Ayuso prosigue su agenda de ataques contra educación. Ya se ha materializado la eliminación del segundo ciclo de escuelas infantiles públicas para favorecer a las empresas privadas y concertadas, amparada por el silencio del gobierno “progresista” y de los sindicatos mayoritarios.
Lydia F. Madrid
Jueves 17 de marzo de 2022
Los ataques de Ayuso a la educación pública, más concretamente a la educación infantil, no cesan. Las escuelas de educación infantil de Los Ángeles, La Plazuela, Los Girasoles, La Jara, San Fermín, Los Títeres, Zaleo, Zofio y El Carmen se quedan sin el segundo ciclo. Ello sin informes que lo avalen, sin documento oficial que refleje esa intención, sin consenso ni aviso previo. De un “manotazo”, Ayuso cumple la amenaza que hiciera hace medio año: cerrar un ciclo completo de infantil para forzar a estos alumnos a entrar en colegios no adaptados para ellos o, mejor aún, que sean derivados a la concertada. Ayuso ya advirtió que facilitaría a través de cheques a las familias y conciertos el acceso a los centros privadas, una vieja treta para financiar empresas a través del dinero público.
Unos 100 alumnos se verán afectados por este tijeretazo, según datos de la Comunidad de Madrid, que se une al apagón informativo para las propias familias: “Tienen que garantizar que la gente que tiene plaza, al tener que salir a otros centros, no tenga dificultades. No hay expedientes ni nada que garantice las ratios de alumno por profesor determinadas (...) no hay información, no hay transparencia y no hay presupuestos” denuncia la diputada de Más Madrid, Tania Sánchez.
Las escuelas infantiles de 0 a 6 años son un modelo público de éxito que funcionan a la perfección y siempre han sido un referente de la educación infantil y de la innovación educativa, incluso a pesar de los ataques y recortes a lo largo de distintos gobiernos. Habida cuenta de ello es que se tratan de centros de alta demanda y con una valoración muy positiva de las familias. Un modelo innovador de educación que quedará extinguido en Madrid aunque siempre se ha presentado como un formato recomendado para esas edades y, especialmente, para alumnos con dificultades en su desarrollo, ya que es un modelo en el que el contacto docente-familia es diario, su participación es un motor clave y cuentan con lo que se les llama “la pareja pedagógica” (dos adultos por aula), algo que también desaparecerá.
La Consejería de Educación, con Enrique Ossorio a la cabeza, negaba en noviembre que esto se fuera a producir y tan solo cuatro meses después, ha pasado a asegurar que estas plazas serán reconvertidas para alumnos de 0 a 3 años. Ni los recursos de moratorias presentados en la Asamblea de Madrid, ni las denuncias de partidos políticos de la oposición, ni las quejas y recursos contencioso-administrativos de sindicatos parece que vayan a frenar este ataque directo a la educación pública.
Sin plazas y sin planes de construcción de nuevos CEIP, estos alumnos se ven arrastrados a solicitar plaza en los centros concertados o privados de su entorno. Si a esto le sumamos que para el nuevo curso 2022/2023 comienza la bajada de ratio a 20 alumnos en 3 años de educación infantil, aquellos centros públicos que no dispongan de espacios suficientes, se verán obligados a reducir el número de plazas ofertadas para la matriculación de alumnos, ya que esta bajada de ratio es progresiva e irá escalando hasta completar todo la etapa educativa obligatoria.
Lo que lleva siendo una reclamación de la educación pública durante años, la bajada de ratio para mejorar la calidad de la enseñanza, es aprovechado por el gobierno neoliberal de la Comunidad de Madrid en beneficio de la privada/concertada, mercantilizando un derecho fundamental como es la educación, desviando cada vez más presupuesto público a empresas, fomentando el concierto educativo y negándose a invertir en nuevos centro públicos en la Comunidad como reclaman y necesitan las familias.
Como hemos dicho, la vía parlamentaria y sindical no está teniendo resultados. Y esto no sólo es inoperancia, también complicidad. Debemos recordar que la actual ley educativa es la del PSOE, el cual pretende recuperar su antigua ley, que introdujo los convenios y ya supuso un deterioro muy significativo de la calidad de la enseñanza. Ante esta deriva, ni UP ni Más Madrid moverán un dedo, ya que sería lanzar críticas contra sus propios socios. No hablemos ya de los sindicatos mayoritarios, que tragaron la no-derogación de la reforma laboral y que actuarán en completa connivencia con el gobierno supuestamente “progresista”. Sólo desde la organización y desde la lucha en la calle, la clase obrera, la comunidad educativa de la escuela pública, tiene una oportunidad para defender su derecho. La alternativa es el fin de la educación pública, que está más cerca con cada nuevo ataque neoliberal. Debemos seguir el ejemplo de nuestros compañeros y familias en Catalunya, que han levantado una huelga educativa sin precedentes. Organicémonos, unámonos y salgamos juntos a reclamar lo que es nuestro por derecho.
