En mitad de una carrera de fondo contra el ataque a la universidad pública de Isabel Díaz Ayuso por parte de estudiantes y trabajadores de las universidades madrileñas, el consejo social de la complutense dirigido por el rector Joaquín Goyache, ha decidido hacer un recorte del 35% en los presupuestos a facultades y vicerrectorados.
Miércoles 18 de diciembre de 2024
Este martes la vicerrectora económica de la Universidad Complutense de Madrid, María Begoña García Greciano, anunciaba que se prorrogarán los presupuestos de 2024, ya ínfimos, con una retención del 35% con la idea de que faltan millones en inversión a la UCM y con el foco principal del recorte apuntando supuestamente a no recortar sueldos sino a la ralentización de la promoción de prácticas. Se trata de un recorte histórico del rector Goyache quien, recordemos, otorgó a Ayuso el premio de alumna ilustre.
Hace cuatro años, las universidades públicas madrileñas recibieron 456 millones de euros por sentencias contra el Gobierno de Esperanza Aguirre, pero ya entonces resultaba insuficiente, lo que se tradujo en una mayor precariedad de los trabajadores y unas peores condiciones de estudio para estudiantes.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) utilizó esta partida para mantener sus cuentas saneadas, pero los fondos se agotaron en julio de 2023. La UCM ha implementado recortes del 30% en saldos de créditos disponibles desde verano y recientemente anunció una reducción adicional de 5 puntos.
La UCM reconoce dificultades para resolver su déficit estructural y demanda mayor financiación, pero no denuncia la ofensiva de Ayuso contra la universidad pública, ni que la LOSU y la LCU, contrarreformas universitarias impulsadas por el exministro Manuel Castells (de Unidas Podemos), son las que permiten que se lleve a cabo el ataque. Al contrario, el rector y su equipo, conformado también por grandes empresas, es directamente funcional al ataque de Ayuso para desmantelar la universidad pública.
Desinversión, precios altos y lógicas privatizadoras
Actualmente Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en universidades públicas por alumno (4.779 euros frente a una media española de 6.118 euros en 2021-2022) y hay docentes que cobran por debajo del salario mínimo como demuestra la insuficiente inversión en gastos de personal por empleado (34.738 euros frente a una media española de 35.688 euros). En ese contexto, el recorte que quieren implementar empeora aún más la situación. Supondrá una reducción en gastos esenciales como limpieza (16,3 millones en 2023, 3,3 millones menos que en 2022), lo que implicará despidos a trabajadoras subcontratadas, peores condiciones y mayor carga de trabajo para las que se mantengan en sus tareas.
En 2023 se matricularon 47.500 estudiantes de grado, una disminución respecto a los 54.000 de hace una década. Cinco de los nueve centros adscritos a la UCM se están dando de baja; dos (CUNEF y Villanueva) ya se han constituido como universidades privadas. Esto no es casual. La destrucción del sistema público de universidades tiene el objetivo de que las universidades privadas se constituyan como las únicas para que los hijos de la burguesía puedan tener una educación de calidad, mientras que los hijos de la clase trabajadora nos educamos para ser mano de obra barata.
Las universidades madrileñas, junto con las catalanas, tienen los precios públicos más altos por alumno (más de 1.700 euros de media) de todo el Estado. Algo que combinado con la reducción de becas y la obligatoriedad de la asistencia aplicada por el plan Bolonia, hace que a la clase trabajadora le resulte cada vez más difícil compatibilizar sus estudios con el trabajo.
En 2025, la UCM dispondrá de solo 6 millones de euros para infraestructuras en sus 27 facultades, un aumento de 3,7 millones tras protestas. Esto se trata de un claro ataque a las facultades que ya venían teniendo problemas de presupuesto, como la de Filología y Filosofía, Bellas Artes o Historia que son facultades compartidas por decenas de carreras, con falta de docentes, con estructuras destruidas por el paso del tiempo, clases abarrotadas, aunque cada vez más es una situación extensible a todas las facultades.
Este recorte significa que los consejos sociales deberán buscar una salida al déficit presupuestario de la universidad, lo que redundará en mayor poder de decisión de las grandes empresas, puesto que serán ellas quienes aporten el presupuesto. Habrá más prácticas sin remunerar en las empresas, grados y máster cuyo contenido será decidido por ellas, cursos proporcionados por ellas, una mayor presencia en la vida universitaria. Es decir, el avance sostenido de una lógica privatizadora de la universidad pública.
Paremos el ataque con la lucha y la unidad entre estudiantes, docentes y trabajadores no docentes
Como hemos denunciado desde la agrupación Contracorriente y la CRT, la aprobación en 2022 de la LCU y la LOSU, promovidas por el Gobierno “progresista”, han servido para avanzar en la senda de precarizar, privatizar y dar más poder a las empresas en las universidades públicas.
En ese marco es que el gobierno de Ayuso quiere eliminar la totalidad de los servicios públicos para favorecer las entidades privadas realizando ataques al estilo de Milei, se ha visto con la sanidad pública pero también con la secundaria y ahora con los estudios universitarios.
Los rectorados que como el de la UCM apliquen los recortes, también serán los primeros en aplicar la represión de la Ley Viciana de Ayuso, como lo venían haciendo con la LCU contra las movilizaciones estudiantiles por Palestina.
Para parar este ataque brutal, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes tenemos que unir fuerzas para llevar adelante un plan de lucha con independencia de los rectorados. Hay que recuperar las mejores tradiciones de lucha del movimiento estudiantil, autoorganizado en grandes asambleas, junto a los trabajadores de la universidad. Al mismo tiempo, hay que buscar alianzas con el resto de los sectores de trabajadores de la Comunidad de Madrid que están siendo atacados por el gobierno autonómico, como sanitarios, FPs y la educación secundaria.
Para echar atrás la Ley Viciana y lograr un aumento de los presupuestos que acabe con la infrafinanciación, implica enfrentar la LCU y la LOSU del Gobierno “progresista”, que sólo sirven para reprimirnos y avanzar en la neoliberalización de las universidades.
El ataque de Ayuso a la universidad pública sigue adelante y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso salimos a luchar por una universidad pública al servicio de la clase trabajadora
📢Jueves 19 de Diciembre a las 12h Asamblea de Madrid pic.twitter.com/MhUqIV9L8X
— Contracorriente Madrid (@Contrac_Mad) December 17, 2024
Preparemos desde ahora un cuatrimestre de lucha, con ocupaciones de facultades, manifestaciones, cortes de calles y huelgas educativas para enfrentar y derrotar el ataque.
