La reciente sentencia absolutoria del único doctor juzgado hasta ahora por el robo de bebes, deja sin justicia una de las mayores atrocidades cometidas en los últimos 80 años en Estado español.
Jueves 11 de octubre de 2018
El pasado lunes 8, la Audiencia Provincial de Madrid absolvía al ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, único acusado en el primer juicio de bebés robados en el Estado español. La razón esgrimida por la Judicatura es que habían prescrito los delitos que se le imputaban aunque daba por probada su participado en el robo de la niña Inés Madrigal en 1969.
En la sentencia, la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid le considera responsable de todos los delitos -detención ilegal, suposición de parto cometidos por facultativo y falsedad en documento oficial- pero le absuelve de todos ellos al determinar que el en 1987, cuando Madrigal cumplió la mayoría de edad, quedaron todos ellos prescritos.
Los jueces consideran probado a Vela autor de los tres delitos "de forma incontestable". En 1969 entregó al matrimonio formado por Inés Pérez y Pablo Madrigal a "una niña de pocos días de edad fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz". Tanto la Fiscalía como la bebe robada Inés Madrigal van a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo
Mafia médica y eclesiástica al “mejor postor”
El caso del Doctor Vela es el primero que se juzga, pero hay miles de casos más repartidos por todo el Estado. El rapto de bebes, al igual que otras dictaduras como la de Argentina, fue una práctica muy habitual utilizada por la dictadura franquista.
Unos 30.000 niños y niñas durante la Guerra Civil española y la posguerra, o bien fueron arrebatados a sus madres represaliadas porque estaban encarceladas, o bien fueron tutelados porque sus madres habían muerto a manos del propio ejército franquista. La idea era reeducarlos para quitarles el denominado “gen rojo”, y así evitar que compartieran la misma ideología que sus progenitores. Esta teoría fue creada por el considerado “Doctor Méngüele” español, el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera.
Lo que al principio era una forma más de la brutal represión fascista, pronto se convirtió también en un negocio muy rentable en el que la Iglesia Católica jugó un papel clave. Durante toda la dictadura y hasta 1990, se creó una gran trama, que se encargaba de robar recién nacidos, principalmente a madres solteras sin recursos.
Primero, casi siempre unas monjas, se ofrecían a ayudar a estas jóvenes, que se encontraban en muchas ocasiones solas. Les daban un techo donde dormir hasta el parto y después éste se solía realizar en una clínica privada. Tras el mismo se le decía que el bebé había muerto y si insistía en verlo, se le ensañaba un bebe que había sido descongelado para la ocasión. Se saben de casos que un mismo bebe congelado fue utilizado en varias ocasiones.
Después de esto, él bebe robado era entregado a una familia adepta al régimen que pagaba una generosa cantidad de dinero para el mismo. Para que el engaño fuera completo, la mujer fingía un embarazado y un ginecólogo, como en el caso del doctor Vela, firmaba primero las actas falsas de defunción que se le daba a la madre bilógica y después el acta de nacimiento, por supuesto también falsa, que reciba el matrimonio. Así este podía inscribir sin problemas al bebe en el Registro Civil con sus apellidos.
Como vemos, además de un médico era imprescindible la participación de una religiosa Esta era la que engañaba a la madre soltera y también en muchas ocasiones, la que enseñaba a la misma su supuesto bebe fallecido y si aun así no lograba convencerla, la que la amenazaba gravemente si esta insistía en conocer la verdad. La participación de parte de la Iglesia Católica en esta trama mafiosa fue fundamental entonces, y aun hoy en día, sigue siéndolo negándose a abrir los archivos de estas clínicas -la mayoría de ellas religiosas- para que los miles de bebes robados que lo reclaman pueda conocer su origen verdadero.
Basta de años de impunidad y silencio
Durante muchos años este drama ha estado silenciado por miedo o desconocimiento, pero afortunadamente en los últimos años, numerosas asociaciones están luchando por descubrir la verdad y que se haga justicia.
Se trata de una de las acciones más atroz llevadas a cabo en el Estado español. La justicia ha reconocido que son 300.000 los bebés que fueron robados en España entre los años 1940 y 1990. Sin embargo estas asociaciones siempre se han encontrado con numerosos obstáculos para logar su objetivo.
En muchas casos han pasado varias décadas de los hechos y esto hace que o bien los culpables mueran antes de ser juzgados, como ocurrió con Sor María (la primera monja investigada por estos sucesos) o bien, como en el caso del doctor Vela, la Justicia diga que los delitos han prescrito.
Además está el silencio cómplice tanto de la Justicia, que se ha negado durante décadas a investigar estos sucesos, y de la Iglesia Católica, que como última responsable directa de estos robos, sigue protegiendo a los culpables y ocultado las pruebas de los delitos.
El caso de los bebes robados se suma a la larga lista de casos donde la impunidad de los delitos franquistas, mantenida por el aparato judicial, heredero del mismo, y la todopoderosa jerarquía católica, sostén fundamental de la dictadura, sigue manteniéndose hoy en día.
Solo organizados y luchando para acabar con este Régimen del 78, basado en el “pacto de silencio y olvido” de la Transición podrán las victimas conseguir la justicia que se merecen. Si no, los muertos seguirán en las cunetas, los torturadores y ladrones de bebes trabajando o cobrando cómodamente su pensión de publicación y los bebes robados sin poder saber su verdadero origen.
