La titular de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico no sólo contó cómo se desarrollará la conferencia anual que se llevará a cabo a fines de julio con la presencia de una víctima argentina, sino que también detalló cuál ha sido, a lo largo de tres décadas, la reacción del Vaticano ante los informes sobre las denuncias por pedofilia. Porqué Francisco actúa como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los 14 reclamos a la jerarquía católica.
Lunes 8 de junio de 2015 10:43
Tal vez sin que sea premeditado, la presidente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico -SNAP, en inglés-, Barbara Blaine, viene poniendo el dedo sobre una llaga que atormenta a las democracias modernas. ¿Cuál? La compleja relación entre el Estado y la Iglesia Católica, rémora de siglos pretéritos. La dificultad para avanzar en la investigación de sus delitos es un ejemplo.
Víctima de abusos de un cura a los 12 años, Blaine fundó SNAP, en 1988, en Estados Unidos. Actualmente, forman parte de esta ONG alrededor de 20 mil víctimas de todo el mundo. Entre el 31 de julio y el 2 de agosto, SNAP llevará a cabo su conferencia anual en Washington, adonde recalará la argentina Julieta Añazco para reseñar los casos de seis curas acusados de pedofilia: Justo José Ilarraz, Jesús Pacheco, Ricardo Giménez, Luis Brizzio, Rubén Pardo y Jorge Luis Morello.
En el país, SNAP viene trabajando “en siete causas que se encuentran en trámite en sede civil, penal y canónica. El problema es la cantidad de casos que aún no llegan a tribunales”, explicó el abogado canonista Carlos Lombardi, quien enfatizó que, verbi gracia, en La Plata, “hay por lo menos 20 casos”.
Tenemos la sospecha de que la mayoría de los delitos sexuales del clero fueron encubiertos y permanecen ocultos. En la mayoría de los países, los funcionarios católicos ni siquiera han prometido "tolerancia cero", y mucho menos la ejercieron.
En general, las víctimas necesitan décadas para entender que estaban profundamente afectadas por crímenes atroces y, recién luego, adquirir la valentía necesaria para exponer esos crímenes. En casi todos los casos, las víctimas primero se acercan a representantes de la Iglesia, tratando de proteger a los demás de los curas que abusaron de ellas. Y en casi todos los casos, las ignoran, minimizan el daño y tienen poca o ninguna predisposición para hacer la denuncia ante la justicia, curar o prevenir. En cambio, se encargan de mantener oculto el crimen, mientras hacen promesas a las víctimas que luego no cumplen.
En el tribunal, los funcionarios católicos insisten en que los obispos no trabajan para el Vaticano o el Papa y por tanto ni el Vaticano ni el Papa pueden ser considerados responsables de los delitos cometidos por sacerdotes o los eventuales encubrimientos llevados a cabo por obispos.
En todo caso, la popularidad de Francisco quizá ha hecho a los niños más vulnerables en la Iglesia, porque muchas personas asumen erróneamente que como Francisco parece ser un activista, está tomando medidas para detener los abusos y encubrimientos. Pero él no lo hace.
Cada nuevo Papa ha trabajado más que su predecesor para convencer a los feligreses, el público y la prensa que está “arreglando” esta crisis. Pero ninguno de ellos ha concretado el tipo de medidas públicas, claras, decisivas y necesarias para realmente hacer una diferencia.
Esto es lo que pensamos que la jerarquía católica debe hacer:
1. Ordenar a los obispos que constituyan y financien un "fondo para el denunciante" bajo la finalidad de recompensar a personas de la Iglesia, cuyas denuncias conducen hacia acciones penales o condenas por abusos actuales o pasados por parte de sacerdotes.
2. Insistir en que los obispos publiquen definitivamente los nombres, fotos y paradero de los curas culpables de abusar sexualmente de niños (incluyendo sacerdotes de órdenes religiosas) en los sitios web diocesanos y parroquiales.
3. Exigir que los obispos contraten personal idóneo e independiente, en lugar de curas, para albergar y monitorear a los clérigos que abusaron sexualmente de niños y no pueden ser acusados penalmente, debido a los plazos de prescripción. Deben ser alojados en instalaciones seguras y alejadas, para mantenerlos lejos de los niños.
4. Instruir a los obispos para que utilicen únicamente terapeutas con licencia (no sacerdotes o monjas) para hacer frente a las víctimas de abuso.
5. Comunicar a obispos que sólo deben utilizar a antiguos policías (no clérigos) para investigar los casos de abuso que no pueden ser perseguidos por la policía.
6. Convocar y financiar una conferencia mundial de legisladores seculares que trabajan para reformar las leyes seculares arcaicas, arbitrarias y que favorecen a los abusadores (como la ley de prescripción).
7. Hacer una urgente y fuerte petición pública a todos los empleados y miembros de iglesias, rogándoles que den información y sospechas sobre los sacerdotes abusadores fugitivos a las autoridades civiles, para que los sacerdotes puedan ser procesados, manteniéndose alejados de los niños.
8. Ordenar a los obispos que eviten el uso de lenguaje que minimiza los abusos sexuales del clero. Como, por caso, cuando dicen que "es sólo un pequeño porcentaje de sacerdotes"; o cuando desvían la culpa expresando que "el abuso también ocurre en otros entornos"; o las fallas de las denuncias como cuando se afirma que "estas acusaciones son de hace 25 años"; o procurando apaciguar por medio de asistentes eclesiásticos, señalando que "él no está acusado de abusar sexualmente en esta parroquia"; o alabanzas a acusados asegurando que "él es un sacerdote muy popular" o generando sentimientos de culpabilidad, marcando que "ha trabajado incansablemente para ayudar a los pobres".
9. Que la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), o archivos de la CDF, entregue los casos de sacerdotes abusadores a la policía local en los países donde los presuntos delitos tuvieron lugar, insistiendo para que el jefe de cada diócesis y órdenes religiosas hagan lo mismo con sus registros de abuso.
10. Enseñar a los feligreses cómo responder de manera adecuada en los casos de abuso para que las víctimas, testigos y denunciantes no se sientan intimidados o sin esperanza.
11. Insistir en que los sacerdotes den inmediatamente sus pasaportes a sus obispos cuando surgen acusaciones de abuso, para no puedan huir al extranjero.
12. Remover y denunciar al menos a una docena de obispos cómplices, entre ellos el obispo Robert Finn de Kansas City Missouri, que ha sido penalmente condenado por negarse a reportar sospechas de delitos sexuales contra menores.
13. Rechazar encubrimientos actuales y futuros, castigando públicamente a prelados (como el cardenal Roger Mahony y otros) que están ocultando o han encubierto los delitos sexuales contra menores.
14. Detener el rechazo de los agentes seculares y empezar a dejar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Polonia y República Dominicana arresten y enjuicien al arzobispo Jozef Wesolowski (acusado de abusar sexualmente de un niño), en lugar de que los funcionarios católicos sean los encargados de investigar a sacerdotes.
La Izquierda Diario cubrirá la conferencia anual de la SNAP sobre casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica que se desarrollará a finales de julio en Estados Unidos.
