Ayuso no cede y la huelga de Atención Primaria en Madrid queda empantanada: ¿qué hace falta para torcerle el brazo?

Con todavía las impactantes imágenes en la retina de la manifestación del pasado domingo, que volvió a concentrar por segunda vez a cientos de miles de personas en las calles de Madrid en defensa de una sanidad pública, se produjo este lunes la reunión del Comité de Huelga del sindicato Amyts con la Consejería de Sanidad, una vez más sin estar siquiera presente el consejero Enrique Ruiz Escudero.

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La reunión ha finalizado sin ningún acuerdo ante la insistencia de la Consejería de valorar únicamente su propuesta sin tomar en consideración ninguna de las propuestas de los médicos en huelga, incluso tras haber hecho un esfuerzo por “rebajar algunas líneas rojas”, como explicaron los portavoces del comité médico tras la fallida reunión. Además, el encuentro finalizó sin una fecha prevista para continuar con la negociación y con una actitud absolutamente chulesca y prepotente de Ayuso y su Gobierno. Tras la reunión, de hecho, hubo declaraciones infames de la propia Ayuso desde Israel -donde se encuentra de gira-, del consejero de Sanidad y del vicepresidente Enrique Ossorio, que arremetieron de nuevo contra las y los médicos de la primaria censurando la huelga y la manifestación, a la que tacharon de “tener fines electoralistas de izquierda”, ridiculizando el seguimiento de la huelga y llegando al colmo de defender que en Madrid se encuentra la mejor atención sanitaria del Estado.

En la reunión de este lunes el Gobierno de Ayuso volvió a poner encima de la mesa su modelo de gestión sanitaria ultraliberal y de degradación de la sanidad pública. Un plan que se basa en implantar un programa piloto destinado a reducir las agendas imponiendo que el excedente de pacientes lo asuman voluntarios haciendo horas extra. Es decir, degradando aún más el servicio. Los sanitarios exigen por el contrario “un plan de choque para que haya plantilla suficiente”, valorando la urgencia de la situación, puesto que a partir de mayo “en el que hay 300 especialistas de medicina familiar comunitaria y de pediatría que, dependiendo de lo que hagamos estos meses, van a decidir si se quedan y revierten su conocimiento en las plazas vacantes de la Comunidad de Madrid, o si buscan otros horizontes”, en palabras de Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

Una lucha del conjunto de la población trabajadora

Amyts, el sindicato convocante de la huelga, se presentó en la reunión del lunes con una actitud conciliadora, según manifestó Ángela Hernández, con el objetivo de progresar en las negociaciones y “desencallar la huelga indefinida” que los médicos de familia mantienen desde el día 21 de noviembre, con un pequeño parón en las navidades. Según Hernández, se hizo un esfuerzo por “rebajar las líneas rojas” que tienen su origen en los incumplimientos continuados de la Consejería y que se arrastran desde las protestas de 2020.

La actitud conciliadora de Amyts, sin embargo, aún no ha logrado su objetivo porque, por el momento, se mantienen firmes en la defensa de su reivindicación fundamental que pasa por un incremento real del presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a los centros de salud. No están pidiendo exclusivamente un incremento salarial o mejoras económicas en general en un sentido corporativo, sino que están demandando un incremento de las plantillas de los profesionales destinados en los centros de atención primaria. Un acuerdo respecto del incremento de la financiación para evitar la diáspora de las y los médicos de la primaria, pediatras y otros colectivos profesionales del sector que les permita trabajar con unas agendas de pacientes que posibiliten la atención con dedicación de al menos 10 minutos por paciente, sin que eso implique colapsos ni retrasos en la atención primaria tan básica y esencial en la prevención de enfermedades y en la calidad de la sanidad pública.

En este sentido, la lucha planteada es efectiva y claramente política, dado que plantea directamente un interés colectivo que favorece a las y los trabajadores y sectores populares respecto de sus condiciones sanitarias y no se limita a defender intereses corporativos de grupo, aunque sean legítimos por las justas reivindicaciones laborales de las y los médicos. Como sostiene una reciente declaración de la CRT, “el derecho a la salud forma parte de las condiciones de vida de la clase obrera, es parte del salario indirecto, no retribuido directamente por los empresarios, impuesto al Estado y financiado con cargo a las empresas y los presupuestos, de forma que se libera una parte del salario percibido por el trabajador para financiar la sanidad porque ya se hace con cargo a las cotizaciones empresariales y mediante impuestos, como ocurre con el resto de servicios públicos educación, dependencias etc... (…) Es por eso por lo que la defensa de la sanidad pública no es una reivindicación corporativa o de un sector de los trabajadores, sino que por el contrario es una cuestión que afecta a toda la clase obrera, como es la lucha por el incremento del salario o contra los despidos.”

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La situación en la sanidad madrileña, aunque de un modo mucho más acuciante y degradado, es en realidad muy similar en el conjunto de la Sanidad Pública en el Estado español. Solo hace falta ver las manifestaciones de este fin de semana en Santiago o Burgos además de Madrid, y la ola de protestas durante estos meses en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, incluida la huelga de 48 horas de la sanidad y la educación en Catalunya, muy centradas en la atención primaria donde ninguna se acerca ni por asomo al 25% de inversión sobre el total de los costes sanitarios que se recomienda como un mínimo.

Como demuestran los datos de precarización, privatización y colapso -algo que fue verdaderamente dramático durante la pandemia de Covid-, el conjunto del sistema estatal de salud se encuentra en una situación crítica. Esta situación es el resultado de años de gestión neoliberal en todas las comunidades autónomas, amparada por leyes privatizadoras como la ley 15/97. Una ley que nació de un pacto entre PP y PSOE y que ha sido sostenida por todos los partidos del Régimen, incluidos el Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos.

Quienes hoy tratan de ponerse al frente de “la defensa de la sanidad” en las comunidades donde gobierna la derecha, como el PSOE, Unidad Podemos o Más Madrid, que llevaron a todas sus figuras (y candidatos) a marchar y hacerse selfies el pasado domingo en Madrid, tienen otros “fines políticos” que no pasan por cómo triunfa la lucha de la sanidad, sino como utilizan el movimiento como base de maniobra para sus campañas electorales. Y no lo olvidemos, estos mismos partidos son los que han aprobado unos Presupuestos Generales militaristas, aumentando un 26% el gasto militar para reforzar el rearme imperialista del Estado, mientras partidas sociales como la de sanidad se mantienen por debajo de la inflación, a la vez que integran gobiernos en otras comunidades donde la situación de sanidad también hace aguas.

Hace falta una estrategia para vencer

La prepotencia del Gobierno de la Comunidad forma parte de una estrategia de desgaste que pretende agotar al personal médico en huelga. La última chulería de Ayuso de intentar prohibir los carteles a favor de la huelga de atención primaria en los centros de salud de Madrid es parte de esta actitud. Ayuso se apoya en un elemento real: el relativo agotamiento del conflicto tras casi tres meses de huelga, a pesar de la enorme manifestación de fuerza que supone mantener un conflicto tan prolongado con alto índice de seguimiento y el apoyo de gran parte de la población, como han demostrado las dos manifestaciones históricas del 13 de noviembre y el domingo 12 de febrero. Obviamente no se puede descartar que pueda haber una “negociación”, porque la huelga comienza a ser “una debilidad electoral” cada vez mayor para Ayuso, como reconocen en su propio entorno. Pero en caso de que se pueda lograr un acuerdo que ponga fin a la huelga, en las condiciones actuales solo puede ser sobre la base de rebajar parte de las reivindicaciones.

Esta situación plantea un problema estratégico clave: ¿con qué fuerzas y con qué métodos se le puede torcer el brazo a Ayuso? Es evidente que fuerzas hay. En los centros de salud, en los barrios y en las calles, como han demostrado las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas. Sin embargo, estas fuerzas no están golpeando todas en forma concentrada en el mismo punto, que es el principio más general de toda estrategia.

La lucha es un instrumento para un objetivo: derrotar el plan de Ayuso e imponer que se lleve a cabo un plan sanitario que responda a las necesidades de la población trabajadora que sufre la degradación de la sanidad. Si el objetivo es vencer, entonces es necesario concentrar toda la fuerza posible en un golpe decisivo que le tuerza el brazo al Gobierno de la Comunidad.

Lo que se plantea con urgencia imperiosa es extender el conflicto hacia el conjunto de la sanidad pública madrileña y unificar en una misma lucha a todas las trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario, de todas las diferentes especialidades sanitarias y categorías en los hospitales, sean fijos o temporales, hasta las y los trabajadores de las empresas externalizadas. Desde los médicos y enfermeras, hasta los celadores y las trabajadoras de la limpieza. Allí está en primer lugar la fuerza para ganar esta batalla.

Los centros de salud y los hospitales, pueden ser la base donde trabajadores se movilicen y coordinen a partir asambleas democráticas y participativas de todo el personal, sin distinción de categoría profesional o de si son fijos o temporales, para que el conflicto entre en una nueva etapa. Hay que retomar la tradición de lucha que mostró ante los recortes del Gobierno de Rajoy y que permitió la retirada de los planes de privatización de los planes de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades en 2012.

Amyts y el comité de huelga se encuentran hoy en una posición privilegiada y cuentan con una gran autoridad entre el resto del personal sanitario para plantear al resto de los sindicatos y trabajadores de la sanidad la necesidad de extender la huelga al resto de categorías, superando la limitación que supone una huelga dirigida por un sindicato profesional que solo agrupa a los médicos y los titulados superiores de la Sanidad. La ampliación de la huelga implica necesariamente la incorporación de otras reivindicaciones que la huelga convocada por Amyts no plantea, como la mejora de las condiciones salariales de todas las categorías más bajas (celadores, auxiliares, técnicos de emergencias...) que muchas veces superan por muy poco el SMI, la estabilización de todos los contratos o la internalización inmediata de todos esos servicios. Ampliar el programa de lucha es la vía para ampliar la propia huelga.

Pero incluso con esto no alcanza. La paralización de la sanidad, por su propia naturaleza, no puede ser total. Para triunfar necesita la coordinación y el concurso de otros sectores. En primer lugar, del resto de las y los trabajadores del sector público, exigiendo a las burocracias de CCOO y UGT la convocatoria de un plan de lucha y una huelga general en la educación y los servicios sociales, que también han sido profundamente agredidos por el Gobierno de Ayuso. En segundo lugar, sumando a otros sectores de trabajadores que luchan por separado contra la inflación y por sus propias reivindicaciones, como recientemente las valientes dependientas de Inditex, que con su lucha le torcieron el brazo nada menos que a Amancio Ortega. Por último, de los propios usuarios y vecinos de los barrios que vienen sosteniendo cada manifestación de apoyo a la lucha, así como de los movimientos sociales, como el movimiento de mujeres, la juventud, los estudiantes, las y los migrantes.

En esa alianza obrera y popular están las fuerzas sociales para vencer. Las organizaciones sindicales que se reivindican del sindicalismo de base, como el MATS, CGT y otras, tienen ante sí una gran responsabilidad en plantear una perspectiva para el triunfo del conflicto. El planteo de la huelga general de la sanidad, sumando al resto de las y los trabajadores del sector público, y llamando a la coordinación con otros sectores de trabajadores en lucha, las asambleas vecinales y los movimientos sociales, es un combate contra todas las direcciones burocráticas que se niegan a romper la rutina y el corporativismo. El impulso de organismos democráticos de coordinación que unifiquen a los distintos sectores, incorporando sus propias reivindicaciones, es la vía más democrática y efectiva para avanzar en este camino.

Desde la CRT e Izquierda Diario, junto a nuestras jóvenes compañeras de Contracorriente y Pan y Rosas, seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos para aportar al triunfo de esta lucha, en defensa de un programa de emergencia por una sanidad pública universal y de calidad, denunciando la operación política de quienes, como el PSOE, Unidas Podemos o más Madrid, quieren conducir el conflicto detrás de sus aspiraciones electorales.

Lo hacemos en la perspectiva de terminar con el negocio de la salud en manos de los capitalistas, superando el modelo de gestión y cogestión público-privada que se ha sostenido durante décadas por todos los gobiernos, ya fueran de derecha o “progresistas”. Contra el negocio de concertadas y consorcios, hay que imponer la derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, luchando por la expropiación sin pago de todas las empresas de salud privadas -incluidas las grandes farmacéuticas- y la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.