El diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda cuestionó el proyecto para reglamentar el mecanismo de consulta popular que consensuaron y votaron los diputados y diputadas que responden al gobernador Rolando Figueroa, el PRO y el MPN.
Miércoles 4 de septiembre 16:56
El diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda, Andrés Blanco, lanzó duras críticas al proyecto de ley que busca reglamentar el mecanismo de consulta popular en la provincia. Según Blanco, esta iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y sus aliados, no busca fomentar la participación ciudadana sino legitimar reformas que atentan contra los derechos de los trabajadores y sectores populares.
"Esta ley es una farsa. Una herramienta para imponer reformas reaccionarias", afirmó Blanco. El legislador explicó que la ley propuesta solo permitirá discutir aquellos proyectos que ya cuenten con el respaldo de la mayoría legislativa, limitando así la posibilidad de aquellos proyectos que surjan por iniciativa popular.
Además, Blanco cuestionó que la consulta popular se reduzca a una simple votación de "sí" o "no", sin permitir un debate profundo sobre los detalles de cada propuesta. "No se puede debatir aspectos particulares de una norma, sino solo la aprobación general", señaló.
El proyecto de ley fue acompañado por la mayoría de los bloque politicos del oficialismo, del MPN, del PRO. El bloque de Unión por la Patria presentó un despacho en minoría. Los diputados del Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de ley.
El diputado vinculó este proyecto con el conflicto por la educación pública, advirtiendo que el gobierno podría utilizar la consulta popular para imponer la declaración de la educación como "servicio esencial". "Van a preguntar si la educación es esencial, pero no van a aclarar que esto implica prohibir el derecho a huelga y limitar las condiciones laborales de los docentes", alertó Blanco.
El legislador también mencionó otros posibles usos de esta herramienta para atacar derechos democráticos, como la baja de la edad de imputabilidad o nuevas reformas penales.
Blanco pone en evidencia lo que considera una maniobra política para limitar la participación popular y avanzar con una agenda de reformas que perjudica a los sectores más vulnerables.
