Todo apunta a que la hipótesis oficial de la incineración en el basurero de Cocula se caiga. El gobierno está en trámites para la reparación del daño a los familiares. Ellos no aceptan. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 26 de marzo de 2016
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está a la espera del resultado del análisis de los restos enviados en abril de 2015 a la Universidad de Innsbruck, Austria.
Ya existen varios indicios de que es poco probable que los restos humanos hallados en Cocula correspondan a los normalistas desaparecidos. ¿Quiénes serán los hallados en Cocula? Otros desaparecidos a quienes sus familias buscan.
Entre las evidencias de Cocula que desmienten la hipótesis oficial se cuentan el hallazgo de una prótesis dental que no corresponde a ninguno de los jóvenes normalistas víctimas de desaparición forzada.
Otras pruebas corresponden a la falta de daño o de detención de desarrollo en las plantas recolectadas en el basurero de Cocula un mes después de la noche negra de Iguala.
Faltan también evidencia de carbonización o de calcinación en los tocones de árboles donde se hallaron los restos en Cocula, que sería la consecuencia de la incineración a 1600 grados centígrados en caso de que hubiera tenido lugar.
Asimismo, en el basurero se hallaron 132 casquillos provenientes de unas 39 armas de fuego de distintos calibres, en su mayoría de armas largas. Al momento de la recolección, presentaban diferentes grados de oxidación. Parecieran corresponder a distintas fechas. Y además, los detenidos por la masacre de Iguala afirmaron que se utilizaron sólo armas cortas.
También hubo irregularidades en la recolección de la bolsa con restos en el río San juan. Fue hallada por elementos de la marina y todo el procedimiento se realizó sin la presencia del EAAF.
La “verdad histórica” que quiso imponer el ex titular de la Procuraduría General de la República Murillo Karam es un castillo de naipes a punto de desmoronarse.
El gobierno de Peña Nieto apuesta a la carta de la impunidad
Además de las irregularidades en la hipótesis de Cocula, pilar de la reaccionaria “verdad histórica”, se dio el escándalo de los amparos obtenidos por 22 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de los homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, entre ellas el de Julio César Mondragón Fontes, brutalmente torturado antes de morir.
Se dio también la férrea negativa de las autoridades federales a dar acceso de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a las declaraciones e interrogatorios presenciales de los militares del 27 Batallón de Infantería que presenciaron esa noche los hechos.
El gobierno, la policía federal y el ejército también negaron acceso al material videográfico de los circuitos estatales de seguridad y vigilancia, así como al de las instalaciones de las oficinas de la policía a las que trasladaron a los normalistas.
Según defensores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esas grabaciones contienen el momento en que por lo menos la mitad de los normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales. En su informe, la CIDH considera este caso como un “ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, secundado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que es parte, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se juega a mantener en impunidad a las instituciones del antidemocrático régimen mexicano y para eso apuesta a cerrar el caso, que provocó la crisis más grande de su gobierno.
Nada se puede esperar de estos partidos, todos con las manos manchadas de sangre, todos impulsores del Pacto por México y las reformas estructurales que buscan imponer mediante la represión y campañas satanizadoras del magisterio que resiste la reforma educativa.
Hasta el Morena de Andrés Manuel López Obrador está salpicado del horror de la noche de Iguala: tuvo como candidato a Luis Mazón, vinculado a José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala hoy detenido.
Los padres no se rinden
La Secretaría de Gobernación comandada por Osorio Chong salió a anunciar que se realizará la reparación del daño a los familiares de los normalistas desaparecidos. Pero esto implica darlos por muertos sin que se haya resuelto la investigación. Es el carpetazo que pretende ahora dar el gobierno, a cambio de un “resarcimiento económico”.
Pero las vidas de sus hijos no tienen precio. Melitón Ortega, familiar de Mauricio Ortega, uno de los jóvenes desaparecidos, declaró “Nosotros lo que demandamos es la presentación de los estudiantes, justicia y castigo por su desaparición; en estos momentos también exigimos la profundización de las líneas de investigación, entonces, ¿por qué hablan de reparación del daño?”. Los padres respondieron al anuncio oficial que constituye una falta de respeto.
Para este 26 de marzo han convocado a un acto simbólico en el antimonumento ubicado en el cruce de las avenidas Reforma y Juárez, en el que se sembrará flores nomeolvides a las 15 hs. Y a las 17 tendrá lugar un evento político-cultural. A su vez, en Guerrero el 27 de marzo llevarán una ofrenda a los normalistas asesinados por el Estado -Julio César Mondragón, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Daniel Solís Gallardo– en el lugar donde fueron hallados.
No estamos todos, nos faltan los 43
Hay responsables políticos de la noche negra de Iguala y de las desapariciones forzadas de los normalistas. Son Ángel Aguirre (ex gobernador de Guerrero), José Luis Abarca y su esposa (ambos detenidos) y Enrique Peña Nieto, entre muchos otros altos funcionarios de gobierno. No pueden quedar en la impunidad.
Ayotzinapa puso en evidencia la colusión entre el gobierno y el crimen organizado y luego aparecieron nuevos casos, como el de Moreira o el Chapo Guzmán. Desnudó la podredumbre del régimen mexicano. Nuevas desapariciones forzadas se dan a conocer día con día.
Sergio Moissen, profesor de la UNAM y aspirante a candidato independiente para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, declaró: “Éramos cientos de miles en todo el país y el extranjero que salimos a reclamar la aparición con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa. El amplio movimiento democrático que surgió ante la indignación retrocedió con el paso de los meses. Pero Ayotzinapa aun nos duele, nos indigna, nos subleva. Para que no triunfe la impunidad de los poderosos es necesario que la indignación de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores vuelva a las calles. Es necesario que las y los trabajadores que han salido a luchar en distintas oportunidades contra la precarización laboral, contra la reforma educativa y los atropellos de los empresarios y el gobierno conjuguen su fuerza y alcen su voz ¡Ayotzinapa somos todos!".
