NUEVA LEGISLATURA. Batet delega en el Supremo la suspensión de los presos políticos

Volvió la pelota de la suspensión de los presos políticos electos al tejado del Supremo, allí la envió este miércoles por la tarde Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso desde este martes, cuando quedaron constituidas las Cortes.

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Para la socialista catalana Meritxell Batet no hay duda, y así lo expresó en su comparecencia ante los medios, "la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial y es el que ha determinado hasta ahora", asegurando de este modo que “el Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quién está juzgando".

Por lo tanto, aunque mañana jueves a las 12:30 se reunirá la Mesa del Congreso con el objetivo de debatir este asunto, Batet ya ha marcado la línea. Intenta de este modo esquivar un asunto delicado en las primeras horas de una presidencia que se prevé movida tras la configuración del hemiciclo.

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Por su parte el Supremo había intentado no ser el ejecutor de la decisión de la suspensión de los presos políticos, tal y como solicita el escrito de la Fiscalía. El tribunal considera que la normativa de las cortes, concretamente aplicando el artículo 21 del Reglamento de la Cámara en lugar de la Lecrim, - Ley de Enjuiciamiento Criminal- que el método que reclama el ministerio público.

Desde el tribunal también se subraya la voluntad de no injerencia en el órgano legislativo, una fundamentación cosmética, que con el precedente de la injerencia del juez Llarena sobre el Parlament de Catalunya tras el 21D, queda más bien en un gesto hipócrita.

Hay que recordar que por aquellas fechas, tras los comicios catalanes impuestos por el 155, el Poder Judicial estuvo ingiriendo permanentemente en la labor del Parlament de Catalunya para vetar, primero a Carles Puigdemont, que era el candidato más votado del bloque independentista, y posteriormente a Jordi Turull, que el día previo a la segunda ronda del debate de investidura fue enviado a prisión provisional y todavía, a día de hoy, ahí sigue.

Por su parte, la Fiscalía, no comparte la resolución del Supremo de delegar la decisión a las Cortes a través del reglamento de la Cámara. El ministerio público considera, a diferencia del tribunal encabezado por el juez Marchena, que la Lecrim en su artículo 384 bis, es también aplicable a los nuevos parlamentarios.

Hay que señalar que la duda jurídica que plantea el Supremo se centra en sí este artículo de la Lecrim es para cargos que estuvieran ostentando funciones públicas cuando se dicta el auto de procesamiento por rebelión. En el caso actual, entre un hecho (el procesamiento) y la consecución de acta de parlamentario tras los comicios del 28A, dista prácticamente un año.

Nadie quiere la patata caliente

Más allá de las discrepancias interpretativas en relación a las leyes y del intercambio entre las diferentes instituciones del Estado (Congreso, Tribunal Supremo, Fiscalía), lo único que se plantea es quien y en qué forma se tiene que llevar a cabo el nuevo acto represivo contra el movimiento catalán.

Lo que está fuera de toda discusión es el hecho de que los presos políticos puedan ocupar y ejercer el cargo por el que fueron elegidos en las urnas. Este es el accionar del bloque del 155, del que forma parte, hay que recordarlo, el “progresista” PSOE de Pedro Sánchez.

Frente a esta decisión de recorte de libertades democráticas, el grupo de Unidas Podemos, a través de su diputado Jaume Asens, plantea que quizá (¡quizá!) en la Mesa del Congreso, donde cuenta con dos votos, vote contra la suspensión de los cuatro diputados (el quinto es Raul Romeva, pero es para senador).

La servidumbre de Unidas Podemos al PSOE es tal que nuevamente vuelve a mostrarse servicial a los intereses del Gobierno y del Régimen, y lo hace frente a un ataque a las libertades democráticas del pueblo catalán, esta vez impidiendo que cuatro diputados electos en las urnas puedan ocupar sus cargos ejerciendo sus derechos políticos.

Un nuevo salto cualitativo en la integración de esta “nueva” izquierda en el régimen, apostando por ser parte de la coalición que dé estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez, aunque sea a costa de pisotear las libertades democráticas del pueblo catalán y de los presos políticos.