Panrico, la emblemática empresa panificadora que sostuvo el pulso durante más de 8 meses contra sus trabajadores en huelga, anunció este miércoles 60 despidos más según los objetivos de su plan original. Este brutal ataque no hubiera sido posible sin la colaboración del Estado y los dirigentes sindicales.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Viernes 19 de septiembre de 2014
Foto: La Izquierda Diario / @LubCynthia
A más de dos meses del fin de esta histórica huelga, que se convirtió en la más larga del Estado español desde la guerra civil, aún salen a la luz los tejes y manejes que hicieron posible doblegar la voluntad de los trabajadores y que beneficiaron y benefician hoy a la empresa.
Estos despidos serán financiados por un préstamo que se conoció un día antes de que la empresa presentara la lista. Una lista que estaría por fuera del plazo marcado por el Expediente de Regulación de Empleo que autorizó a realizar la Audiencia Nacional, contra el pedido de los trabajadores de que lo impugne.
Una ayuda de la Genertalitat a la patronal: dinero público para financiar despidos
La empresa en otoño llegó a suspender el pago de salarios para priorizar a los proveedores y aplicó un plan de reestructuración buscando ahorrarse 50 millones anuales mediante el drástico recorte de personal. Pero esto no le bastó y solicitó un préstamo a la Generalitat para hacer frente a sus gastos y a las "pérdidas provocadas por la crisis" y a las "perdidas millonarias", que según Carlos Gila, —el número uno de la dirección de la empresa— le ha provocado el largo conflicto.
La Generalitat le ha concedido un crédito de ocho millones de euros a Panrico, tras el proceso de reestructuración de la compañía, que ha reducido su plantilla en las fábricas españolas en más de 700 empleados, así como en 300 de la red de distribución. Los rumores de la concesión de un préstamo a Panrico por parte de la Generalitat ya se hacían oír incluso antes del verano. Sin embargo han esperado a que pasara un tiempo después de finalizada la huelga para aprobarlo.
Los trabajadores consideran este hecho como "escandaloso", dicen; un préstamo de dinero público a una empresa que ha vulnerado sistemáticamente durante 8 meses el derecho de huelga.
La colaboración de las direcciones sindicales con la patronal
Es larga la lista de favores y servicios que los dirigentes sindicales han proporcionado para acabar con la resistencia de los trabajadores a los planes de la empresa. Solo nos referiremos a los últimos acontecimientos.
Al comienzo del largo conflicto la empresa había demandado a los representantes de los trabajadores por huelga ilegal. Siete meses después de celebrarse el juicio, el juzgado publicó la sentencia que desestima la demanda de la empresa y dictamina que la huelga era legal, señalando por otra parte que la empresa vulneró el derecho fundamental de huelga llevando a Catalunya los productos fabricados en el resto del Estado durante todo el conflicto.
Mientras que las direcciones sindicales recibían la sentencia con alegría, esta misma se valoraba como tardía por parte de los trabajadores, a la vez que fuentes de la empresa se jactaban de que la sentencia era "irrelevante" ya que la huelga "fue desconvocada y terminó".
Pero lo que no se conocía era que la empresa había peticionado la suspensión de plazos para que se dictara la sentencia y los sindicatos habían accedido, sin haber consultado a los trabajadores. Este hecho queda reflejado en la sentencia, a la que han tenido acceso los propios trabajadores descubriendo así una nueva traición. Los nuevos despidos se suman a los más de 70 trabajadores y trabajadoras despedidas en 2013 y antes de verano y al cierre patronal impuesto tras la huelga en forma de ERTE.
