A 50 años del golpe militar que instauró la dictadura en Chile ¿Qué tiene que decir la juventud frente al nuevo proceso constituyente?
Miércoles 1ro de marzo de 2023

Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado en contra del gobierno de la Unidad Popular, y contra el proceso revolucionario de la clase obrera y el campesinado que había comenzado respondiendo a los ataques de militares y de los burgueses con cierres de empresas. Esta respuesta fue tomándose las fábricas y poniéndolas bajo su control, levantando los comandos comunales, los cordones industriales y avanzando en la organización de la autodefensa. Muchos de esos obreros, obreras, campesinos y campesinas fueron aniquilados por la dictadura cívico-militar, víctimas de una derrota a la que contribuyero sus propios dirigentes desde el gobierno, devolviendo empresas tomadas, interviniendo sus organizaciones y desarmándolos con la ley Prat-Millas (ley de control de armas de Allende). En última instancia, su terrible error fue confiar y hacer confiar a la clase trabajadora en la institucionalidad del régimen, que nunca hay que olvidar que es burgués.
A 50 años del comienzo de la dictadura cívico-militar con el golpe de Estado de Pinochet, el que significó una gran derrota para las clases populares, el inicio de un régimen neoliberal y la instauración de la Constitución del 80, Chile vivirá un nuevo proceso constitucional, esta vez mucho más antidemocrático que el primer intento con la Convención Constitucional. Ambos fueron y son parte de un intento de la burguesía nacional, representados por los partidos de la derecha y el centro, como también en los sectores dirigentes de partidos de la ex Nueva Mayoría como el Partido Socialista (que son directamente neoliberales), de cambiar algo del régimen político para que nada cambie. Ya lo vimos con el acuerdo al que habían llegado para la Convención que prohibía la discusión sobre la propiedad privada de la tierra y los medios de producción para resguardar a los burgueses imperialistas y nacionales, o a las propias instituciones del Estado chileno como el Senado.
En el caso de este nuevo pacto, el régimen de conjunto (gobierno y oposición) acordaron un proceso mucho más antidemocrático que el anterior. Será una comisión de 24 expertos elegida “a dedo” y donde la mayoría son pinochetistas y neoliberales acérrimos quienes escribirán una propuesta, para que 50 consejeros -estos elegidos por votación popular- hagan modificaciones. Una burla al anhelo del pueblo trabajador de participar en la política que se expresó para la rebelión popular del 2019. Este nuevo proceso constitucional tendrá como presidente a Hernán Larraín, famoso dirigente de la UDI, amigo de Pinochet y de Paul Shaffer. Lo más vergonzoso es que la “izquierda”, el Partido Comunita y el Frente Amplio, celebraron el acuerdo como una conquista del pueblo, asumiendo abiertamente la traición de tomar un programa derechamente burgués y neoliberal para Chile.
De contenido, el acuerdo establece 12 “bases” constitucionales donde, manteniendo el corazón de la Constitución de Pinochet actualmente vigente, tanto en el “modelo económico” neoliberal –primario exportador, del saqueo y superexplotación- como en el “sistema político” de una democracia burguesa restringida, busca integrar algunas fórmulas simbólicas, como llamarle Estado democrático y social de derecho (atendiendo esos derechos bajo el principio de la “responsabilidad fiscal” como indica el acuerdo, es decir, responsabilidad con los explotadores) e integrar algunos de estos derechos.
Como VENCER desde la rebelión tenemos claro que una de las formas más democrática para terminar con el régimen heredado de la dictadura es con una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, convocada por la clase trabajadora y los sectores populares mediante una huelga general política, basada en la propia organización y coordinación de los sectores en lucha, para que así el destino político del país, la soberanía, esté en las masas obreras y populares.
Esta perspectiva estuvo perfectamente planteada en la rebelión de 2019, en donde estaba planteada también la caída del asesino ex presidente Sebastián Piñera. Sin embargo. éste fue auxiliado por todas las fuerzas del régimen político, desde el Frente Amplio hasta la UDI, quienes firmaron el “Acuerdo por la Paz” que de paz no tuvo nada porque siguieron mutilando y reprimiendo a quienes se movilizaban. Éste acuerdo significó una gran válvula de escape para la crisis política, ya que desmovilizó a un sector importante de quienes se encontraban en la calle, llenandolas de ilusiones en que todo cambiaría con la Nueva Constitución. El PC, si bien no fue parte directa del acuerdo intentando posar por izquierda para quienes los miraban hacia las próximas elecciones, también tiene responsabilidad ya que se encontraba dirigiendo los principales sindicatos del país, pero decidieron mantenerlos al margen. Ahora se suben directamente al carro del “Acuerdo por Chile” y esta Nueva Constitución amañada que no cambiará nada.
Este primer desvío institucional-constitucional nunca tuvo por objetivo derribar los pilares fundamentales de la herencia de la dictadura, sino que solamente adornarlos o dejarlos a votación del Parlamento actual, el que tiene mayoría de derecha. Tales “derechos” que “consolidaba” la Nueva Constitución -como mejoras en educación, salud, derechos reproductivos, etc- eran solo una ilusión ya que nunca se tocaba la propiedad privada de los empresarios y estaban a merced del Congreso.
Es por esto que ante este nuevo desvío, este fraude constitucional de las élites empresariales y políticas, nos oponemos irreconciliablemente. Como organización anularemos en las elecciones de consejeros para no darle ninguna legitimidad, pero creemos que lo más importante es que con los métodos históricos de la lucha de clases, la clase trabajadora junto a la juventud estudiantil y/o trabajadora nos movilicemos por un programa unificado, que de respuesta a las necesidades del conjunto de los sectores populares y le dé una salida a la crisis económica que azota a nuestras familias. Advertimos a nuestrxs compañerxs que no se puede confiar en las organizaciones de “izquierda” que hoy son parte del gobierno, las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio desprecian la lucha en las calles y las demandas que no van en los tiempos parlamentarios que sus dirigentes les dicen. Estos, dirigiendo el Confech, distintas federaciones y centros de estudiantes han demostrado su incapacidad para organizar al movimiento estudiantil, están en franca bancarrota. ¡Recuperemos nuestros organismos desde las bases, CCEE, federaciones, el Confech para organizarnos y movilizarnos hasta vencer!
Hacemos el llamado a las y los nuevos estudiantes de las universidades y liceos, a la juventud trabajadora, y también a las organizaciones políticas de izquierda, revolucionarias y combativas a discutir un programa unificado y un plan de luchas ascendente, para que desde nuestros lugares de estudio y/o trabajo nos manifestemos, por ejemplo contra la carestía de la vida, el aumento del sueldo mínimo base para todos a $650.000, terminar con el trabajo informal y a boleta, ¡Paso a planta de todos los trabajadores! Para terminar con el agobio laboral y la cesantía, dos polos opuestos de la explotación, reducción de la jornada laboral a 30 horas, 5 días a la semana para que los cesantes puedan incorporarse y no bajar producción, esto será solo posible afectando las enormes ganancias de los empresarios nacionales y transnacionales. Educación pública gratuita, democrática y no sexista. Un sistema único de salud público y gratuito para terminar con la precariedad y el lucro con un derecho humano básico. El derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito, entre tantos otros puntos que tenemos que discutir con una perspectiva clasista y socialista
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Yuri Peña
Licenciado en Historia. Estudiante de pedagogía en la U de Chile. Militante de VENCER y del Partido de Trabajadores Revolucionarios