A menos de un mes de la intervención por parte de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) al Banco Fassil ya se sienten los primeros efectos. Por un lado, son aproximadamente 4600 trabajadores y trabajadoras que hace meses están sin cobrar salarios y que temen por el conjunto de sus derechos y beneficios sociales, y, por otro lado, son como 900 mil ahorristas que no saben si van a poder recuperar su dinero. Dinero que en muchos casos es el trabajo de toda una vida.
Miércoles 10 de mayo de 2023
Foto: redes sociales
Según información reciente la carga social del Banco Fassil, de lxs 4600 trabajadores, asciende a aproximadamente 400 millones de dólares lo que equivale a la mitad del patrimonio declarado por el banco y con lo cual se deberá cubrir la devolución a las y los ahorristas. Es claro que con los multimillonarios desvíos de dinero que empiezan a destaparse en los últimos días, ese remanente de patrimonio es insuficiente para devolver los ahorros.
Últimas informaciones dan cuenta de que este banco habría desviado más de 4000 millones de bolivianos a corporaciones vinculadas a la agroindustria cruceña.
Sumado a lo anterior, este fin de semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, declaró que las AFP invirtieron 90 millones de dólares estadounidenses en el Banco Fassil poniendo en riesgo de esta manera la jubilación y las pensiones de millones de trabajadores y trabajadoras.
La crisis del Banco Fassil
El gobierno del MAS, mediante la ASFI ha iniciado procesos penales contra 4 ejecutivos/directivos del banco por un caso concreto, el de un préstamo multimillonario a una joven de 18 años, sin el respaldo requerido por ley. Sin embargo esta situación se ha ampliado con la imputación a 11 ejecutivos más al verificarse que este tipo de operaciones financieras (“over limit”) era una práctica regular en la hoy malograda financiera.
Al buscar responsables del desfalco, nos encontramos con un entramado de sociedades anónimas entrelazadas entre sí, accionistas una de la otra, como mecanismo de encubrir la identidad de los dueños mayoritarios del banco. El Banco Fassil S.A. es propiedad de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. y Santa Cruz Financial Group S.A., empresas que a su vez son propiedad de la Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A., esta última sociedad controla casi el 90% de la propiedad del Banco Fassil y es conformada por Juan Ricardo Mertens Olmos, presidente del directorio y las familias Wille, Roca Suárez, Velasco Bruno, Urenda, Chahin y Pareja Roca. Un entramado familiar de la oligarquía cruceña.
Entre el restante 10% de propiedad del Banco, se encuentran como accionistas Luis Fernando Barbery Paz, empresario agroindustrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Sergio Leonel Pedrotti, directivo de Industrias Oleaginosas S.A. y cuñado de Branko Marinkovic (expresidente cívico y ministro de Economía del régimen de facto de Áñez), entre más de 300 otros.
Papeles de Panamá
La familia Wille (Martin Wille Engelmann, Cristina Wille Engelmann, Alexander Wille Hauke, Herman Wille Aimeretti) se encuentran entre los accionistas principales del Banco Fassil S.A. y comparten con las familias Camacho, Marinkovic, Barbery, Antelo y Dabdoub una empresa offshore en Panamá - NAVI International Holding S.A. En esta empresa offshore figuran como accionistas Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador de Santa Cruz, su padre José Luis Camacho Parada y su hermano José Luis Camacho Miserendino, ambos ejercieron cargos directivos del Banco Fassil entre 2010 y 2016 . Recordemos que estos personajes fueron parte activa de toda la violencia reaccionaria desplegada el 2019 y que culminó en el sangriento golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
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Estas relaciones fueron hechas públicas en los Papeles de Panamá e incluso fueron objetos de un Informe Parlamentario en 2017, sin embargo el propio MAS-IPSP aún con mayoría parlamentaria desistió de presentar un proyecto de ley contra el uso de paraísos fiscales y se quedaron truncados los procesos judiciales al respecto.
En una reciente entrevista, en el canal de televisión Bolivisión, el empresario y político neoliberal Samuel Doria Medina criticó que la ASFI fuera tan lenta en tomar cartas en el asunto pero que era peor que no se tome una decisión, ya que según él ya había indicadores de irregularidades meses antes. Resulta como mínimo contradictoria la observación de Doria Medina, siendo que su socio comercial de la Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A. - Oscar Alfredo Leigue Urenda fue también director del Banco Fassil hasta mayo 2022, es decir, tenían amplio conocimiento de prácticas y delitos financieros que desde esa entidad se realizaban.
Bonos subordinados
Los bonos subordinados ofrecidos por bancos son títulos-valores que se subordinan a los demás pasivos que tiene una entidad, es decir se paga después de otras deudas, y es más propenso a pérdidas si no tuviera patrimonio suficiente. En diciembre 2018 la ASFI autorizó al Banco Fassil la emisión de 400 millones de bolivianos en bonos subordinados, es decir una deuda propensa a pérdidas por cerca al 40% del capital social de la empresa, siendo que en ese momento el banco ya tenía deudas por encima de los 145 millones de dólares con otras entidades financieras nacionales. El 8 de octubre de 2020 el gobierno de facto de Áñez autorizó a SCFG Sociedad Controladora S.A. la emisión de otros 500 millones de bolivianos en bonos.
Los indicadores financieros presentados ante la ASFI para la emisión de bonos subordinados desde abril de 2022 demuestran que la liquidez del banco ya se encontraba por debajo de lo comprometido.
“Inversiones” permanentes ¿dónde está el dinero?
Los dueños del Banco Fassil, al amparo de la Ley de Servicios Financieros Nro. 393 no sólo constituyeron un Grupo Financiero sino un grupo económico de mayor alcance, que les posibilitó transacciones a título de ‘inversiones’ para pasar fondos del banco a otras empresas. Si bien la diversidad de empresas que tiene el grupo incluye el rubro de informática, marketing, formación profesional, seguros, servicios financieros e incluso un viñedo, la empresa más beneficiada fue Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.
La empresa de bienes raíces en 2017 según sus estados financieros tenía 11.550 Bs en el banco y un pagaré por 48 millones de bolivianos, y finalizando el 2021 ya tenía un patrimonio de 826 millones de bolivianos, por las ‘inversiones’ del grupo financiero. Se suma a ese patrimonio una larga lista de bienes inmuebles que incluyen terrenos en Pailón, San Ramón, Warnes, Urubó, Ascensión de Guarayos, San José de Chiquitos, Samaipata, Comarapa, San Julián y espacios en edificios como Torre Platinum.
La política del MAS: una salida de mercado
Como hemos venido señalando en estas páginas, el papel de la ASFI ante la crisis del Banco Fassil deja en evidencia la esencia de la política del MAS-IPSP de dar rienda suelta al crecimiento del sector financiero, que entre 2006 y 2021 creció en un 456%. Las reformas neoliberales de Sánchez de Lozada, de 1993, que dejaron al sector privado con el control de la Cámara de Compensaciones y Liquidaciones así como con la administración de las tarjetas de crédito, establecidas con la Ley 393, no fueron modificadas durante todo el gobierno de Evo Morales y tampoco en lo que va de la gestión de Arce. Esta disposición normativa facilita la consolidación y las tendencias monopólicas ya que al regularse a sí mismas tienen el poder discrecional de impedir a sus competidores el acceso a diversos servicios.
Hoy, con la liquidación del Banco Fassil y su desguace entre algunas grandes entidades financieras, el proceso de concentraciones de capitales continúa profundizándose. Un ejemplo de esto fue la absorción, en años recientes, por parte del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), de la ex Mutual La Paz y el ex Banco Los Andes. Esta tendencia no solo es peligrosa para la economía al concentrar cada vez más poder en pocas manos, sino que pone de manifiesto la natural relación entre el Estado, sus gobiernos, y el capital financiero que trabajan para el sector de los grandes corruptos y especuladores y que en este sistema capitalista tienen la posibilidad legal de estafar a millones de personas. Sí, porque especulan, hacen negocios y lucran con los depósitos y el dinero de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.
Así y en sintonía con los propios discursos gubernamentales, de Evo Morales en su momento y hoy de Arce y sus ministros, los grandes especuladores de la banca han gozado de condiciones preferenciales para crecer de forma inédita con un mínimo de control estatal. En lugar de tomar medidas concretas para garantizar los derechos de las y los miles de ahorristas, siguen apostando por “soluciones de mercado”, dejando las riendas sueltas para una supuesta “autorregulación” que en los hechos no regula nada.
Por una salida al servicio de las trabajadoras y trabajadores del Banco Fassil y de lxs ahorristas
Todas las salidas que proponen tanto desde la oposición como desde el gobierno son salidas que dejan en la calle a 4600 trabajadores y a cientos de miles de ahorristas. Esta multimillonaria estafa que hacen los grandes financistas, que como vimos tiene estrechas relaciones con los capitales de la agroindustria, han gozado de la complicidad del Estado no solo durante el gobierno de Arce o antes Áñez, sino también con Evo.
Hay que terminar con esta escandalosa estafa. Desde la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, llamamos a los miles de trabajadores y trabajadoras bancarios así como a los miles y miles de ahorristas a empezar a discutir de manera urgente la necesidad de impulsar mediante la movilización la nacionalización, sin indemnización, de todo el sistema financiero. Se trata de romper de una vez por todas con la lógica del sistema financiero como coto de ganancias para un sector de la clase capitalista. Como señalaba Esteban Mercatante frente a la crisis del sistema financiero argentino, los bancos son demasiado importantes para que sigan estando en manos privadas.
La nacionalización de todo el sistema financiero significa integrar todos los activos y pasivos de las entidades privadas en un sistema estatal único y cuyo funcionamiento debe estar bajo la administración, el control y la gestión de sus trabajadores. Es decir, para que la banca esté al servicio de las necesidades y no de los negocios de un puñado de capitalistas, la clase trabajadora debe ser protagonista.
Solo de esta manera se podrá garantizar la seguridad de los depósitos para lxs pequeños y medianos ahorristas, así como también canalizar créditos baratos a los pequeños productores, sean estos campesinos, artesanos, talleristas así como garantizar la inversión en viviendas populares, caminos, salud o educación. La centralización del ahorro nacional facilitaría la canalización de estos capitales en el impulso a la industrialización nacional y en la creación de nuevas fuentes de trabajo y recursos para resolver las más urgentes necesidades sociales.
