Cada día es más difícil conseguir un laburo por la crisis económica. Un analisis de la situación del empleo en la ciudad en los últimos 10 años, nos muestra la real profundidad de un problema que es estructural y que necesita una solución de manera urgente.
Sábado 25 de mayo de 2019
El pasado miércoles 8 se cumplió un año del acuerdo con el FMI, pedido por el gobierno de Cambiemos y apoyado por votos peronistas. Este salvavidas de plomo que supuestamente iba a salvar a Argentina de una crisis mayor, solo agravó la situación para millones de familias de trabajadoras.
El cierre masivo de comercios y los despidos, son consecuencia directa de una política de ajustes que se vio muy agravada tras el acuerdo con el FMI. A cambio de los 57.000 Millones de dólares el Fondo exigía más ajuste en las cuentas del Estado, pero también reducir lo más posible la capacidad de compra de los salarios, para bajar las ventas y con eso obligar a los comerciantes a dejar de aumentar los
precios.
Alcanzó muy poco tiempo para mostrar el desastre que implicaba este plan. En enero era noticia que los últimos meses cerraron 100 comercios en la ciudad, dejando cientos de familias sin ingresos necesarios para la subsistencia. Lejos de comprobarse que se iba a bajar la inflación, desde el acuerdo la inflación en la ciudad es de un 50,7%.
Quizás una de las noticias más impactantes fue el cierre de Lucaioli, cadena de electrodomésticos que había logrado una gran expansión desde la ciudad hacia el sur. Este caso no es asimilable al del resto de los pequeños comercios que entraron en bancarrota producto de los aumentos en los alquileres y las tarifas, la baja en el consumo, etc.
Como habíamos publicado anteriormente, trabajadores denuncian que los dueños poseen grandes extensiones de campos y que han ido reconvirtiendo su capital en concesionarias de autos. En este caso el Sindicato de Empleados de Comercio y Camioneros en lugar de impulsar una investigación de los libros contables para ver hacia donde se giraron las ganancias y tratar de impedir que 500 familias queden en la calle, se contentaron con que se paguen las indemnizaciones. Como se hizo público, después de despedidos se hizo responsables a los laburantes de la empresa a vender la mercadería que había quedado en la empresa para poder terminar de pagarse sus indemnizaciones, una verdadera tomada de pelo.
El desempleo, un problema estructural de la ciudad
Estos cierres masivos son un agravante de una situación de larga data: En Bahía es muy difícil conseguir trabajo. Ya en 2014 Bahía Blanca era noticia por ser una de las ciudades con más desempleo del país (9,7%), solo superada por el Gran Córdoba.
Si vemos los datos del periodo 2009-2015 con gobiernos kirchnerista a nivel nacional, provincial y local (al menos hasta que Bevilacqua se pasó al Massismo en 2013), sacando meses particulares que se salieron de la media, el desempleo varió entre el 7,5 y el 9% y casi siempre estuvo en la media por encima del nivel nacional. Estamos hablando que de manera prácticamente constante desde el 2009 hay entre 11.000 y 13.000 bahienses que tienen problemas para conseguir trabajo.
Si a estos desocupados les sumábamos quienes trabajan al menos una hora a la semana y menos de 35, que las estadisticas oficiales señalan como subocupados, los bahienses afectados por serios problemas laborales rondaban entre los entre los 15000 y 17000. Otro dato de importancia era la precarización laboral cercana al 30%, que se llevó la vida de decenas de trabajadores como Juan Cruz Manfredini, y el mayor desempleo en las mujeres que en los hombres.
Si analizamos los 3 años de gobierno de Cambiemos que tenemos estadisticas (2016-2018), no se ven diferencias importantes en relación al desempleo con el periodo 2009-2015. El último dato oficial que es del 2018, muestra que hubo un crecimiento del mismo en torno al 9%, comparable con el 2009 y el 2011. Sin embargo esto probablemente vaya a agravarse cuando se hagan públicas las primeras estadísticas del 2019, producto de la recesión y el cierre masivo de comercios. Donde sí se ve un cambio importante es en un aumento de la subocupación que se disparó en los ultimos meses del año a un 8,2%, más del doble del promedio de los últimos años. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es un agravante de esta situación, ya que las familias necesitan más de un salario para poder sostenerse.
Los políticos tradicionales no tienen soluciones
La lluvia de inversiones prometida por el Macrismo nunca llegó. Los distintos proyectos de inversión que se mencionaron en la prensa los últimos años, fueron sistemáticamente cancelados. Tanto en Cambiemos como en el Peronismo/Kirchnerismo tienen su principal apuesta en la ampliación del Polo Petroquímico y en que Bahía Blanca sea el gran exportador de los recursos de Vaca Muerta, aunque no hay ninguna seguridad que estos proyectos vayan a concretarse.
Sin mencionar las terribles consecuencias ambientales y de salud pública que tendría una ampliación del Polo Petroquímico, o la explotación de Vaca Muerta vía fracking en Neuquen (que ya se llevó la vida de 8 trabajadores), no es claro que estos proyectos en caso de concretarse permitan resolver los problemas laborales de la ciudad.
Según datos de las empresas, el complejo portuario y petroquímico da trabajo a unas 5700 personas, de las cuales más de la mitad trabajan tercerizadas. Si sumamos los puestos de trabajo indirecto generados por el consumo de esos trabajadores, se necesitaría al menos que se duplique la operatoria de las empresas ligadas al complejo portuario y petroquímico para absorber a los 12.000 bahienses desocupados. Este incremento no solo que no está ni en los proyectos más optimistas, sino que resulta prácticamente imposible a la luz de una economía mundial que tiene un crecimiento que cada vez se achica más.
Por otra parte las Reformas Laborales y Jubilatorias que el FMI exige a quienes se vayan a hacer cargo del próximo gobierno, sean del partido que sean, van a agravar las problemáticas laborales en la ciudad. La reforma laboral va a empeorar las condiciones de trabajo, generando una mayor inestabilidad laboral y una mayor precarización (que actualmente está en torno al 30%), lo que va a generar justamente más personas en busca de un trabajo, situación también agravada por la extensión de la edad jubilatoria que va a hacer que se abran menos puestos de trabajo.
¿Y si probamos algo distinto?
Dada la magnitud del problema respecto al desempleo y la precarización laboral, al que habría que sumar también el de la pobreza e indigencia, la falta de vivienda, la insuficiencia de los sistemas públicos de salud y educación como problemas estructurales en la ciudad, hace falta un cambio total en las políticas económicas y sociales que se vienen tomando.
Es bien sabido que desde el Complejo Petroquímico y Portuario mueven fortunas. Concretamente se calcula que en 2017 las exportaciones superaron a las importaciones por 2.000 millones de dólares. Sin embargo el proceso privatizador que se completó en 1995, terminó con la participación estatal en estas empresas y produjo que tanto a nivel país como a nivel ciudad, quede poco de este movimiento millonario, pese a que son empresas que operan con recursos naturales y humanos principalmente nacionales.
Si con los miles de millones de dólares de ganancias que tiene el complejo portuario y petroquímico podríamos diseñar planes de vivienda e infraestructura que den trabajo a miles de bahienses y solucionen los distintos problemas que fuimos señalando en el artículo. Desde la izquierda nos preguntamos, ¿Por qué vale más el derecho de las empresas a apropiarse privadamente de esas ganancias, qué el derecho de cientos de miles de bahienses a tener una mejor calidad de vida? ¿Por qué no enfocarnos en revertir el proceso de privatización del complejo petroquímico y portuario, y que el Estado se haga cargo del mismo atendiendo a las propias necesidades nacionales siguiendo estrictas normas de resguardo ambiental?
Los distintos gobiernos de turno, radicales, peronistas, kirchneristas y macristas ya nos mostraron de qué lado están. Su complicidad con los grandes empresarios del complejo portuario y petroquímico implicó hacer la vista gorda ante la contaminación, la precarización laboral, y defendieron un modelo de desigualdad donde unos pocos accionistas y jerarcas de las empresas se llevan millones en ganancias mientras los trabajadores tienen que sufrir múltiples padecimientos durante su vida.
Bajo la lógica de que la única participación política del pueblo es votar cada dos años al que creemos que mejor nos representa, o al mal menor de las alternativas que nos presentan, llegamos a esta desastrosa situación social que solo va a seguir empeorando de la mano del FMI. Solo si logramos que cada vez más personas se decidan a involucrarse en construir una alternativa política distinta, que plantee que el pueblo tiene que participar cotidianamente de las decisiones, poniendo como prioridad la calidad de vida de la mayoría trabajadora en lugar del derecho a los negocios de una minoría empresaria, vamos a poder empezar a resolver los enormes problemas sociales que tenemos.
