Desde Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet se pronuncia sobre el “estallido social” y los crímenes del Estado, escondiendo sus manos manchadas con sangre con las cuales dirigió a Carabineros contra el pueblo mapuche y el pueblo trabajador chileno en su momento
Martes 23 de febrero de 2021
Claudia Perivancich es la fiscal que investiga la violencia de Estado y la ejecución de delitos de lesa humanidad desde el inicio de la revuelta, y para la investigación ha solicitado información a distintos organismos de protección de los derechos humanos, tras tener que tramitar más de 20 querellas por estos crímenes contra Piñera, Chadwick, Blumel y el ex general de Carabineros Mario Rozas, entre otros.
Una de las solicitudes que envió la fiscal fue para Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien respondió 9 preguntas en relación al rol de la misión especial enviada por la ONU e información obtenida de autoridades políticas chilenas, como diputados de la comisión de ddhh, los presidentes de las cámaras del senado y diputados, el contralor, presidente de la Corte Suprema, etc.
Dentro de sus respuestas, Bachelet enlistó las causas del “estallido social”: “La desigualdad socioeconómica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales, la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGTBTI, los casos de corrupción de funcionarios públicos y las penas leves o la impunidad por casos de corrupción; así como las medidas específicas de autoridades a partir del 4 de octubre de 2019, como parte del contexto de la crisis que resultaron en las protestas a partir del 18 de octubre de 2019”.
Ante la represión y las violaciones a los derechos humanos dijo: “entre otras conclusiones, cabe destacar que el informe [realizado por la oficina que dirige] concluyó que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.
Bachelet y la ONU en esto no mienten, pero la ex presidenta esconde la responsabilidad de sus gobiernos en profundizar la crisis que vive hoy la sociedad chilena. Fue ministra de salud de Lagos y presidenta en dos períodos, donde lo único que hizo fue administrar y profundizar la herencia de la dictadura en beneficio de los empresarios a costa de la represión, como al movimiento estudiantil. Recordemos que Luksic y Ponce Lerou hicieron aportes a sus campañas presidenciales.
Además, ella tiene también sus manos manchadas con sangre. No olvidemos que Nelson Quichillao fue asesinado en junio del 2015 por Carabineros, durante la lucha de trabajadores subcontratados de Codelco en el segundo año del gobierno de la Nueva Mayoría, que contaba también con ministros y puestos gubernamentales del Partido Comunista.
Rodrigo Cisternas es otro caso, ocurrido en el primer gobierno de Bachelet. Obrero forestal de 26 años asesinado por fuerzas especiales fuera de la de la planta Celulosa Horcones, filial de Bosques Arauco en Concepción (propiedad de Empresas Arauco, también dueña de CELCO y propiedad de Empresas Copec, del grupo Angelini). Como dio a conocer CIPER en una investigación en enero del 2019, éste grupo económico fue parte del financiamiento ilegal -pero generalizado- a la política: dio plata para la derecha y también para la campaña de Bachelet, y para esta última una suma de 360 millones de pesos.
Como describíamos en una reciente publicación: “Quienes fueron estudiantes secundarias y secundarios el año 2006 vivieron la dura represión estatal durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, luego el año 2007 el trabajador Rodrigo Cisternas fue asesinado por la policía con fusiles de asalto en medio de una huelga forestal en el sur de Chile. La situación sólo aumentó posterior al año 2011, con el perfeccionamiento de los aparatos represivos. Para el 1° Mayo de 2015, durante el segundo periodo de Bachelet, Rodrigo Avilés, estudiante y militante de izquierda, fue lanzado al piso por el chorro de un carro lanza aguas de la policía, quedando en coma inducido y peligro de daño permanente. Poco más tarde, en Julio del mismo año, Nelson Quichillao resultaría asesinado por balas de alto calibre de la policía en medio de una huelga minera en el norte del país.
Recordemos también a los mapuche a quienes el Estado asesinó como Johnny Cariqueo Yañez 2008 muere de un infarto luego de una golpiza brutal propinada por efectivos del GOPE y de la Comisaría 26° de Pudahuel; Matías Catrileo, también en 2008 fue asesinado por disparos de carabineros en la recuperación de territorio en el ex fundo Santa Margarita en Vilcún; en 2009 es asesinado Jaime Mendoza Collio, durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad por disparos del cabo Patricio Jara Muñoz, además de José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, Victor Manuel Mendoza Collío y Macarena Valdés, quienes o fueron asesinados en “extrañas circunstancias” o como consecuencia de la ocupación histórica del Wallmapu que Bachelet, por supuesto, tampoco intentó revertir.”
Desde este medio, la “Lista de Trabajadorxs Revolucionarixs” y el PTR seguimos luchando por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos. Piñera, Chadwick, Blumel y Rozas deben pagar. Y no olvidamos a quienes, como Bachelet, comparten responsabilidad con sostener 30 años de neoliberalismo en Chile.
Yuri Peña
Licenciado en Historia. Estudiante de pedagogía en la U de Chile. Militante de VENCER y del Partido de Trabajadores Revolucionarios
