Durante la conferencia de prensa del Informe de Política Monetaria (IPoM) el Banco Central proyectó la caída de la actividad económica entre 5,5% y 7,5%. Esta sería, “la mayor contracción económica en 35 años”. Al mismo tiempo la entidad aprobo programas por US$24.000 millones para salir al rescate de las empresas. La prioridad del Gobierno está muy lejos, de las vidas del pueblo trabajador.
Catalina Parra Militante de Pan y Rosas y el Partido de Trabajadores Revolucionarios
Jueves 18 de junio de 2020
En el marco del Informe de Política Monetaria, Mario Marcel, presidente del Banco Central, informó que se rebajaron las proyecciones económicas, planteando que la economía podría caer hasta 7,5% en las condiciones actuales. Planteando “la mayor contracción económica en 35 años”, un escenario ante el cual los empresarios y el Gobierno se están preparando.
Por un lado, hace algunas semanas se aprobó la línea de crédito flexible por parte del FMI al Banco Central, por la suma de $23.930 millones de dólares. Con el objetivo de aumentar la disponibilidad de liquidez internacional de acceso inmediato para el Banco, un salvavidas para las empresas en caso de ser necesario. ¿Y si no se utiliza? es una posibilidad que las autoridades han planteado, sin embargo, incluso si el dinero no se gasta, se deberán pagar intereses millonarios al FMI, unos US$95,2 millones al año, regalados al organismo internacional.
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Al mismo tiempo, se lleva adelante el acuerdo nacional impulsado por el Gobierno, de la mano de sectores de la oposición, que por cierto dejaría al país con una deuda pública del 43% del PIB, en 2022. Mediante este acuerdo, se creará un fondo de US$12.000 millones. De los cuales, apenas 3,5 mil millones de dólares serían gastados el 2020, considerando los ingresos familiares de emergencia. ¿Y los otros 8.500 millones de dólares? Se inyectarán en la “re-activación económica y del empleo”, con la puerta abierta incluso, a la compra de deuda a las empresas por parte del Banco Central, un mecanismo que nos recuerda a la crisis de 1982, cuando la junta militar decidió “socializar” las deudas, re-capitalizándolas y transformándolas en deuda pública, es decir, un rescate a los grandes bancos y empresarios con dinero público.
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El escenario económico si bien es desalentador, existen alternativas a los planes del Gobierno y los empresarios, que evidentemente sólo priorizan por el rescate de las grandes ganancias, mientras el pueblo trabajador sobrevive entre desempleo, deudas y hambre. Mientras ellos hipotecan nuestro futuro entre cuatro paredes, y la CUT y los sindicatos siguen en silencio, es urgente la pelea por sueldo y pensiones de emergencia igual a la canasta básica familiar, financiado por el impuesto a las grandes fortunas del país. Para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador.
