La Justicia pide la elevación a juicio de Miguel López, dirigente del PTS y periodista de La Izquierda Diario, y 5 dirigentes sindicales por la huelga de 2015 en el Ingenio Ledesma.
Domingo 7 de mayo de 2017 20:02
El pasado jueves 4 de mayo, Miguel López -periodista de La Izquierda Diario y referente del PTS en el ramal jujeño -con el patrocinio de Maia Hirsch, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), presentó la Oposición a la Elevación a juicio de la causa armada por la empresa Ledesma durante la huelga de agosto de 2015 contra dirigentes sindicales del SOEAIL (Sindicato de Obreros, Estibadores y Azucareros del Ingenio Ledesma) y su persona.
Como suele ocurrir año tras año, la empresa afila sus dientes al acercarse la discusión paritaria, así durante el paro realizado en agosto de 2015, inició la causa penal donde imputa a los trabajadores el delito de Turbación de Posesión, contemplado en el artículo 181 inciso 3 del Código Penal, trasladando un conflicto laboral a la esfera penal.
No es de sorprender que en tierras de Blaquier, de probada responsabilidad en los secuestros, torturas y desaparición de los trabajadores azucareros, la misma justicia que garantiza su impunidad sea la que se apresta a criminalizar a quienes luchan por sus derechos o, incluso, a quienes realizan la cobertura de los hechos durante el conflicto.
Así la fiscalía N° 10 a cargo de Silvia Del Valle Farral, acelera los ritmos de la causa contra los 5 miembros del SOEAIL y el periodista del medio internacional La Izquierda Diario, Miguel López, en una causa armada a la altura de la patronal genocida: carente de prueba, fundamento y descripción de los elementos delictivos que deben ser base de todo proceso penal.
A poco tiempo de la denuncia difundida contra el Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de la provincia, Raúl García Goyena, que dejó al desnudo la política de disciplinamiento y proscripción que lleva adelante el gobierno mediante el uso discrecional de la pauta publicitaria, y desencadenase su renuncia, la fiscalía pretende arremeter nuevamente contra derechos constitucionales.
Todo ello en medio de las denuncias realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará la provincia esta semana, profundizando el régimen policíaco que el gobierno de Morales-Haquim viene sosteniendo, esta vez apuntando directamente a criminalizar derechos constitucionales como el derecho a huelga, así como también, al libre ejercicio de la profesión y la libertad de expresión.
Miguel Lopez, afirmó que “la causa en la que se me intenta llevar a juicio representa un nuevo ataque hacia los trabajadores, en este caso de quienes informamos y difundimos aquellos que el gobierno y las grandes patronales como la de Blaquier pretenden ocultar. No se trata de un ataque contra mi persona sino contra todos los trabajadores de prensa comprometidos con la lucha de los trabajadores".
Maia Hirsch señaló que "mientras Blaquier continúa impune tras el dictado de la falta de mérito en causas de probada responsabilidad, la justicia jujeña no escatima esfuerzos en perseguir y judicializar los legítimos reclamos de los trabajadores y quienes ponen su oficio en pos de difundir dichas luchas. Este nuevo ataque se produce en medio de los cuestionamientos realizados por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, políticas y sociales ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación por el dictado de un nefasto precedente de aplicación de la Ley 24.390 (conocida como "2x1") a genocidas condenados".
Para finalizar Natalia Morales, referente del PTS, Frente de Izquierda, quien se hizo presente para acompañar la presentación, dijo "no nos sorprende esta situación, son los empresarios, los que piden mano dura para que lleven el plan de ajuste, criminalización de la protesta, y avasallamiento de derechos democráticos elementales, como es la libertad de prensa.”
También estuvieron presentes Rafael Vargas, Secretario General del SOEAIL y su abogado, Enrique Wandshneider, quienes también realizarán presentaciones oponiéndose a la elevación a juicio de esta escandalosa causa penal.
