Los sies de Bildu, junto a la abstención de Vox, salvan el decreto del gobierno progresista. Endesa, Iberdrola, Ferrovial o Inditex entre las principales beneficiarias. Deuda, contrarreformas de pensiones y laborales son la contrapartida de los 140 mil millones.
Jueves 28 de enero de 2021
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al decreto que regulará la asignación de los fondos europeos. Lo ha hecho con el apoyo previsible de los partidos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, a los que se ha sumado esta vez los de el PNV, Más País, otros grupos regionalistas y hasta la izquierda abertxale.
El proyecto ha estado a punto de ser derrotado por la no del PP y Cs, al que se han sumado otras fuerzas del bloque de la investidura como ERC, los diputados de JxCat y el PDECAT. Estos últimos venían de respaldar junto a ERC los Presupuestos Generales del Estado, pero el ambiente de campaña electoral catalana ha hecho que se separaran nuevamente.
Solo la abstención de Vox, que ha salido a su manera al rescate de un decreto capital para el rescate de las grandes empresas españolas, y los síes de Bildu han evitado la derrota. Los de Abascal han actuado con la responsabilidad de un partido defensor de ese Estado siempre atento a los negocios de los capitalistas. Lo de EH-Bildu, sin embargo, supone la ratificación del papel que viene jugando en el Congreso de muleta del gobierno “progresista”. Esta vez no en una materia que nada tiene de eso, de “progresista”, ni si quiera en el relato.
El decreto regula el reparto de 140 mil millones, la mitad en ayudas directas y la otra mitad en forma de nueva deuda pública, entre las principales empresas. El modelo escogido es de los proyectos de colaboración público-privada en el que multinacionales como Endesa, Iberdrola, Ferrovial o Inditex ya han pedido poder participar.
Los fondos se destinarán a proyectos que bajo la etiqueta de modernización del tejido productivo, la eficiencia energética o la transición ecológica, esconden una lluvia de millones para lubricar las inversiones de estas empresas a costa del erario público. Así por ejemplo Endesa ha presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones o Amancio Ortega solicita 100 millones para reacondicionar la sede de su compañía en A Coruña.
Ni el refuerzo de los sistemas sanitarios, ni la mejora de las prestaciones sociales por desempleo o el ingreso mínimo vital, ni el saneamiento de la hucha de las pensiones... entran dentro de las finalidades de estas “ayudas”. Más bien al revés. La clase trabajadora y los sectores populares están condenados a pagar la fiesta.
El acceso a estos fondos implican la asunción de compromisos y controles periódicos de la Comisión Europea. Entre sus peticiones están la rebaja general de la cuantía de las pensiones, mediante una nueva contrarreforma como la que se filtró prepara el ministro Escrivá, y nuevas y más lesivas reformas laborales, además de no derogar lo fundamental de la de 2012.
El respaldo de Unidas Podemos al decreto no puede sorprender a nadie. Hace meses que el neorreformismo que vino a impugnarlo todo ha dejado claro que rápidamente ha asumido las tesis del social-liberalismo de siempre, y las ejecuta sin problemas desde el Consejo de Ministros y Ministras.
Hasta ahora Bildu venía justificando su respaldo a los proyectos de ley del ejecutivo como un apoyo exigente, a pesar de ser insuficientes. Su voto a favor de los Presupuestos ya era difícilmente sostenible con este argumento, al tratarse de unas cuentas social-liberales. Pero el respaldo a un decreto que regala miles de millones a las grandes empresas a cambio de una hipoteca de deuda y ajustes para las siguientes generaciones, no hay por donde cogerlo. Consuman hoy con sus síes su tránsito a ser un partido del régimen que, junto a Iglesias, Errejón y el mismo Sánchez, tratan de apuntalar.
