas por algunos de los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, quienes escucharon las declaraciones de estos dos ex funcionarios hechas el pasado lunes 12 de octubre.
Parte de lo que había revelado el informe de el GIEI era la participación de los diferentes niveles de las fuerzas públicas del Estado la noche del crimen de Iguala, a pesar de que las autoridades federales en conjunto con la PGR habían defendido la idea de que los involucrados únicamente eran policías municipales de Iguala y Cocula vinculados al crimen organizado.
Dicha versión ha sido sostenida también por otras figuras como el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 de octubre, sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de los militares porque estos “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”. Dicho elemento ha permitido que los militares del 27 batallón de infantería fueran protegidos de declarar y ser parte de la investigación a pesar de que esto ha ido en contra de las declaraciones de las víctimas, quienes desde un principio denunciaron la presencia y actuación del ejército en la noche del crimen.
Las recientes grabaciones, en conjunto con declaraciones de legisladores federales vuelven a visibilizar que todas las instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y presuntamente hasta la Presidencia, se enteraron el mismo día de lo que sucedía en Iguala con los estudiantes, sin embargo ninguno de estos organismos actuó para evitar los asesinatos y desapariciones.
Las declaraciones de Aguirre, hacen énfasis en el llamado de su gobierno al gobierno federal, vía el acordonamiento, primero del ejército y luego de la policía federal, ante lo cual narra que ambos organismos se negaron a brindar el respaldo solicitado.
Entre las declaraciones que muestran esto encontramos la declaración donde afirma: “Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”
Según las declaraciones de los ex funcionarios de Guerrero desde las 11pm, el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero corroboró “los ataques” que se estaban viviendo la noche del 26 de septiembre.
La reapertura de las investigaciones ha implicado también la reciente orden de realizar un segundo peritaje a los restos óseos de César Mondragón, asesinado la madrugada del 27 de septiembre, quien muestra importantes signos de tortura que fueron ignorados en las investigaciones quienes solo declararon el asesinato. La brutalidad del crimen, donde participaron los diferentes niveles de gobierno y estuvieron involucrados miembros del PRI, el PAN y el PRD, continúan destapándose.
Aunque Osorio Chong ha declarado que el gobierno federal está en la línea de que los “seguirán siendo investigados a fondo” las instituciones de investigación y justicia del gobierno mexicano no se han dedicado más que a ocultar y manipular información para lavar la cara del mayor número posible de miembros del régimen político, protegiendo en primer plano al ejército y la policía federal, que es el brazo fundamental para la aplicación de los planes políticos de Peña Nieto.
Una vez más emergen más pruebas de que como resonaba en las calles hace un año, el crimen de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado que actúa en asociación con el crimen organizado y ocupa la militarización del país y la represión a la población para garantizar los planes de hambre y explotación mientras permite profundizar la opresión y despojo del imperialismo estadounidense.
