Las comisiones Jurisdiccional y de Ética del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidieron abrir un expediente para investigar a los senadores Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans Canabal, por “bromas de pésimo gusto en momentos tan delicados”, según declaró Alejandra Barrales, presidenta nacional de ese partido.
Martes 1ro de noviembre de 2016
Después de darse a conocer por distintos medios y redes sociales a los senadores del PRD “bromeando” sobre ser usuarios de trata, la presidente nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que su partido ha demostrado actuar con hechos para combatir el delito de trata de personas, por lo que ya han hecho pública su posición de deslindarse de la conducta de los senadores.
Según informaron, distintas militantes de ese partido promovieron ante la Comisión Jurisdiccional una serie de quejas para que se investigue y se sancione la conducta de los senadores Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans Canabal quienes fueron grabados mientras platicaban durante una sesión en la Cámara de Senadores en la que se abordaba la Ley General de Trata de Personas.
Mientras tanto, organizaciones sociales ya han denunciado a los legisladores perredistas, no sólo por la burla sobre el tema, sino por el hecho de que también se dijeron usuarios de redes de trata, por lo que exigen su renuncia y que sean investigados.
La Coalición Regional contra el Tráfico de Personas, la organización internacional A21, el Grupo de Acción DH, entre otras organizaciones, han señalado que México es el quinto país del mundo y el tercero en América Latina donde se ha incrementado el delito de trata.
Sobran los motivos para salir a luchar
El caso de los perredistas se suma al escándalo de 2015 que protagonizó Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando se ventiló que mantenía una red de trata para su servicio personal.
Los partidos al servicio de los empresarios han demostrado con su actuación que encubren y mantienen en la impunidad a quienes saquean los recursos públicos. Son ellos quienes legislan en contra de los derechos de millones de mujeres y el conjunto de la clase trabajadora.
Para las víctimas no bastarán las disculpas públicas de esta “clase política” que dice “representarlas” y abogar por los derechos de la población. Estos casos son tan sólo una muestra de la calidad política con la que legislan el conjunto de los partidos políticos del régimen y sus instituciones, garantizando la permanencia de las redes de trata y esclavitud sexual, los miles de feminicidios a lo largo y ancho del país, la criminalización a las mujeres por abortar, la violencia y el acoso sexual, pero también la precarización laboral y el ataque permanente a derechos y conquistas.
El actual escenario sin duda nos plantea la necesidad de fortalecer el llamado de movilización el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Debemos expresar el repudio a estos hechos junto a nuestros compañeros en los centros de trabajo, escuelas, etc., en la perspectiva de construir un gran movimiento en las calles, independiente de los partidos políticos patronales.
Esto, a la par que construimos una verdadera alternativa política, socialista y revolucionaria, que luche por nuestros derechos, contra el feminicidio, la violencia machista y la serie de agravios que enfrentamos las mujeres cotidianamente.
