Este martes Pedro Sánchez presentó las líneas generales de inversión de los 140.000 millones de euros que recibirá el Estado español del fondo de recuperación europeo. El mayor paquete está destinado a rescatar a la industria del automóvil, una de las grandes beneficiadas por los EREs y especialista en precarizar las condiciones de trabajo año tras año para una mayor explotación de sus trabajadores.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 14 de abril de 2021 19:57
Ya están fijadas las líneas generales que trazarán el reparto de los 140.000 millones de euros que entre ayudas y créditos recibirá el Estado español del fondo de ayuda europeo. Un plan que busca, en palabras del presidente Pedro Sánchez, “la mayor modernización de España desde la entrada en UE”.
Pero más allá de las declaraciones, lo cierto es que las líneas generales diseñadas por el Ejecutivo “progresista” se mueven entre dos objetivos claros. Por un lado contentar las exigencias de Bruselas, especialmente en lo relativo a la legislación laboral y las pensiones –ataques antipopulares en toda regla- y al mismo tiempo en contentar a las diferentes patronales estatales que no se quieren quedar sin su trozo de pastel.
En lo relativo al primer objetivo, tenemos el ejemplo del anuncio del ministro de Seguridad Social José Luís Escrivá que dejó claro esta semana que el objetivo del Gobierno es retrasar la edad real de jubilación con míseros incentivos, por un lado, y penalizaciones a las jubilaciones anticipadas por otro. Desde 2013 España está retrasando la edad de jubilación de 65 años a 67 en 2027.
Por no hablar de la reforma laboral que pasó de ser un objetivo constante de crítica de los partidos del gobierno cuando estaban en la oposición a ser intocable ahora.
Referente al segundo objetivo, tenemos el ejemplo del sector automovilístico y su peso en el reparto de las ayudas del fondo europeo. Desde el estallido de la crisis pandémica, extendida rápidamente a crisis social y económica, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias ha buscado minimizar las pérdidas de las grandes patronales.
Lo hizo, por ejemplo, con los llamados EREs, una forma de suspensión o despido de trabajadores que le permite a la empresa evitar parte de los costos legales de un despido, que se pagan con fondos públicos. Lo hizo permitiendo un verano “normal” para la patronal turística o lo hizo preservando los beneficios de las grandes farmacéuticas y del sector privado de la sanidad.
No iba a ser diferente ahora que el pastel de las ayudas coge forma y toca repartir. En este sentido la patronal del automóvil se lleva el gordo. Bajo el pomposo nombre de “Estrategia de movilidad sostenible”, el gobierno destinará nada más y nada menos que 13.200 millones a la inversión en este sector para fomentar la fabricación y la obtención de vehículos verdes, incluyendo los de recarga.
Ya desde el inicio de este mes de abril se puso en marcha el Plan Moves III, que habilita una partida de 400 millones en ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Una partida que además puede ser ampliada a 800 millones. Este plan viene a sustituir el Plan Renove, que finalizó a principios de año y que era una de las demandas más fuertes de la patronal.
De este modo el paquete de ayuda más grande se lo adjudica una patronal que está en la delantera de la explotación laboral con la implementación de medidas que precarizan cada vez a las y los trabajadores del sector.
Durante este año de pandemia, por limitarnos al periodo más inmediato, el sector del automóvil ha sido de los que más se ha beneficiado por los EREs. El 75% de las empresas del sector, teniendo en cuenta concesionarios, talleres y fábricas contratistas, ha usado esta fórmula para enviar a casa a sus trabajadores con un salario reducido.
El caso más sonado es el de Ford Amussafes, que plantea un expediente de extinción de empleo de 630 trabajadores, sin contar con los trabajos que se verán afectados en las empresas auxiliares. Y todo es cuando la multinacional, con sede en Detroit, se ha llevado más de 100 millones de ayudas públicas, en este caso de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Algo similar sucede en Catalunya con Nissan, que cerró sus de plantas de producción enteras afectando a 3.000 trabajadores directos y más de 20.000 personas que trabajan en empresas auxiliares. En este caso la empresa nipona recibió en los últimos 15 años hasta 25 millones de ayudas del Govern Catalan.
Claros ejemplos de la facilidad con la que el dinero público ha corrido hacia el sector del automóvil con el único objetivo de lucrar a la patronal y aumentar sus beneficios. Nada de esta inversión ha repercutido a favor de los trabajadores, ni a través de salarios ni a través de mejores condiciones. Más bien todo lo contrario.
No hay sorpresa posible y más allá del discurso climático como cortina de humo en este caso en boca de gobiernos y patrones, el objetivo es abrir una vía de transmisión de ayudas a la patronal automovilística. Del mismo modo que, por ejemplo, el anuncio de ayudas a la rehabilitación de viviendas es todo un espaldarazo a la patronal de la construcción.
Al igual que durante la pandemia, el norte de este Ejecutivo y de cualquier partido del Régimen es salvaguardar los intereses patronales para mantener sus ganancias mientras avanzan en los recortes para que nosotros, la clase trabajadora, las mujeres, los inmigrantes y la juventud paguemos una vez más la factura.
