Difundimos una de las propuestas de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) quiénes, junto a compañeros y compañeras independientes, venimos impulsando la agrupación ciudadana “Alternativa Anticapitalista de las y los Trabajadores” (AAT). Para tener educación y salud universales, gratuitas y de calidad hay que eliminar el presupuesto de los aparatos represores del Estado y basta de financiar a las trasnacionales.
Sábado 28 de julio de 2018
La situación nacional hoy está teñida de un escenario electoralizado que encontró su punto de inicio el 21F de 2016. De ahí en adelante y particularmente luego de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 084/2017 que habilitó a Evo Morales a la reelección indefinida, la tensión política con respecto a las elecciones presidenciales del 2019 ha venido en aumento. En medio de todo esto sin embargo, el conflicto de la UPEA ha logrado poner en la mesa un problema que va más allá de la contienda electoral. Esto tiene que ver con la situación de crisis de la educación pública en el país. Hasta ahora iba siendo recurrente que en los últimos años la UPEA se movilizara para exigir presupuesto con el argumento de que en caso de no recibir un incremento no tendrían recursos para funcionar y menos para cerrar una gestión académica. Esto ya era “esperado” sin embargo, lo que dio un giro a la situación fue el asesinato de Jonathan Quispe en manos de la policía. La situación de la UPEA y la muerte de Jonathan ponen sobre la mesa dos problemas estructurales que con parches normativos no se pueden solucionar: la crisis de la educación pública y el rol de los aparatos represivos del Estado.
Pero no es sólo esto, hay otro gran problema que se está expresando de manera muy crítica. Tiene que ver con la crisis del sistema de salud. Uno de los hechos más recientes lo vimos con la muerte de la embajadora de El Salvador, Maddelin Brizuela, quién murió porque no fue atendida, luego de visitar siete clínicas en las que se indicaba que no la podían recibir, logró ser internada en el octavo intento pero ya era tarde. Esto le sucedió a una funcionaria de alto rango que buscaba atención en clínicas privadas, imaginemos lo que sucede con cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de sectores humildes y precarizados que ni siquiera tienen acceso a un centro de salud, o cuando lo tienen la atención y las condiciones en las que funcionan los hospitales son muy precarias. La crítica situación de los enfermos de cáncer es otro trágico ejemplo. Luego de que pacientes muy enfermos y urgidos de tratamiento de radioterapia tuvieron que salir a las calles desesperados por no recibir atención, el Gobierno así como los responsables del SEDEGES de la gobernación departamental –acusándose mutuamente de quién es más o menos responsable- tuvieron que improvisar soluciones enviando pacientes para que sean atendidos en centros de salud especializados en Cochabamba. La cereza la puso el presidente cuando se justificó que no se habían tomado medidas contra el cáncer porque nadie lo había “orientado”. Estos casos, y los muchos que ni siquiera logran conocimiento público, reflejan la profunda crisis de la salud en el país.
Presupuesto ¿para qué y para quiénes?: Educación y salud vs represión y trasnacionales
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas estos últimos años han venido privilegiando la salud y educación. Para la gestión 2018 la asignación presupuestaria para Salud es del 7.7% del PIB y Educación se lleva el 6.8%. En materia de Defensa y Seguridad las Fuerzas Armadas tienen un 1,8% y la Policía se lleva el 1,5%. Esto estaría, como señala el Gobierno, evidenciando “claramente” que las prioridades están en la salud y la educación. Sin embargo, lo cierto es que es absolutamente insuficiente como lo vimos, con sólo algunos ejemplos, líneas arriba. En los hechos la calidad de la educación es crítica y la salud es un problema que para las grandes mayorías toca resolverlo por sus propias manos.
Desde la LOR-CI, cuando decimos multiplicar el presupuesto en salud y educación queremos decir que para que realmente mejoren estos servicios que son derechos básicos al que deben tener acceso las y los trabajadores y el pueblo pobre, es necesario afectar los presupuestos y los dineros que se llevan las clases dominantes. Decimos que hay que eliminar los presupuestos de los aparatos represores del Estado y que basta de financiar a las trasnacionales como lo muestra la Ley 767 que entrega como “incentivo para la exploración” el 12% de los Recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), recortando el presupuesto de las Universidades y Entidades Territoriales Autónomas.
Recordemos que una demanda, por parte de la UPEA, que causó gran polémica fue la de modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria. El problema del presupuesto lleva a que cada institución o entidad pública pelee por un pedazo pequeño de una torta enorme.
La Policía y las Fuerzas Armadas han estado, y están, permanentemente a lo largo de la historia al servicio de los ricos, las trasnacionales y el poder político de turno. Sólo por dar algunos ejemplos en lo que vamos de este siglo, lo vimos en la Guerra del Agua del 2000, en Febrero y Octubre del 2003, luego con el Gobierno de Evo Morales, en la represión a los mineros, fabriles y maestros el año 2013 porque reclamaban una pensión igual que la de los privilegiados de las Fuerzas Armadas que se jubilan con el 100%. También recordemos las represiones a las luchas de los pueblos indígenas por el derecho a su territorio como en el caso del TIPNIS y Tariquía; o en el caso de las movilizaciones en Achacachi. Es decir, sobrados ejemplos donde se conjuga el uso de las fuerzas represivas del Estado contra el pueblo trabajador que pelea por sus derechos contra la usurpación de las trasnacionales amigas de todos los gobiernos de turno.
Por ello, desde la LOR-CI, creemos que para terminar con todo esto es necesario eliminar los presupuestos que financian a quiénes nos reprimen. Las Fuerzas Armadas y la Policía son aparatos que existen para garantizar el control del Estado y la clase dominante sobre el pueblo trabajador. Nosotros consideramos que las tareas de seguridad deben ser tomadas por los trabajadores y el pueblo para terminar de esta forma con la represión y con esos recursos garantizar salud y educación, universal, gratuita y de calidad.
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