La política científica del kirchnerismo es uno de los logros alabados por Macri, quien confirmó la continuidad de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en consistencia con la política de “mantener lo bueno”. Sin embargo, más allá de los logros en materia científica, Barañao también es conocido por la defensa y promoción del modelo extractivista basado en la aplicación de la biotecnología.
Santiago Benítez Dr. en Biología - Conicet - @santiagombv1
Viernes 27 de noviembre de 2015
Para clarificar la posición de Lino Barañao frente a la utilización masiva de agrotóxicos, basta recordar su postura frente al estudio del médico e investigador del CONICET Andrés Carrasco, quien demostró los efectos nocivos del glifosato sobre el desarrollo embrionario. En el 2009, el ministro se encargó de aclarar en una entrevista con Héctor Huergo -editor de Clarín Rural- que el estudio no representaba la posición del gobierno, ni era un estudio encargado por CONICET. Posteriormente, Barañao solicitó que Carrasco fuera evaluado por una comisión de ética y el investigador soportó luego difamaciones públicas, censura y le fue negado su ascenso en la carrera de investigador científico, antes de su fallecimiento en 2014.
Barañao es el mismo que en el 2011, entrevistado por Hebe de Bonafini, aseguró que el glifosato era atóxico como “el agua con sal” y que su efecto dañino no estaba demostrado “ya que gente que intentó suicidarse bebiendo un vaso de glifosato no pudo hacerlo”. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en la categoría de compuestos probablemente cancerígenos y el número de estudios que muestran la relación entre este herbicida y diferentes enfermedades ha aumentado desde entonces. El ministro también es conocido como un impulsor de la intervención genética en mamíferos y clonación de animales.
Más allá de la defensa de los intereses puntuales del modelo sojero por parte del ministro, su designación muestra la continuidad de una de las “políticas públicas” sostenidas por todos los gobiernos recientes de Argentina. Desde la liberación de la soja resistente al glifosato, durante el gobierno de Carlos Menem, hasta la actualidad, la defensa del agronegocio ha sido una política de Estado. La producción de granos es el principal eje de la política alimentaria nacional y la biotecnología misma es una línea prioritaria de investigación dentro del plan “Argentina Innovadora” que establece las pautas de desarrollo científico hasta el año 2020. Uno de los últimos “logros” del gobierno de Cristina Fernández fue la presentación de dos eventos biotecnológicos nacionales: la soja transgénica resistente a la sequía y la papa resistente a virus, presentados como un avance del Estado respecto a las multinacionales. En ningún caso, sin embargo, este Estado que asume rasgos empresariales desafía la continuidad del agronegocio ni prioriza la salud de la población y el cuidado del ambiente.
La continuidad de estas políticas anuncia un panorama sombrío para las luchas sociales contra las fumigaciones y contra la extensión de la frontera agrícola a costa de los bosques nativos. Los ejemplos de resistencia de las Madres de Barrio Ituzaingó y del pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba van a ser más necesarios que nunca.
Santiago Benítez
Dr. en Biología. Investigador del Conicet. Militante del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
