El diario digital La Directa ha destapado un segundo caso de infiltración policial en la izquierda y el activismo social catalán, en lo que supone un nuevo ataque a los derechos y libertades más básicos. Sólo en Catalunya la represión del Estado deja un balance de más de 4.000 procesados en los últimos años.
Martes 31 de enero de 2023
Esta infiltración de dos agentes de policía bajo las identidades falsas de Marc Hernández Pon y Daniel Hernández Pons, pone una vez más al descubierto no solo cómo actúan las cloacas del Estado, sino que éstas siguen operando de manera eficaz y en beneficio del conjunto del Régimen del 78, ahora bajo el gobierno "progresista".
No se trata de un caso aislado o una excepción. El ministerio del Interior de Marlaska parece haber asumido este tipo de infiltraciones como una de sus herramientas comunes para la persecución de la disidencia política y la protesta social. Unas operaciones que, según sus propias leyes, solo deberían realizarse bajo mandato judicial y en casos de terrorismo, crimen organizado o tráfico de drogas; pero que se realizan para la represión política y con total impunidad, gracias al aval y la complicidad absoluta de la Judicatura con estas y otras prácticas.
Así sucedió con el “Catalangate” y el espionaje masivo de los dispositivos móviles de más de 60 políticos y activistas independentistas con el aplicativo Pegasus, llevado adelante por los gobiernos del PP, el PSOE y el de coalición con UP, y que fue archivado por la Justicia en apenas semanas desde que se destapara el caso. Un caso que, de nuevo, no fue una mancha en el expediente del gobierno "más progresista de la historia", sino una operación más de la constante persecución política y social hacia el movimiento democrático catalán en un modus operandi al más puro estilo de la policía patriótica del PP.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a justificar este escándalo en el Congreso, mientras las diputadas y diputados de Unidas Podemos mostraron su desaprobación en el discurso, pero en los hechos sumaron sus votos al PSOE, PP y Vox contra la comparecencia de Marlaska para explicar la infiltración policial de Marc Hernández Pon en el movimiento democrático catalán, denunciada también por La Directa en junio de 2022.
Ahora La Directa saca a la luz a Daniel Hernández Pons, el “topo” que se habría introducido en diversos movimientos sociales de Barcelona desde junio de 2020, estableciendo relaciones sexoafectivas con al menos ocho mujeres para ganarse la confianza de los espacios y activistas en los que se infiltró. Un escándalo no sólo de represión política, sino de abusos sexuales perpetrados por la policía ante el que el ministerio de Igualdad de Irene Montero guarda silencio.
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Este martes, varias de las mujeres damnificadas por las operaciones de espionaje de este infiltrado han presentado una querella por abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Y han denunciado que el Ministerio del interior es responsable civil subsidiario por todos estos delitos, ya que el infiltrado actuaba bajo sus órdenes.
Unas prácticas policiales que tampoco son patrimonio exclusivo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del gobierno del ministro Marlaska; los Mossos d’Esquadra, bajo governs de JxCat y ERC, tienen también una larga lista. Alerta Solidaria denunciaba recientemente la utilización de unidades antiterroristas de los Mossos contra el movimiento del derecho a la vivienda y el independentismo.
Todas las instituciones del Régimen del 78 son parte de una política de mayor persecución de la protesta social y la disidencia política que cuenta con el apoyo, tanto de la derecha y la extrema derecha, como del PSOE y sus socios de “izquierda”, y hasta de los partidos independentistas que, en el caso de ERC, viene de avalar hace unas semanas el endurecimiento del Código Penal con el delito de desórdenes públicos agravados.
¿Cuántos infiltrados más hay en los movimientos sociales? ¿Cuántos otros casos del mismo tenor no se conocen?
Las cloacas del Estado no pueden reformarse, ni tampoco se puede esperar nada de investigaciones por parte de los mismos responsables de ponerlas en práctica. Por ello decimos:
Basta de espionaje e infiltración del Gobierno "progresista" contra las organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Dimisión inmediata del ministro Marlaska. Por comisiones independientes sobre los casos de espionaje e infiltraciones para determinar el juicio y castigo a los responsables políticos.
Disolución del CNI, de todas las unidades policiales de investigación y la “policía patriótica” que persigue las libertades democráticas y de asociación. Derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado, la policía y sus servicios de inteligencia.
Basta de persecución política. Amnistía para todas las personas procesadas por luchar, que sólo en Catalunya son más de 4000, y libertad de las presas y presos políticos que todavía permanecen en la cárcel como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales y ciudadanas.
