Las familias que habían protagonizado la toma de viviendas en 2020 denuncian que aún no tienen respuestas por parte de la gestión de Julio Zamora y Axel Kicillof. A un año del compromiso asumido para darles una solución, volvieron 50 de ellas a las viviendas del plan “Sueños Compartidos” y esperan una respuesta inmediata de las autoridades municipales y provinciales.
Lunes 13 de diciembre de 2021 19:26
Familias, mujeres jefas de hogar y jóvenes trabajadores tomaron en la noche del domingo las 120 viviendas deshabitadas ubicadas en el Barrio Garrote. Recordemos que hacia finales de octubre del 2020, se llevó adelante una toma que evidenció la grave emergencia habitacional y falta de vivienda que sufren cientos de familias en el Municipio de Tigre que Gobierna Julio Zamora del Frente de Todos.
Te puede interesar: Toma en Villa Garrote: “Yo agarré un pedazo de tierra para mis hijos”
Te puede interesar: Toma en Villa Garrote: “Yo agarré un pedazo de tierra para mis hijos”
En aquel momento 124 familias trabajadoras comenzaron una lucha por vivienda, tomando los edificios de construcción paralizados durante más de 12 años de “Sueños compartidos". Para noviembre del mismo año, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre se habían comprometido con la entrega de un subsidio de $30.000 para cada familia, para que abandonen los edificios. Hoy, un año después, el gobierno incumplió el acuerdo con la mitad de las familias y se limitó a una entrega de un subsidio por única vez de $30.000 y kits de 4 planchas de fibrofácil, chapas y algunos pocos tirantes. Estos pocos e insuficientes recursos los entregaron bajo el nombre de “soluciones habitacionales” vía el Ministerio de Hábitat y Ambiente y nunca más volvieron a convocar a las familias censadas para otorgarles una vivienda digna.
Además en el acta que firmaron las familias a cambio de abandonar el predio, el Gobierno municipal y provincial se comprometieron “a proponer a los destinatarios una respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades, en el marco de los proyectos que se impulsarán a tales efectos, dentro del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, y los acuerdos firmados entre Provincia y el Municipio de Tigre teniendo en cuenta sus posibilidades presupuestarias”. Nada de esto pasó. Por esto, vecinos, jóvenes y familias se cansaron de esperar y volvieron al predio donde se encuentran unas 120 viviendas construidas sin terminar exigiendo una solución definitiva.
En Argentina según un informe sobre condiciones de vida publicado en mayo de 2021 por el Indec, en base a la Encuesta Permanente de Hogares, casi el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente y más de un millón (1.382.000 personas) viven en situación de hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto y la mayoría se concentra en la PBA.
En “La Garrote”, junto a esta crisis habitacional, persisten otros problemas como la falta de acceso al agua potable, falta de cloacas, la presencia de basurales y las infecciones por parásitos por estar cerca de un canal muy contaminado.
En 2012 hubo una epidemia de parásitos que afectó a cientos de niños y niñas del barrio. En su momento Malena Galmarini (actual Presidenta de AYSA bajo el Gobierno de Alberto Fernandez) negó el brote que las familias confirmaban y declaraba que “eran casos aislados” y agregaba que “nosotros trabajamos en el barrio hace muchos años y llevamos un programa para la limpieza de la zona. Hay 100 viviendas para entregar en el término de 4 a 5 meses”. Esas viviendas a las que se refería como de “pronta entrega” son las que hoy, después de 9 años no sólo no fueron entregadas, sino que se encuentran deshabitadas y abandonadas mientras un centenar de familias y madres solteras con niñxs necesitan tener un techo donde vivir.
El Intendente Julio Zamora tampoco convocó a los vecinos. Solo se limitó a inaugurar una plazoleta en plena campaña electoral, mientras que el Gobernador Axel Kicillof reafirma su rumbo de ajuste impulsando un presupuesto 2022 que recorta “el gasto social”. La prioridad es cumplir con las necesidades del FMI para lograr una nueva renegociación y solo tiene una respuesta para la emergencia habitacional: la represión. Así lo demostró en Guernica y ahora amenaza con desalojar la toma del Barrio “La nueva Unión” de Rafael Castillo. Por su parte los vecinos y vecinas permanecen en la toma hasta que las autoridades den respuesta a sus reclamos.
