Sigue la impunidad. Berni premió con un alto cargo a una policía acusada por participar de la Masacre de Quilmes
La subcomisario Élida Guaquinchay Bogado fue nombrada secretaria de la Estación de Policía local. Sobrevivientes de los hechos de 2004 (donde murieron cuatro adolescentes) la señalaron como parte de quienes golpearon “con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo”. Este año debe ser juzgada por “omisión de tormentos”. Silencio total de la gestión de Mayra Mendoza.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni acaba de designar al frente de la Secretaría de la Estación de Policía de Quilmes (nuevo nombre dado a las viejas “departamentales”) a la subcomisario Marina Guaquinchay Bogado, quien este año tendrá que responder en un juicio oral por “omisión de evitar tormentos” en la Masacre de la Comisaría Primera, ocurrida en octubre de 2004.
El nombre de Guaquinchay, que a pesar de tener esta imputación siguió revistando en la fuerza en Lomas de Zamora y ascendió a subcomisario, surgió en el juicio por la Masacre de Quilmes realizado recién en 2015. Allí varios sobrevivientes señalaron la presencia de “una policía embarazada en el cordón de uniformados que golpeó con palos a los jóvenes que salían agonizando del calabozo”. Pero el silencio cómplice de la Policía Bonaerense y el Poder Judicial habían evitado que se la identificara.
Por este motivo en 2017, tras ser citada a una declaración indagatoria, la mujer quedó imputada por “omisión de evitar tormentos”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de cino años. El Tribunal Oral Criminal N° 5 determinó como fecha de inicio del juicio oral el 18 de marzo pasado, pero quedó postergado por la pandemia.
Ya siendo conocida la imputación que pesaba sobre Guaquinchay, la policía siguió revistando en la Bonaerense durante el segundo tramo del gobierno de María Eugenia Vidal y continúa en el de Axel Kicillof, incluso ascendiendo al cargo de subcomisario.
El nuevo nombramiento realizado por Berni, en un cargo de semejante jerarquía, corona una trayectoria de impunidad avalada por la fuerza represiva provincial, el Poder Judicial y el poder político de conjunto. Incluso muestra que el ministro estrella de la Gobernación empieza a superar en algunos aspectos a Patricia Bullrich, que si bien llama “héroe” a Luis Chocobar y lo recibió con Macri en la Casa Rosada, no llegó a designarlo en un cargo público.
Ante este verdadero escándalo, ni Mayra Mendoza (Frente de Todos) ni ninguno de sus funcionarios dijeron hasta el momento ninguna palabra. Ello a pesar de que hace sólo una semana, en ocasión de recibir las llaves del ex centro clandestino de detención Puerto Vasco para convertirlo en un sitio de la Memoria y acompañada por autoridades de los ministerio de Justicia y Seguridad, la intendenta sostuvo trabajar “desde el día uno” de su gestión “por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para poder reparar tanto dolor”. El doble discurso llevado hasta el paroxismo.
La Izquierda Diario conversó con Elvia González, mamá de Diego Maldonado, uno de los cuatro fallecidos en el incendio de la Comisaría Primera de Quilmes en 2004. Enterada de la noticia de la designación de Guaquinchay Bogado, González afirmó que “Berni está contra nosotros, está muy a favor de la represión. Siempre pasan sobre nuestros hijos. Hoy (por este miércoles) es el cumpleaños de Diego y hoy me dolió más que nunca. No puede tener justicia. Ascienden a una asesina. Pero vamos a seguirla”.
Así tituló Página|12 para infomar sobre los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2004 en la Comisaría Primera. Todo comenzó cuando los 17 jóvenes detenidos en la dependencia policial iniciaron una protesta con quema de colchones por las constantes golpizas a las que eran sometidos.
Como hizo en reiteradas oportunidades a lo largo de la historia, la Bonaerense dejó que la protesta derivara en un incendio y recién empezaron a sacar a los jóvenes cuando estaban quemados y asfixiados. No conformes con eso, los uniformados los volvieron a golpear con palos en ese estado.
Como resultado del brutal crimen, murieron Diego Maldonado de 16 años, Miguel Aranda de 17, Manuel Figueroa de 17 y Elías Jiménez de 15. A partir de la Masacre de Quilmes se prohibió la detención de menores en las comisarías.
Las madres de los chicos iniciaron una extensa lucha por justicia que se prolonga hasta hoy, coordinando con otros familiares de víctimas de la violencia policial, organismos de derechos humanos, organizaciones obreras, estudiantiles y partidos de izquierda.
Recién en 2015 se llevó adelante el juicio. Las condenas más importantes fueron para el exinspector Fernando Pedreira (19 años de prisión), el excomisario Juan Pedro Soria (diez años), el excabo Hugo D’Elía (diez años) y el exagente Juan Carlos Guzmán (nueve años). También recibieron la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y fueron detenidos. El resto de los imputados recibieron penas de entre tres y cuatro años con arresto domiciliario.
Fue en esas audiencias que surgió el nombre de Guaquinchay Bogado, por lo que se inició una nueva investigación que derivó en el juicio que se encuentra pendiente de realización.
Aunque los policías fueron presos, en menos de cinco días la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Quilmes autorizó que los policías detenidos cumplieran la pena en sus casas. Vale decir que años antes esa misma sala autorizó a que José Salmo, el policía en junio de 2001 disparó a quien esto escribe, pudiera apelar en libertad su condena con un fallo escandaloso que cuestionaba mi militancia política.
En febrero de 2018 la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó las condenas de primera instancia, aunque hizo lugar a los recursos de los policías que pedían una reducción de la pena y reenvío la causa a los Tribunales de Quilmes. En noviembre de ese año salió un nuevo fallo del TOC 3 en el que se planteaban algunas reducciones en las condenas, que se redujeron a 16 años para Pedreira y seis para Soria.
La Policía mata y encubre. El Poder Judicial trata de mantener la impunidad. Y cuando la movilización y la lucha lo impiden, aliviana la pena. El poder político avala. Y asciende a los policías criminales.
Familiares de víctimas de la Masacre de Quilmes junto a Carla Lacorte | Foto Enfoque Rojo
Una impunidad sin grietas
El ascenso de Guaquinchay Bogado de la mano de Sergio Berni genera indignación, pero no sorprende viniendo del ministro que encubre a la Policía en el caso de Facundo Astudillo Castro y otros muchos casos, y que dirigió la cuarentena blindada en la que perdimos tantos pibes en manos de la Policía.
Sin embargo no es la única situación en ese sentido que se observó en relación a los responsables de la Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes. Poco tiempo después de los hechos, y cuando ya eran públicos, el entonces ministro de Seguridad León Arslanián (gestión de Felipe Solá) ascendió al propio comisario Soria.
Otro ejemplo, que tuvo mucha repercusión, fue el del exagente Fernando Pedreira (el que se llevó la mayor cantidad de años de condena). Las Madres de la Masacre descubrieron en 2012, cuando ya estaba exonerado de la Bonaerense, que había sido incorporado a la flamante Policía Metropolitana de Mauricio Macri. El escándalo y la pelea de los familiares llevaron al gobierno del PRO a dar marcha atrás en su designación.
Cuando desde los organismos de derechos humanos decimos que la impunidad sólo genera más represión y más impunidad no estamos haciendo uso de una licencia poética sino que estamos hablando de algo muy concreto.
Después de un año en que el empoderamiento de las fuerzas policiales de parte de los gobiernos nacional y provincial nos costó más de cuatrocientas muertes, en su mayoría de jóvenes, la designación de Guaquinchay Bogado por Berni vuelve a desnudar esta realidad que tenemos que enfrentar.
Carla Lacorte nació el 4 de enero de 1971 en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre Miguel Angel murió fusilado en el Estadio Nacional de Chile en septiembre de 1973 tras ser detenido mientras resistía el golpe de Pinochet en el Cordón Industrial de Vicuña Mackenna. Junto a su madre, que escapaba de la represión del Proceso, se radicó en Quilmes. A la salida de la dictadura tuvo una activa participación en el centro de estudiantes del Colegio Nacional de esa ciudad. Integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y milita en el PTS desde el año 2000. Estudiaba Ciencias (…)
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