La burocracia de la UTA avala el aumento de un 30% del pasaje de colectivo que propone el gobierno de Gay realizando un paro que se llevará a cabo entre las 18hs del viernes y las 6hs del sábado.
Jueves 16 de enero de 2020
Si algo caracteriza a Bahía Blanca no es solo la contaminación del Polo Petroquímico, el alto porcentaje de desocupación de los jóvenes o que tenemos el intendente de mejor salario del país, Héctor Gay que gana $700.000 al mes, sino también porque tiene uno de los boletos de colectivo más caros de Argentina.
Ayer se conoció la inflación interanual de 2019 cerrando en un casi 54% acumulado, la más alta desde 1991. No hace falta aclarar la inmensa pérdida del salario real de los trabajadores que esto representa, ya que son pocos los sectores que llegaron a empatar esos porcentajes con sus paritarias. También se suma un aumento del 51% al monotributo, que afecta a lxs más precarizadxs. Las políticas del presidente Alberto Fernández dejan entrever un ajuste al salario de los trabajadores que, en concordancia con los economistas más liberales, quiere imponer la idea de que el aumento del salario genera en sí mismo más inflación. Todas medidas para dejar contento al FMI y hacernos pagar esa deuda odiosa que dejó el Macrismo.
Ricardo Pera, secretario general de la UTA, se refirió a la actitud tomada por el bloque del Frente de Todos y la concejal Gabriela Schieda, quienes el pasado 10 de enero no dieron quórum para que se tratara la suba del boleto de esta forma: "No podés hacer política con el boleto de colectivo. O decís que estás de acuerdo o decís que estás en contra. Es una irresponsabilidad porque nos deja en una situación de desconcierto absoluto. Este mes ya cobramos en dos veces y eso genera un problema grave para las empresas. Además, la gente no sabe cuándo le va a subir el boleto".
Si de algo no cabe duda es que para Ricardo Pera la única solución posible para “defender” a los trabajadores del transporte es la exigencia del aumento del pasaje sin siquiera cuestionar cómo se destinan los subsidios millonarios de provincia y del municipio a las empresas de transporte. Además, hay que recordar que siempre negoció paritarias a la baja sin parar un solo día, y que nada dice de lo difícil que es para una familia trabajadora llegar a fin de mes, viajar muchas veces como ganado al lugar del trabajo pagando una tarifa que se encuentra entre las mas caras del país. Sólo recuerda que existe el derecho a huelga para defender a las empresas que ganan millones de pesos en boleto y subsidios.
En su campaña electoral, el oficialismo bahiense junto con Vidal, prometió el boleto estudiantil gratuito y el mismo día que Gay asumió su segundo mandato a la intendencia dijo que era imposible “otorgar” eso, mientras que a las empresas de transporte le quieren aplicar una cláusula gatillo para que puedan atacar el bolsillo popular automáticamente.
Si bien el Frente de Todos y la concejala Gabriela Schieda no dieron quorum, hay que destacar que ese día alrededor de 300 personas se encontraban en el concejo deliberante manifestándose en contra de las derogaciones a las ordenanzas municipales que tienen que ver con el Instituto Cultural y del aumento del boleto, demostrando que la población bahiense no está dispuesta a aceptar otro aumento de los pasajes.
Los choferes de colectivos en Bahía Blanca son parte de la clase trabajadora que viene sufriendo hace años la caída de su salario frente a la inflación. Son los trabajadores del transporte “público” los que quedan atrapados en la disputa para ver quien paga sus salarios, si las empresas millonarias con enormes subsidios provinciales y municipales o los trabajadores y estudiantes que acceden al transporte. Hay que apelar a la solidaridad de todo el pueblo trabajador a respaldar a los y las choferes que luchan por recuperar su calidad de vida ante tantos ataques.
A pesar de todos los subsidios a las empresas de transporte, la dirigencia de la UTA se pone del lado de las empresas que exige aumentar aún más a quienes pagamos una tarifa que ya nos complica la vida. Frente a la creciente inflación y el aumento real en el costo de vida la única solución que proponen consiste en trasladar la crisis al bolsillo del usuario en lugar siquiera de tocar mínimamente la ganancia de los empresarios, una lógica alineada con el criterio de "solidaridad" que viene desarrollando el gobierno nacional de Fernández y el kirchnerismo. El transporte público, no solo en Bahía Blanca sino también en todo el país, tiene que estar regulado por los propios trabajadores y usuarios, sin empresas intermediarias que aumentan sus ganancias a costa del bolsillos de la gente.
El servicio de transporte público no debe ser un negociado
Como primer paso es necesario que las empresas abran los libros contables y expliquen qué hacen con los cientos de millones de pesos en subsidios que reciben todos los años.
Luego, estatizar el transporte público bajo control de trabajadores (choferes, administrativos, mecánicos, mantenimiento y demás trabajadores del servicio) y usuarios asesorados por especialistas de la universidad en áreas de trasporte, movilidad, desarrollo urbano y ambiental. Todas las modificaciones que se propongan tienen que ser aprobadas y controladas por los usuarios.
El presupuesto para el servicio de transporte debería salir a partir del cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas empresariales como por ejemplo las multinacionales del Polo Petroquímico, las corporaciones cerealeras y/o las corporaciones inmobiliarias.
Tomando en cuenta estos tres actores que son los más involucrados en el transporte público, se puede obtener un servicio de calidad que no sea en función de la ganancia de un puñado de empresarios sino en función del interés de la mayoría de los trabajadores.
