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Red Internacional
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Educación Pública. Bajo el argumento de cacicazgos educativos, la 4T busca criminalizar a normalistas

De palabra López Obrador condena a caciques universitarios, en los hechos, él y el Morena los protegen.

Viernes 4 de junio de 2021

En conferencia matutina del pasado 3 de junio el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció contra cacicazgos en el ámbito educativo. Que se haya referido a ese tema en específico no fue casual. Esto se da en el contexto de las justas protestas que normalistas de Mactumatzá y Tetele han llevado a cabo y que han sido brutalmente reprimidas por los gobiernos morenistas de Chiapas y Puebla, respectivamente. Asimismo, el día anterior profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) colgaron lonas frente a Palacio Nacional en las cuales acusaron que “Morena Sinaloa protege caciques de la UAS”.

En el caso de los normalistas, la voluntad presidencial de estigmatizar su loable lucha se vuelve evidente desde el momento en que López Obrador evita mencionar que la llamada austeridad republicana de su gobierno, amenaza con desaparecer a las Escuelas Normales Rurales.

López Obrador, hábil para distorsionar cuestionamientos, dijo: “los que tienen el manejo de las normales, a veces con medidas de represión al interior de ellas, obligan a los alumnos a tener conductas antisociales para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de estudiar. No queremos cacicazgos. Ya no es el tiempo de los caciques”.

En septiembre se planteó que para el ejercicio 2021 sólo sería asignado un presupuesto de 20 millones 597 mil pesos para normales rurales. Después de algunos meses de negociaciones el presupuesto terminó quedando en 170 millones, según menciona el periodista Luis Hernández Navarro.

No obstante, dicha cantidad es insuficiente y representa un 85% de reducción presupuestal de estas instituciones educativas tomando en cuenta que en 2015 cantidad que se destinó para ellas fue de mil 195 millones de pesos. Como puede apreciarse, el neoliberalismo continúa intacto, a pesar de que cada mañana la 4T pretenda hacernos creer que por decreto ha acabado.

No se puede ser más contradictorio. Tanto Obrador como la dirigencia del Morena han sido sumamente benévolos, por ejemplo, con caciques universitarios como Héctor Melesio Cuén Ojeda (exrector UAS 2005-2009), nefasto personaje que controla desde hace 16 años a la UAS, el cual ha sido acusado por trabajadores de tener las manos manchadas de sangre, pues, a decir de ellos, presuntamente se encuentra involucrado en la muerte de profesores de dicha institución educativa (https://bit.ly/3cibZ89).

Tanta es la protección que le han dado a dicho personaje que desde diciembre pasado la dirigencia del Morena-Sinaloa, pisoteando la voluntad de sus bases, decidió aliarse al Partido Sinaloense (PAS), salvándolo de una profunda derrota política que sufrió en 2018 y que lo dejó al borde de perder el registro. El PAS es un partido que creó el mencionado Melesio Cuén en 2012 valiéndose de violencia institucional e incluso física para obligar a trabajadores de la UAS a hacer activismo a su favor y afiliarse.

Un solo ejemplo nos da una idea idea del nivel de impunidad del que goza el cacicazgo que domina a la UAS con puño de hierro: Ramón López Hernández, Director General de Recursos Humanos de dicha universidad desde el periodo de rectoría de Cuén, es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa (https://bit.ly/3wVHaho).

Otra investigación fue abierta también contra López Hernández por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2019. La indagatoria quedó inconclusa. Por supuesto, López Obrador omite hablar de estos aliados en la mañanera. No le conviene.

Como puede verse, el gobierno de la 4T usa una retórica contra cacicazgos educativos, pero no para combatirlos realmente, mientras impulsa la de disminución de presupuesto a la educación pública y de reducción de derechos laborales, dejando intactos e incluso protegiendo a caciques universitarios y sus estructuras, las cuales han demostrado ser un instrumento sumamente efectivo para combatir los esfuerzos de organización democrática e independiente que puedan surgir en las universidades y normales.

No es nuevo que las universidades públicas y escuelas normales, especialmente las rurales, sean golpeadas por diferentes políticas que buscan dejarlas en peores condiciones. Por esto, es necesario que estudiantes, docentes y trabajadores del sector educativo unan fuerzas para arrebatar un presupuesto de al menos 10% del PIB para todo el sector educativo, así como mejores condiciones laborales.